Haber querido instrumentalizar con fines políticos el crimen que acabó con la vida de una niña no le funcionó a Giammattei. Una torpeza, ya que ni siquiera defensores de la pena capital se han dejado engañar por ese embuste populista, una evidente cortina de humo para intentar desviar la atención de temas incómodos para el Gobierno.
Giammattei recurrió al sofisma gastado y barato de que «hay quienes se oponen porque los derechos humanos protegen al que mató, y no a la víctima». Falaz porque ningún defensor de los derechos humanos ha dejado de exigir justicia para las víctimas. De hecho, los derechos de las víctimas siempre han sido la prioridad de este y han concentrado la mayoría de sus acciones.
La controversia real, acá en Guatemala y alrededor del mundo, es la forma en la que el Estado debe penalizar al perpetrador de ciertos crímenes considerados muy graves. Los defensores de la pena de muerte creen en la imposibilidad de que estos criminales se regeneren y reintegren a la sociedad, un criterio que es motivo de debate y que debe respetarse. No obstante, muchos otros, yo incluido, creemos que todo ser humano mentalmente sano puede regenerarse y que, si se trata de alguien mentalmente enfermo, pues debe ser tratado como tal.
Pero el sofisma que Giammattei blandió con populismo barato cae vergonzosamente ante el hecho de que hasta los defensores de la pena de muerte entienden y sostienen que matar al criminal no resuelve el problema estructural que permitió que el crimen se cometiera. Conozco y he escuchado a defensores de la pena de muerte que con mucho conocimiento y mucha objetividad científica argumentan la imposibilidad de reinserción social de ciertos criminales, pero reconocen responsablemente que la pena de muerte no es la solución a los problemas estructurales que padece una sociedad en la que se cometen esos crímenes.
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Defensores y opositores de la pena de muerte coinciden en que pretenderla como una solución estructural y sostenible a problemas sociales complejos es una prueba de ignorancia o, como probablemente sucede en el caso actual, de una intención morbosa de manipular una tragedia con fines políticos y populistas.
Que el Estado mate al asesino de Sharon Figueroa o a los asesinos de miles de mujeres y de niñas no resuelve el problema estructural que ellas sufren. Hay ya un acervo importante de conocimiento, pero también activismo valiente y muy bien fundamentado del movimiento social, especialmente de mujeres, que exige justicia real, y no cortinas de humo oportunistas. No alcanza el espacio acá para citar esos aportes y avances que en Guatemala y en el resto del mundo existen sobre este tema, fundamental e importante.
La torpeza de Giammattei y de muchos diputados es doble, pues hoy está más que claro que la pena de muerte no es una solución a los problemas estructurales. Además, pasan por alto que mucha de la responsabilidad es de ellos como gobernantes y altos funcionarios. Se ha insistido en que los problemas estructurales requieren soluciones estructurales, que incluyan políticas públicas y transformaciones sociopolíticas profundas. Creo que la sociedad es suficientemente madura para saber y entender que eso no se logra matando a unos cuantos criminales.
Creo que el debate en Guatemala sobre la pena de muerte es necesario y legítimo toda vez que sus defensores son muchos, pero sus detractores somos muchos también. Por eso debe ser un debate serio e informado, cuyo punto de partida sea separar el castigo a los criminales de las soluciones estructurales. ¿Alguien se lo podrá explicar a Giammattei? ¿Podrá entenderlo?
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