Días antes, Moto llegó a instalarse en el vestíbulo de la CC para demandar que se le otorgara el cargo. Ese reclamo tenía como antecedente la juramentación ilegal forzada por el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, quien desobedeció resoluciones de la misma CC contra dicho acto por haber anomalías en la elección de Moto. El exjuez resultó elegido en segunda vuelta de votaciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) pese a que había denuncias penales en su contra por obstrucción a la justicia. Las acciones del extogado tendrían como base el pago para beneficiar a procesados en el tribunal que presidía.
En su romería a la CC, el ahora prófugo Mynor Moto declaró a quienes lo interpelaron que se desplazaba en vehículos que le proporcionaban amistades. No olvidemos que hizo campaña entre los afiliados al CANG apoyado por Fredy Cabrera, mediante viajes en avioneta cuyo pago no se declaró. Sin embargo, la rapidez con que sectores identificados dentro de la estructura de corrupción e impunidad (crimen organizado, empresarios, militares y políticos que asaltaron a los tres poderes del Estado) aplaudieron la anómala elección y la posterior juramentación de Moto confirma la sospecha de que se trataba del candidato de dicha mafia.
Ahora Moto está prófugo, pero la amenaza contra la CC y la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no se desvanece. Tanto en el sistema de justicia como en el espacio político persisten las intenciones de copar por completo la institucionalidad. Para ello, la falta de ética de las autoridades es la garantía de éxito, como lo demuestra que el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, utilizara su posición para leer una carta de Moto reclamando protección de sus derechos y demandando la destitución del procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas Andrade.
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Solo una mente retorcida y vacía de vocación de defensa de derechos como la de Arzú Escobar puede dar cabida a un despropósito como el de la carta de Moto y vulgarizar de esa manera la doctrina de los derechos humanos. Pero se produce porque ni Moto ni Arzú están interesados en la defensa de tales derechos. La muestra evidente de ello es el silencio cómplice que guardaron ante las agresiones que la Policía Nacional Civil (PNC), bajo el mando del titular de Gobernación, Gendri Reyes, ejecutara contra la población el 21 y el 28 de noviembre pasados. Lejos de ello, Arzú forma parte del pacto que protege y procura impunidad a Reyes y ahora también a Moto.
Un tribunal de la naturaleza de la CC demanda la integración por profesionales del más alto nivel académico, de conducta personal y profesional intachable. Algo que ni Moto ni quienes lo apoyan pueden lucir. Cuando desde varios espacios sociales se promueve la frase «cortes, no mafias», es porque son precisamente las mafias las que por todos los medios intentan asaltar el control del sistema de justicia.
Habiendo arrancado el proceso para designación de la nueva CC a partir de abril, toca no solo velar por que un delincuente prófugo como Moto no asuma, sino también fiscalizar el proceso de designación de las nuevas magistraturas. Por lo tanto, el requerimiento que ha hecho la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) Oliverio Castañeda de León al Consejo Superior Universitario (CSU) debe ser atendido. Y, así como en este espacio, también en la CSJ, en el Congreso y en el mismo Organismo Ejecutivo debe haber fiscalización ciudadana sobre el proceso de designación de magistraturas a la CC. La democracia no resiste un sistema capturado y controlado por el crimen y la corrupción. Por eso queremos #CortesNoMafias.
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