No, seguramente no se acuerda.
Porque no lo hizo.
¿Y recuerda acaso que los grandes empresarios se hayan quejado de que guarden prisión provisional desde hace más de un año al menos ocho opositores a la economía extractivista?
No, más bien al contrario. El relator nacional contra la Tortura los ha caracterizado, según Prensa Libre, como presos políticos, pero en el discurso de las élites económicas los presos políticos solo existen en Venezuela y en Cuba.
Tampoco recordará usted que los heraldos del gran empresariado hayan llamado coléricos a algunos medios de comunicación para preguntarles cómo se atreven a publicar la foto y los nombres de, digamos, el Smiley, o de los tuiteros que en los últimos años fueron capturados bajo el cargo de pánico financiero.
Pero lo que usted seguro recuerda es cuando el medio patrocinado por grandes empresarios para defender sus intereses, Republicagt.com, insinuó con una noticia no firmada que debía respetarse la presunción de inocencia de Roxana Baldetti y de Juan Carlos Monzón. Lo mismo hubiera hecho con Álvaro Colom, Sandra Torres y Gustavo Alejos en tiempos del caso Rosenberg, si hubiera existido ya en 2009.
Ah, eh, perdón. Nos corrigen. Resulta que para Baldetti y Monzón no hubo noticia sin firma, que el Cacif estaba muy contento y aplaudía, y que las acusaciones de asesinato contra Colom, Torres y Alejos fueron abanderadas por un grupo de jóvenes que después crearían el Movimiento Cívico Nacional, proyecto hermano de Repúblicagt.
En todo esto, sin embargo, hay algo comprobable: desde que se conoció la orden de captura en contra de dos empresarios de alcurnia, el constructor Álvaro Mayorga y el banquero Flavio Montenegro, no cesan de emitirse mensajes que, en el mejor de los casos, sugieren recortar la libertad de expresión y que se evalúe públicamente a los suyos con un estándar distinto, más benevolente, cálido y comprensivo. Porque dirán que es un derecho general, ciudadano, siempre válido (y lo es, y debe hacerse valer ante el juez; el dictamen de prisión preventiva está sujeto a criterios y en un país democrático encarcelar a una persona siempre es el último recurso y no debe tomarse a la ligera), dirán, decíamos, que no es solo un derecho de los suyos, es más, puede que digan que no hay “suyos”, sino que todos somos guatemaltecos e iguales ante la ley. Pero lo cierto es que no todos somos iguales ante la ley, y que hay “suyos” y solo en los casos que afectan o pueden afectar a los “suyos”, es decir, a esas estirpes que han gobernado el país por siglos y que están entre las principales responsables de su devenir, sacan a relucir estos discursos.
Un enriquecedor estudio de la Fundación Gedeón sobre las élites empresariales revela que muchas de las decisiones y reacciones del sector se derivan directamente del miedo, un miedo general y pánico. Por eso, durante el juicio por genocidio, uno de los mayores empeños de Zury Ríos y Alfred Kaltschmitt -seguidos de los doce apocalípticos que aseguraban que Guatemala iba a explotar si ese crimen se juzgaba- era hacerles creer que después de Ríos Montt seguían ellos, los grandes empresarios cómplices de las masacres, y por eso finalmente salieron a condenar la condena y a pedir, con éxito, que se revocara. El estudio de Gedeón añade algo que ciertos empresarios le reconocen a los investigadores en privado: que a veces ese miedo es íntimo, familiar. El miedo de quien teme descubrir que sus fortunas se originaron en un crimen, que sus antepasados expoliaron, contrabandearon, masacraron, sacaron provecho de lo clandestino y de lo ilícito. El miedo a que los pesquisidores hagan que se desmorone la ilusión aristocrática en que han vivido -la que propaga que el poder lo sostienen los mejores.
Pero presumir de inocencia no es lo mismo que presumir la inocencia.
En un alarde quizá de dignidad, quizá de rechazo a la impunidad, o quizá solo de distanciamiento con la Cámara de Industria, con quien su relación siempre ha sido tirante, o en una mezcla de todo, la Cámara del Agro publicó un campo pagado que, aunque esté subido en el sitio del Cacif, por lo mucho que se distanciaba del Cacif, parecía enmendarle la plana. Pedían algo tan sencillo como que se haga justicia. Aunque en ocasiones anteriores el comportamiento de la Cámara del Agro haya distado de ser ejemplar, como en el manejo del caso de explotación infantil cuando sucedía en las fincas de su entonces señor presidente, su pronunciamiento actual, visto en solitario, merece un solitario aplauso. Veremos en el futuro si son consecuentes.
Mientras tanto, la coyuntura se pone viscosa y cada vez más personas y organizaciones manifiestan su preocupación por que pueda gestarse una campaña de descrédito y desbanque contra el Ministerio Público y la Cicig.
Muchos opinan que el flanco más débil es la actual Fiscal General, Thelma Aldana.
Este domingo se publicó una acusación de Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz, que la dejaba en una situación difícil. Monzón dijo, bajo declaración jurada, que Aldana había detenido, a solicitud suya, un caso de corrupción del gobierno patriota.
La Fiscal respondió dos veces, oportunamente. Primero, en diariodigital.gt, que ella atendió a Monzón, pero que la investigación no se detuvo, y que para demostrarlo le pidió a la Cicig que averigüe de qué manera actuó. Además, dijo, pronto se conocerán los resultados de las pesquisas. Segundo, en Emisoras Unidas, que con esa filtración se pretende que ella diga que Monzón miente, y de esa manera ella misma lo desacredite para el resto de casos.
El procedimiento en todas las investigaciones, tanto la de la Fiscal como la de los acusados, debe ser el mismo: cotejar lo que dicen los colaboradores eficaces con la evidencia científica existente, cruzar toda la información que se obtenga, y finalmente valorar las pruebas.
No se trata solo de la lucha contra la corrupción, sino, como ha señalado Iván Velásquez, de una más amplia: la lucha contra la impunidad. Y, añadiríamos nosotros, de una aún más profunda e importante: la lucha contra la injusticia.
La lucha por hacer otro país, distinto del actual, bueno.
