También plantea la violencia como una postura cultural, de modo que será una manifestación de comportamientos aprendidos del entorno social. En la interesante discusión aparecen los factores de riesgo, aquellos que incrementan las posibilidades de desarrollar comportamientos violentos. Algunos de ellos son la violencia estructural, en la cual las estructuras de satisfacción social estatal no responden o no funcionan, y la violencia cultural, la cual se legitima a través de los medios de comunicación, los lenguajes, las leyes y las religiones, entre otros. En el contexto guatemalteco hay que agregar la violencia armada (derecho de portación y tenencia de armas convertido en un negocio redondo) y la violencia de género.
Aparecen en el escenario personas con el discurso de que los derechos humanos son el problema. ¡Vaya problema! Sus propios derechos. Hay quienes creen que las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y todos esos atroces crímenes del Estado son necesarios. Es más. Lo dicen públicamente y hacen apología de algunos delitos sin el menor problema. Creo que hay una hipótesis para ello: los guatemaltecos le tuvieron tanto miedo al Estado que se volvieron masoquistas del poder. Añoran que el Estado sea todo lo represivo que pueda ser, pues admiten que no tienen capacidad para enfrentar sus problemas individuales y los sociales desde un enfoque de paz.
Si esto fuera cierto, si alguien me dijera que precisamente matando se resuelve todo, entonces no hemos evolucionado nada, pues desde los albores de la humanidad ya sabíamos qué hacer. Siempre les pregunto a mis alumnos cuál es la novedad en el uso de la pena de muerte para resolver conflictos y qué tiene de científico, además del proceso de morir y de descomposición de la materia.
La violación del derecho humano de expresión, petición y participación condujo a que los estudiantes emplearan la manifestación como medida a una escala que permitiera atraer la atención de los ciudadanos y de los medios de comunicación. La violación de ese mismo derecho humano, acompañado de violaciones de la integridad personal, de la libertad y de la vida, condujo a la muerte de más de 40 niñas en un hogar seguro.
Sus expresiones, denuncias y clamores vinieron a caer en un entorno social que permite que con hechos violentos se logre resolver cualquier situación, de tal cuenta que ocurre un atropellamiento y hay quienes consideran que es válido, mueren quemadas unas niñas y a ellas se las hace responsables. En el caso del asesinato de la estudiante, Radio Sonora manifestó este rasgo cultural y pudo haber contribuido a prolongar la violencia cuando, sin tener información suficiente, adelantándose a cualquier investigación policial, lanzó un mensaje en redes sociales con el presunto número de placa del vehículo, que además incluía el lugar de residencia de la propietaria. Era casi un llamado: «Enciendan sus antorchas, búsquenla y quémenla». Resulta que la ciudadana tuvo que hacer un comunicado para desmentir que ella hubiera sido la responsable. Radio Sonora no otorgó el espacio para respuesta y aclaración que le correspondía por derecho.
Tenemos un ejercicio social que hacer de forma urgente. Tenemos que diferenciar violencia de delincuencia, sanción penal de actos de tortura y trato denigrante, libertad de expresión de mensajes de odio e intolerancia, joven de delincuente, derechos humanos de incapacidad estatal, religión de política e información periodística (distinto a investigación periodística) de investigación criminal. De no hacerlo, la violencia en Guatemala seguirá respondiendo a los instintos de una especie no evolucionada, por tanto sobreviviente.
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