Que la Cicig sea usada para los intereses hegemónicos de Estados Unidos no es lo mismo que decir que es un brazo mecánico de esa intervención. Maliciosamente, Porras convierte a la Cicig en un instrumento totalmente dependiente de los intereses de los servicios de inteligencia estadounidense, aunque él, como todos los que mínimamente tratan de estudiar las relaciones del Estado guatemalteco con Estados Unidos, sabe que las informaciones que en muchos casos maneja esa agencia de inteligencia pueden ser falsas, desestructuradas y, cuando mucho, parciales. Jugando al sabelotodo, quiere hacer creer que la CIA todo lo sabe y todo lo puede, con lo que maliciosamente trata de defender a los gobernantes para los cuales ha trabajado en los últimos 20 años.
Con su forma de pensar y hablar, Porras Castejón coloca todas las movilizaciones y conquistas de la sociedad como simples productos de las maquinaciones estadounidenses. Así, las depuraciones, si ocurren, no son porque los actores nacionales avanzaron en sus convicciones democráticas, sino porque Estados Unidos así lo quiso.
Si bien a los estadounidenses les interesan gobernantes dóciles, y el uso del podio presidencial por parte del embajador Todd Robinson es una muestra de ello, lo cual motivó, entre otras, mi nota «Carta abierta al señor embajador Robinson», esto no significa que todo lo que se hace y dice en Guatemala y en el mundo es producto de las decisiones de Estados Unidos. Tal vez que una cámara fotográfica de un supuesto guerrillero no llevara película cuando el EGP fotografió una población del departamento de Sololá en los años del conflicto sea producto de acción estadounidense, pero de esto a que, como él ahora afirma, se dé «una nueva forma de colonialismo en la que no hay necesidad de tropas ni de maniobras militares» y que «basta con desorganizar, con fomentar la conflictividad de un país, para colocarlo en una situación como en la que estamos, que es como está Honduras desde hace rato» (las cursivas son nuestras), hay una enorme diferencia.
Las movilizaciones sociales en Honduras y en Guatemala no son producto de las maniobras y los estímulos de Estados Unidos, sino consecuencia del cansancio y la toma de conciencia de amplios sectores de la sociedad, en particular de sus clases medias. Calificar las movilizaciones guatemaltecas de provocadoras de conflictividad y desorden resulta una defensa gratuita y descarada del régimen de Pérez Molina y coincidentes con el discurso terrorista de la autollamada Fundación contra el Terrorismo, pues, para cualquier observador medianamente honesto, estas masivas movilizaciones en nada pueden calificarse de esa manera.
Si Estados Unidos puede estar implicado en las movilizaciones radicales y violentas de las derechas venezolana y ecuatoriana, resulta incoherente y falto de seriedad analítica decir que también está detrás de las movilizaciones sociales en Honduras y Guatemala.
Porras Castejón no solo les falta el respeto a los miles de guatemaltecos que abierta y conscientemente se han lanzado a las calles a manifestar su rechazo a la corrupción y a un régimen autoritario, sino que, con todo cinismo, quiere hacer creer que es crítico de un régimen que hasta hace algunos meses asesoró en distintos temas. Si sus afirmaciones se asumen como absolutamente ciertas, resulta que él es simple peón consciente y voluntario de esta estrategia colonial, pues el Consejo Económico y Social, que él dirige, orientado a manipular la acción de las organizaciones de trabajadores, debe ser entendido entonces como una de las maniobras más claras de ese colonialismo para controlar el país.
Con sus argumentaciones simplistas concluye que toda lucha, movilización y demanda contra la corrupción o el narcotráfico resultarían simples acciones producto de la manipulación de Estados Unidos. Afirmar, como lo hace, que con la creación de la Cicig «se crea una institución que, sin romper con la institucionalidad del país, se coloca por encima de ella» es o mañoso y malintencionado o producto de un infantilismo alejado totalmente de la realidad.
La Cicig no está por encima de nada. Para actuar necesita de la PNC, del MP y de una autorización de juez para ejecutar no solo aprehensiones, sino las propias investigaciones. Lo que tiene la Cicig es capacidad técnica y profesional para realizar investigaciones que el MP solo no podría realizar. Tiene independencia respecto a las mafias de abogados y jueces, que en los gobiernos en los que Porras ha sido importante asesor se han infiltrado más que ostensivamente y a las cuales no hace ninguna referencia.
