Una posibilidad es que la estupidez o la locura suicida se hayan apoderado de la señora Porras, y que mantenga su actitud de menosprecio temerario a las consecuencias en el futuro inmediato de sus acciones y posturas. Sin embargo, es poco probable. Al parecer la señora mantiene facultades cognitivas normales y puede seguir imputándosele inteligencia y astucia. Así que, el golpe de Estado y la ofensiva antidemocrática que está liderando son actos conscientes, premeditados y alevosos, y cuando enfrente la justicia, que es cuestión de tiempo, no podrá alegar locura o enajenación mental.
Salvada la posibilidad de la estupidez o la locura, y ya con la certeza de que actúa con conciencia, inteligencia y premeditación, cabe analizar su estrategia, intenciones y planes. El análisis necesariamente debe partir de la premisa que Porras y su pandilla incorporan en sus escenarios el enorme rechazo ciudadano en Guatemala y la condena internacional unánime, y que su base de apoyo está reducida a una minoría de corruptos, violadores de los derechos humanos, fanáticos religiosos, exmilitares, fascistas y otros con necesidad urgente de impunidad. Su principal cuota de poder es la que obtiene de abusar del cargo de fiscal general y jefa del Ministerio Público, una formalidad que desafía la voluntad y sentir de la ciudadanía.
Con un entorno político y social cada vez más adverso, el horizonte de la situación de Porras es cada vez más corto, y con ello, posiblemente ella ya fijó su precio, lo que ella estaría dispuesta a recibir a cambio de abandonar su lucha corrupta y antidemocrática. Seguramente lo que hoy la señora Porras quiere incluye una cuota de impunidad descomunal. Es posible que esté dispuesta, incluso, a quemar fusibles como el propio Curruchiche o la fiscal Cinthia Monterroso, pero quizá pediría no renunciar, permanecer en el cargo con un acuerdo de convivencia pacífica con el nuevo gobierno, manteniendo su cuota de poder y sus privilegios.
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Este esquema es –y, por supuesto, debe ser– inaceptable para la gran mayoría de la ciudadanía y, por sus acciones de esta semana, parece que también para el nuevo gobierno. Pero, el problema principal radica en que, lamentablemente, las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público aprobadas en 2016 hacen hoy muy difícil la destitución de Porras, con lo cual ella, formalmente, sí puede continuar en el cargo. Esto, pese a la ilegitimidad grotesca de sus acciones, Porras y su gente tienen medios legales y formales para mantener su cuota de poder, por ilegítima que sea.
Este pulso necesita un factor desequilibrante, suficientemente poderoso para forzar a Porras a bajar su precio. Es claro que las autoridades electas, por sí solas, no lograrán superar la cuota de poder que supone el control mafioso del Ministerio Público. Tampoco la acción internacional, por enérgica y coordinada que sea.
La única forma en que Porras baje el precio de su renuncia es la movilización y la protesta ciudadana potentes, amplias y claras. Solo con este tipo de apoyo el nuevo gobierno podrá derrotar el golpe de Estado y la acción antidemocrática.
Una vez más, todas y todos en Guatemala debemos tomar conciencia de que tenemos una obligación y un rol activo en resolver nuestros problemas. Bernardo Arévalo y Karin Herrera pueden liderar como autoridades electas, pero solos van a ser derrotados rápida y fácilmente. Con el apoyo de una movilización ciudadana amplia y poderosa, la victoria de Guatemala sobre Porras y las mafias es viable.
Entonces, ¿qué vamos a hacer?
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