Entre los desaciertos del Gobierno destaca la decimotercera de las disposiciones presidenciales emitidas el 13 de agosto, particularmente controversial porque constituye una amenaza a los medios de comunicación que no eviten «publicaciones que puedan causar pánico o agraven la situación», pero no especifica quién calificará esos extremos. Sin regular esa calificación, la medida deviene en una censura de hecho, ya que el Ejecutivo goza de poder discrecional para decidir cuándo una publicación puede resultar generadora de pánico o cuándo atribuirle que agravó la situación.
Además, ese mismo 13 de agosto el Ejecutivo emitió el decreto gubernativo 6-2021, en el cual se establece un estado de calamidad pública que el Congreso de la República aún no ha aprobado, pero que el Ejecutivo ya está aplicando, incluido un toque de queda de las 22:00 horas a las 4:00 del día siguiente. Estas disposiciones presidenciales y las medidas contempladas en el estado de calamidad han recibido críticas severas porque, tal como advirtieron epidemiólogos, médicos y otras voces con fundamento técnico, están demostrando ser inútiles para frenar el crecimiento descontrolado de contagios de covid-19.
Ante la necedad de Giammattei y de la alianza oficialista en el Congreso de la República, la realidad se impone cruda y trágica: el sistema de salud, tanto público como privado, se hunde en el colapso por el desborde de contagios. Y en medio de semejante debacle, el sábado pasado el presidente convocó al consejo de ministros a una reunión que se perfilaba como una oportunidad muy valiosa para corregir y rectificar los errores del Gobierno, dejar a un lado la necedad del inútil estado de calamidad pública y enfrentar la crisis con una discusión seria, en la cual se acordaran medidas diseñadas con fundamento técnico, respaldadas con datos y con las recomendaciones técnicas de los expertos.
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Sin embargo, el resultado de dicha reunión no fueron medidas sensatas y responsables, sino más indiferencia y menosprecio de las necesidades de la ciudadanía. En la cadena nacional del mismo sábado por la noche, el Ejecutivo, de nuevo con la sola excepción del vicepresidente Guillermo Castillo, se superó a sí mismo en términos de necedad y de cinismo al anunciar nuevas disposiciones presidenciales que reformaban las anteriores, además de la emisión del decreto gubernativo 7-2021, que reforma el anterior. Estas reformas, por un lado, reafirmaron la amenaza de censurar a la prensa y, por otro, emitieron una serie de disposiciones para regular las adquisiciones del sector salud.
Es decir, la respuesta de Giammattei al gravísimo descontrol en el incremento de contagios y al colapso del sistema de salud se resume en una preocupación por facilitar los negocios de los proveedores y contratistas del Ministerio de Salud y por amordazar a la prensa y a la ciudadanía violando el derecho constitucional de libre expresión del pensamiento.
Certera y contundente resultó la crítica que con alarma expresó Edwin Asturias, exdirector de la extinta Coprecovid: «¿Qué parte del contagio del #COVID19 no entienden 18 meses después la @CC_Guatemala y @GuatemalaGob para dejar vigente un #ToqueDeQuedaInútil?». El epidemiólogo Asturias acierta en identificar a la Corte de Constitucionalidad, al Ejecutivo presidido por Giammattei y a la alianza oficialista en el Congreso de la República como los principales responsables del deterioro agudo de la crisis, pero, sobre todo, de las muertes que inevitablemente resultarán de tanta necedad, indiferencia y torpeza.
Giammattei tiene las manos manchadas de sangre: su necedad y su indiferencia a las necesidades reales de la ciudadanía, sumadas a su empeño en proteger negocios y en amenazar a la prensa con censura, nos están costando vidas.
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