Nuevo revés a la impunidad

En los últimos años, una y otra vez, la entente criminal que acompaña a quienes dirigieron al Estado y al Ejército en su estrategia contrainsurgente, busca asegurarles impunidad. Sin embargo, pese al poder que ostentan y al control sobre entidades estatales, una y otra vez también, se quedan con las quijadas destempladas.

En esta ocasión, las iniciativas de marras que eran evaluadas en varias comisiones legislativas, deberán pasar a condición de archivo. Las mismas buscaban no solo dejar en libertad a quienes ya fueron condenados en varios casos de graves violaciones a derechos humanos, tales como desaparición forzada, tortura y crímenes contra deberes de humanidad, sino que, de cara a fortalecer las prácticas de impunidad, dichas normas pretendían criminalizar a quienes investigaron tales crímenes, así como a quienes los conocieron en tribunales e impulsaron la búsqueda de justicia. Y, como si fuera poco, de entrada anulaban toda posibilidad interna de darle trámite a recursos de apelación o de otra naturaleza encaminados a detener la amnistía para criminales.

A requerimiento de quienes representan a víctimas de los llamados 14 casos que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ese tribunal analizó la situación generada por semejantes iniciativas. En su resolución del 20 de octubre, la Corte considera que, «se  configura una situación de extrema urgencia y daño irreparable, debido a que tales iniciativas precisamente buscan eliminar la posibilidad del control de convencionalidad de ser alguna de ellas aprobadas como ley». Al respecto, cabe recordar que el control de convencionalidad es el conjunto de mecanismos que buscan incorporar en el proceso penal interno, las normas establecidas en el derecho internacional de derechos humanos, que son aplicables a procesos judiciales, en virtud del artículo 46 Constitucional y los tratados y convenios suscritos y ratificados por Guatemala. Es, por lo tanto, una obligación legal del Estado con sus pares a nivel internacional y no un capricho, como sí lo son los intentos de amnistía.

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Tras el análisis de los argumentos de las víctimas, así como del Estado de Guatemala, que pretendió engañar a la Corte al decir que tales iniciativas permitían acciones internas de objeción, el tribunal asestó un revés a la  impunidad y a sus impulsores. En el considerando 34 de la resolución, «el Tribunal requiere al Estado que, a través de sus tres Poderes, tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia a iniciativas de ley tales como la 5920 y la 6099, que conceden una amnistía para las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno, y que disponen la persecución penal de los operadores de justicia que continúen avanzando en la investigación y juzgamiento de los 14 casos que tienen Sentencia de la Corte o que pretendan realizar un control de convencionalidad». Esta resolución amplía la emitida en 2019, también relacionada con intenciones de aprobar leyes de impunidad ante graves violaciones a derechos humanos. 

Las víctimas de los 14 casos (Bámaca Velásquez, Myrna Mack Chang, Maritza Urrutia, Molina Theissen, Masacre de Plan de Sánchez, Carpio Nicolle y otros, Tiu Tojín, Masacre de Las Dos Erres, Chitay Nech y otros, Masacres de Río Negro, Gudiel Álvarez y otros «Diario Militar», García y familiares, Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal, y Coc Max y otros «Masacre de Xamán»), al requerir que se amplíen las medidas provisionales en tales casos, también aportan a las victimas de todos los otros procesos vinculados a las gravísimas violaciones a derechos humanos en Guatemala durante el terrorismo de Estado.

Gracias a su tenacidad, no solo en el tribunal internacional sino en los casos donde hay sentencias en cortes nacionales, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual como arma de guerra han sido sancionadas y sus perpetradores condenados. No ha sido una tarea fácil ni exenta de peligros como la criminalización. Sin embargo, han seguido adelante y, ahora, ofrecen un respaldo más de protección a la justicia y un nuevo revés a la impunidad.