Las últimas acciones del Ministerio Público y de la comisión pesquisidora del Congreso de la República, que han detenido el ilegal antejuicio contra tres miembros de la Corte de Constitucionalidad, llenan de alivio a ese 70 % de la población que, según las encuestas, descalifica totalmente al gobierno de Morales, así como a ese más del 60 % que considera importante y más que necesario el trabajo de la Cicig.
Pero la bomba que tienen atada al cuerpo no ha sido desactivada totalmente. El desmantelamiento de la endeble funcionalidad de la Policía Nacional Civil sigue a pasos agigantados, lo que pone a la institución no solo en trapos de cucaracha, sino al servicio del crimen organizado dentro y fuera del Gobierno, con el simple objetivo de asegurarles impunidad a Morales y a su camarilla.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido puesto al servicio de ese grupo de oscuros intereses, con lo cual ha perjudicado seriamente al país. Nadie defiende a los inmigrantes, cuyos niños siguen muriendo en territorio estadounidense, pero se nos inmiscuye en problemas políticos de otros países obviando la gritería de la soberanía e imponiéndonos, en eventos públicos y hasta en el Congreso de la República, la bandera de otro Estado que solo ha sido aliado de los regímenes más sangrientos de nuestra historia reciente.
El inicio del corto proceso electoral ha hecho que el presidente Morales y su camarilla se desesperen, de modo que tratan de acelerar la explosión de esa bomba golpista, se niegan insolentemente a cumplir las disposiciones de la Corte de Constitucionalidad y, de paso, agreden y amenazan al Tribunal Supremo Electoral.
Lo que no entienden quienes por décadas han vivido de y para el conflicto es que el supuesto retorno al pasado no les asegura total impunidad, ni siquiera la sobrevivencia. Los tahúres siempre se hacen trampa y hasta se asesinan entre ellos, tal como sucedió en el caso de Castillo Armas y, más recientemente, en el de Byron Lima. Los más rapaces dejan a sus cómplices y servidores en el vil abandono, como lo han hecho Alejandro Sinibaldi, Otto Pérez Molina y Manuel Baldizón.
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Por todo ello, las disposiciones recientes de la CC, del MP y de la comisión pesquisidora del Congreso son un alivio, pues parecería que estamos recuperando la estabilidad política y la certeza jurídica. Pero, para que la calma y la estabilidad vuelvan al país de manera permanente, es urgente que los ministros de Gobernación y de Relaciones Exteriores den estricto cumplimiento a las resoluciones emitidas respecto a la Cicig y que, de no hacerlo, sean juzgados por ello, como ya ha sucedido en gobiernos anteriores ante la desobediencia a las disposiciones de aquella corte. Que los corruptos y los asesinos sean juzgados y que los que no lo son se cuiden mucho de no cometer esos crímenes.
Pero Morales y su camarilla no paran en su intento golpista. Oponerse, como ya lo han hecho en reiteradas ocasiones, a la presencia y al apoyo de organismos internacionales en el proceso electoral nos coloca ante escenarios como los criticados a Nicaragua y Venezuela. El presidente y los suyos deben comprometerse públicamente, y con hechos, no solo de palabra, a que respetarán la independencia del TSE y a que aceptarán la observación y el apoyo que ellos autoricen. Desde ya deben hacer público que aceptarán sus disposiciones y, sobre todo, los resultados electorales, sean cuales sean, pues en la independencia de ese tribunal tiene sus cimientos nuestra endeble democracia.
Defender a toda costa la independencia de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral es, en consecuencia, tarea urgente de todas y todos. Podemos criticar y no estar de acuerdo con sus fallos, pero, emitidos, debemos exigir su estricto cumplimiento y que no se los juzgue ni penalice, de tal modo que además se evite el litigio malicioso.
Complementario a esto, también es urgente fortalecer la independencia del Procurador de los Derechos Humanos, entendiendo que su función es defender sin distinción a los ciudadanos de los abusos y atropellos que desde los distintos organismos del Estado puedan estar padeciendo. Debe quedar claro que la violación de derechos solo la cometen los que tienen como responsabilidad su protección y satisfacción.
De esa cuenta, si bien no debemos perder las esperanzas, también debemos estar alertas, ya que el país sigue en inminente peligro. Y solo una amplia alianza de todas las fuerzas sociales puede evitar que el golpe contra las instituciones del Estado se produzca. Aún estamos a tiempo de que la bomba no explote, de desactivarla aun contra la voluntad de los terroristas de Estado, quienes, asustados, pueden cometer cualquier torpeza para supuestamente salvarse sin tener en cuenta que en este maltrecho bus llamado Guatemala no hay manera de escaparnos.
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