Así, cuando para descalificar a la Cicig afirma: «Esto de La Línea lo saben [los estadounidenses] por lo menos desde hace 30 años. No es ninguna novedad. ¿Cómo precisaron en qué situación estaba ahora? Uno puede apostar casi lo que sea a que esa investigación no la hizo la Cicig con un período tan breve», deja de lado que las acusaciones son concretas a un período y con delincuentes específicos. Evidentemente, no solo Estados Unidos sabía que allí ocurrían esos fraudes desde hacía años, pero fueron los gobiernos en los que él sirvió como importante asesor —Álvaro Arzú, Óscar Berger y Otto Pérez— en los que esos grupos se construyeron y consolidaron, por lo que, si de nuevo consideramos su infantil visión de que en Guatemala no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del Gobierno de Estados Unidos, tenemos que verlos a él y los gobernantes a los que sirvió como simples títeres de ese poder colonial. Negar a la Cicig y a la Fiscalía Especial contra la Corrupción del MP la autoría de la investigación y sus resultados, en lugar de salvar a los gobernantes a los que ha servido, los hunde aún más como cómplices y beneficiarios de esos escandalosos fraudes.
Porque fue durante uno de esos gobiernos cuando, como él afirma, «todos los correos electrónicos, por ejemplo, que fueron capturados en la casa de Alfredo Moreno y que se presentaron como evidencia ante Ministerio Público [sic] fueron desechados porque, como eran correos electrónicos sin firmas, no eran pruebas». Y aquí sí es necesario preguntarle al entrevistado por qué sus asesorados no actuaron y fueron a fondo contra esos defraudadores. ¿Por orden del Gobierno de Estados Unidos o porque permitía ingresos indirectos a esos gobernantes y sus amigos, tal como él lo denuncia para el período en que la contrainsurgencia se sirvió de ellos para pagar sueldos extras a los militares? Causa asombro, por decir lo menos, que al descubrirse la red Moreno el gobierno de Arzú no haya llegado hasta el final y que esto no sea producto ni de una injerencia colonialista ni de una decisión de los próximos al gobernante para incrementar sus ingresos.
En su simplismo analítico, exaltado por su supuesto estudio de la intervención estadounidense durante 300 años, confunde los hechos de Egipto con los guatemaltecos, en los que con solo dar una mirada a textos como los de Joel Beinin es posible entender que no solo tuvieron causales marcadamente diferentes, sino actores y resultados también diferentes. Que la comunicación y la participación femenina y juvenil se asemejen no quiere decir que sean lo mismo, aunque él considere, para uno y otro caso, que la movilización social es «un misil sin dirección, perfectamente manipulable por quienes sí tienen las palancas de poder que esos movimientos no tienen», y que esas palancas, según su análisis, estén todas en manos de los jerarcas estadounidenses.
En el fondo, su preocupación es que banqueros irresponsables como el aún presidente del Banco de Guatemala, para él una institución de primer mundo, sean detenidos por no actuar de acuerdo con las responsabilidades de sus cargos y que los especuladores externos ya no hagan en el país los negocios a los que están acostumbrados. Lo que le preocupa es que los sindicatos, ahora por él asesorados desde el Consejo Económico y Social, se encuentren aislados socialmente, con quienes repite la consigna de que las movilizaciones sociales son supuestamente desestabilizadoras del régimen legal, y, claro, que se cuestione a la élite empresarial.
En su marciana forma de entender las cosas, las decenas de miles de personas que se congregan en las plazas pidiendo la renuncia del presidente y una reforma política de fondo son simples borregos de las órdenes de la embajada estadounidense; y sus sindicalistas y empresarios, los únicos que no se llevan ni obedecen al agente colonizador. Parece, entonces, que Dionisio Gutiérrez, luego de su encendido discurso contra Pérez Molina y sus secuaces, es uno más de los borregos que obedecen ciegamente los designios de la embajada.
Con analistas y asesores políticos como esos, ¿cómo no van a estar más perdidos que Fortunato los empresarios, los sindicalistas y los gobernantes? Pero, contrario a sus amenazas, los guatemaltecos están construyendo alianzas y visiones comunes que superan los conceptos setenteros con los que él aún quiere interpretar la realidad, y tendrán que ser los sindicatos progobierno y los empresarios beneficiarios de las estafas los que tendrán que aceptar, junto con él, que Guatemala está cambiando y que eso no es debido a los designios de la Casa Blanca.
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