El coronel (activo) Edgar Rubio Castañeda ha escrito un libro titulado Desde el cuartel y se ha atrevido a decir lo que para muchas personas ya es sabido: el Ejército actuó en defensa de los intereses oligárquicos durante el conflicto armado, pero además sigue haciéndolo actualmente, cuando acude presuroso a resguardar intereses de las empresas extractivas transnacionales o de las familias guatemaltecas pertenecientes a la oligarquía, que aún mantienen intacto su poder. Puede parecer un dato menor, pero no lo es. El coronel es parte de la institución castrense y uno de los primeros en asumir lo que muchos han callado. No es lo mismo que lo digan quienes por años han batallado en defensa de los derechos humanos que no que lo reconozca un militar activo. Por eso la institución lo ha llamado al orden inmediatamente y lo ha citado a declarar, pues teme que esta fisura en sus filas se transforme en una grieta y que las voces de sus propias filas se transformen en un aluvión irrefrenable.
Así, con una fisura parecida, comenzaron en Argentina hace 22 años las que se conocieron como las «confesiones» del capitán de corbeta (represor) Adolfo Scilingo. La trascendencia que cobraron sus palabras radicó en el hecho de que por primera vez un militar que había participado directamente en la represión de aquel país reconoció y describió al detalle cómo las personas detenidas desaparecidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) eran torturadas y posteriormente arrojadas aún vivas al mar durante la dictadura militar (1976-1983). Dicha técnica de exterminio habría cobrado la vida de entre 1 500 y 2 000 personas, y él mismo había participado en ellas, al igual que todos los oficiales que lo hicieron de forma rotativa. ¿Por qué lo hacían? «[Porque] estábamos convencidos de que eran subversivos», dijo.
Sus declaraciones se desarrollaron en el marco de una sociedad ya sensibilizada como consecuencia de los reiterados sucesos que una y otra vez la enfrentaban a revivir los horrores perpetrados durante el gobierno militar. A pesar de los reiterados intentos llevados a cabo por el poder ejecutivo y el mismo Ejército por acallar el debate o darle determinada dirección, las repercusiones alcanzadas por las declaraciones de Scilingo fueron de tal magnitud que atravesaron transversalmente a toda la sociedad y a sus instituciones, muchas de las cuales (la Iglesia entre ellas) se vieron obligadas a revisar el papel que jugaron durante la dictadura.
Además de confirmar lo que los organismos de derechos humanos en aquel país ya habían denunciado, las confesiones públicas del militar permitieron echar por tierra el argumento falaz del Ejército de que no había información en la institución acerca de las personas detenidas desaparecidas. Se había roto su cerco de silencio.
En Guatemala, las declaraciones del coronel Rubio podrían iniciar un nuevo ciclo. Dependerá de la presión que la ciudadanía ejerza para que se den a conocer más datos sobre el rol del Ejército tanto en el conflicto armado interno como en la actualidad y se detallen metodologías, complicidades, paradero de las víctimas y territorios expropiados, entre otras informaciones.
Es probable que dependa también de las familias que se mencionan en el texto, así como de las empresas extractivas, que no se quedarán calladas. Probablemente apelen a su poder para imponer corrientes de opinión a su favor. Y depende, por supuesto, de lo que el Ejército haga con alguien a quien ya debe de estar catalogando como detractor. A Scilingo le ofrecieron dinero para silenciarlo. Como eso no dio resultado, lo amenazaron con quitarle el seguro social, tal como documentó Horacio Verbitsky. No lo lograron.
¿A qué herramientas se apelará aquí para mantener seguro el pacto de silencio? ¿Cómo se pretenderá deslegitimar las palabras de Rubio Castañeda? ¿Censurarán su libro? Lo sabremos en pocos días.
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