Parte de la población que hoy habita el Petén, particularmente la que se ubica al norte, lleva décadas asentada en esa región como resultado de la creación de la Fydep durante el gobierno del presidente Ydígoras Fuentes, cuyo objetivo era colonizar el departamento y generar desarrollo agropecuario. La Fydep benefició a campesinos con pequeñas parcelas, apoyó con grandes extensiones de tierra a ganaderos, políticos y funcionarios, y fomentó la industria maderera de exportación.
En 1985, un año antes de la desaparición de la Fydep, el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Basic Resources firmaron un contrato de concesión del campo Xan, en el municipio de San Andrés, con 47 pozos petroleros. Ese año la petrolera abrió la carretera y se pobló la ruta a El Naranjo. Surgieron así muchas de las comunidades que hoy habitan los actuales municipios de Las Cruces y de La Libertad e incluso el mismo San Andrés. Estas últimas son reconocidas por la municipalidad de San Andrés y poseen consejos comunitarios de desarrollo y alcaldes auxiliares, quienes las representan legalmente frente a la autoridad municipal.
En 2006, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas reconoció la legalidad y la permanencia de las comunidades, además del funcionamiento del alcalde, y se asignó maestro de educación primaria, en tanto que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reconoció a las comadronas que atienden a esas comunidades. Sin embargo, pese a estas pruebas de reconocimiento por parte del Estado, el 2 de junio de 2017 la comunidad de Laguna Larga fue desalojada. Las familias desplazadas por el desalojo no han sido ubicadas y se encuentran viviendo en condiciones precarias, con problemas de desnutrición y desarticuladas socialmente. Otras comunidades, como La Mestiza, también están bajo amenaza de desalojo.
Estos desplazamientos forzados por los desalojos también están ocurriendo en el sur del Petén, vinculados a la expansión de la palma aceitera y de la ganadería. El Instituto de Investigación sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar documentó que, durante el período 2000-2016, familias y comunidades completas del municipio de Sayaxché se vieron forzadas a desplazarse al norte del departamento, obligadas a vender sus tierras a las empresas de palma o a los ganaderos.
La Encuesta Nacional Agropecuaria respalda esta información, ya que muestra que el cultivo de palma aceitera quintuplicó su área de producción en un período de 11 años (de 31 100 hectáreas en 2003 a 152 700 en 2014). En 2003 el 75 % de los cultivos se concentraban en la costa sur y en Izabal, mientras que en 2008 el 45 % de la superficie cultivada se ubicaba en regiones de la Franja Transversal del Norte que comprenden los municipios de Ixcán (Quiché), Sayaxché y San Luis (Petén), así como los del valle del Polochic (Alta Verapaz).
No puede aceptarse el desalojo de comunidades que surgieron de una política de Estado, que no son violentas, que buscan el diálogo, que plantean propuestas para vivir dignamente y para las cuales no existe una estrategia de reasentamiento. Además de la falta de reconocimiento estatal, hoy esta situación es aún más grave cuando resulta de la expansión de la agroindustria, particularmente dañina para comunidades que ya son vulneradas por la falta de servicios básicos, con riesgo de enfermedades y de desnutrición, sin oportunidad de acceso a medios de trabajo y de vida.
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