Frente a los políticos y sus organizaciones, la prensa en general goza de amplia estima ciudadana en el país, casi en proporción de dos a uno. Como muestra, las estadísticas del informe “Cultura política de la democracia en Guatemala 2010”, divulgado en enero: los medios informativos generan confianza en un 57.9% de la gente y las agrupaciones partidarias en un 29.1%.
Las cifras, por supuesto, no deben ser utilizadas para descalificar la labor de los partidos en beneficio de los medios informativos, aunque hay suficientes argumentos para entenderlas, en particular por la limitada intermediación ciudadana de las organizaciones políticas. En la democracia, ambas instituciones son importantes.
De cara al proceso electoral, la prensa tiene la gran responsabilidad de divulgar información procesada con calidad. Así, contrario a lo ocurrido en 2007, debería escudriñar —hasta donde le sea posible— a quienes aspiran a dirigir los 332 ayuntamientos —alcaldes, síndicos y concejales— o a ganar uno de los 158 escaños parlamentarios, para evidenciar a personajes vinculados a los poderes ocultos que pretenden hacerse de espacios en la administración pública. Esfuerzos especiales merecerían la investigación sobre los financistas —locales y extranjeros—, quienes luego cobran a sus patrocinados con puestos en los gabinetes o con onerosos contratos de obras públicas, por mencionar un par de ejemplos.
La divulgación no sólo de los temas de campaña —producto del marketing político—, sino también de los asuntos reales —de los que tendrán que ocuparse los candidatos o candidatas en caso de imponerse en las elecciones— podría abonar a reducir el déficit de participación en las urnas. Se trata no sólo de hacer eco de los ofrecimientos de los políticos, sino de establecer la viabilidad de lo que plantean.
Convendría, también, que los medios remarcaran que las encuestas políticas reflejan el sentir de las personas en el momento en que fueron consultadas, pero que “no son profecías”, como sostuvo George Gallup, gurú estadounidense de los estudios demoscópicos.
Por su puesto, los medios no deberían dejar fuera o minimizar las voces de actores centrales: los emigrantes —solo en EE. UU. son alrededor de 1.6 millones—, los jóvenes —la mitad del padrón electoral— la niñez —hasta el 65% es obligada a trabajar—, las mujeres y la población indígena.
El objetivo principal es que buena parte de la ciudadanía acuda a las urnas y ejerza su derecho con más criterio, moldeado con suficiente información, y no como reflejo de la sobreexposición propagandística. Los medios —públicos y privados— que divulgan “infomerciales” —propagada disfrazada de información periodística, sin hacerlo del conocimiento de sus audiencias— le hacen un flaco favor al sistema democrático.
Por nuestra parte, durante la cobertura electoral, reiteramos el ofrecimiento del 22 de febrero de 2011: “Brindaremos a la ciudadanía y a los tomadores de decisión información profunda, útil y oportuna para organizar mejor su accionar en una sociedad democrática. Queremos ser una plataforma, un espacio periodístico, una plaza pública, para el diálogo sincero, propositivo y crítico entre ciudadanos, y para que los diversos poderes del país expongan sus propuestas y rindan cuenta de sus responsabilidades”.
