No es la misma de hace un año. Han nacido grupos que buscan cambiar o modificar el sistema, se han hecho alianzas ciudadanas y se ha mostrado a la ciudadanía y al mundo que el sistema político, judicial y económico está podrido.
Todo esto es gracias a la Cicig, que nos ha retratado de cuerpo entero como sociedad. Estábamos tan acostumbrados a convivir con la corrupción que la veíamos normal. Todavía hay personas que dicen que está bien que los políticos roben, pero que hagan obra.
Los procesos penales tramitados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) con el acompañamiento de la Cicig han evidenciado la red de corrupción interconectada entre los tres organismos del Estado, abogados, contadores, empresarios, políticos, banqueros y militares en una avalancha de casos, nombres e instituciones y una danza de millones que ha salpicado a todos los estamentos de la sociedad.
Estamos llegando al momento en que el proceso penal, las teorías que se han presentado en las acusaciones y las partes procesales serán puestos a prueba. En los próximos meses estaremos en las etapas intermedias o en debate en los principales casos destapados el año pasado.
El sistema penal guatemalteco es acusatorio. Esto quiere decir que el Ministerio Público debe demostrarles sin ninguna duda a los jueces de sentencia que se cometió un delito, que se identificó a los autores o cómplices y que la persona sindicada es la responsable. Como lo vemos en la televisión o en el cine: el tiempo, el lugar, el modo y el autor del delito. Idealmente, un sindicado podría quedarse callado durante todo el proceso y su abogado defensor no presentar ninguna prueba y no intervenir en todo el juicio, y aún así ser absuelto si la Fiscalía no logra probar su responsabilidad.
Esta acotación es importante porque una vez que empiecen todos estas etapas del proceso penal veremos la fortaleza o debilidad del Ministerio Público en sus teorías, las pruebas obtenidas y la forma como serán presentadas. También aparecerán abogados defensores con mucha capacidad, pero también los gritones, abusivos, histriónicos y entorpecedores del proceso.
Los jueces que conozcan los diversos procesos deberán actuar con mucha mesura y buen tino, ya que los ojos de la sociedad estarán sobre ellos.
Las fuerzas que medraron con la compra de voluntades y nombraron jueces y magistrados estarán en estos momentos tratando de reactivarse. La recusación con lugar del juez de Extinción de Dominio podría ser una muestra de esta recomposición.
Como ciudadano y abogado, espero que los casos presentados por el Ministerio Público a través de la FECI sean contundentes, bien presentados, con prueba sólida y congruente; que los jueces actúen sustraídos de toda presión mediática o corporativa; que las personas sindicadas y cuya participación no haya sido probada fehacientemente salga libre; y que los responsables sean condenados a penas congruentes con el tipo de delito y su peligrosidad social.
También espero que tanto la fiscal Aldana como el comisionado Velásquez pongan todos los medios disponibles para que los fiscales puedan realizar su trabajo convenientemente, que se sientan respaldados y acuerpados en esta tarea ingrata y poco reconocida.
Este es un camino que debemos recorrer como sociedad practicando la auditoría social a todo el proceso y señalando cualquier anomalía que veamos, que también afecta el debido proceso, aunque beneficie a personajes oscuros y evidentemente corruptos. Solo así maduraremos como sociedad. A nosotros los ciudadanos informados y preocupados nos corresponden la mesura y la templanza, que para linchar y gritar existen suficientes personas en Guatemala.
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