Aprobado en una sola sesión plenaria, este protocolo da vida al proceso de una integración dirigida al libre tránsito de mercancías y personas naturales entre Honduras y Guatemala. Bajo el supuesto (otra vez en el papel) de que dicho mecanismo empoderará la competitividad entre ambas naciones.
Una pregunta que surge de forma natural en este debate es si el resto de los países que conforman el ideal centroamericano se unirán a esta hoja de ruta. No me interesa responder esta pregunta porque apunta precisamente hacia lo obvio: la reticencia y la dificultad de institucionalizar el espíritu de integración centroamericana. La pregunta que apunta hacia lo menos obvio es precisamente la importante: ¿qué repercusiones tiene esta unión aduanera en un contexto de escasa transparencia gubernamental y de fuerte presencia del crimen organizado? ¿Le hemos puesto una guinda más al pastel que de facto el crimen organizado ya devora? ¿Qué tanto esta unión aduanera —como ya ha sido planteado por otros analistas— favorece a organizaciones como el Cartel del Golfo o el Cartel de Sinaloa?
Creo que es una pregunta importante para no perder el horizonte.
No es, dicho sea de paso, una pregunta que solo se haya expuesto en el contexto centroamericano. En efecto, una de las tantas razones por las cuales los estudios sobre el regionalismo en América del Norte resultan infértiles es la dificultad de que los mecanismos comerciales en la relación bilateral México-Estados Unidos conduzcan a procesos automatizados y unificados entre ambos países. De tal suerte, no hay ningún mecanismo que establezca procesos compartidos que construyan un regionalismo. Precisamente, la propuesta de una unión aduanera Estados Unidos-México es lo que hoy se supone que podría repotenciar el Nafta (es decir, a diferencia de una zona de libre comercio con algunas regulaciones aún prescritas, transitar hacia la libre movilidad de todos los bienes independientemente de su origen, con la eliminación total de las aduanas entre los Estados participantes como resultado). A lo anterior Estados Unidos se ha opuesto por infinidad de razones, entre las cuales destacan la xenofobia económica (el nacionalismo de la empresa nacional), el miedo irracional a la migración y la preocupación respecto al crimen organizado. Y eso —dicho sea de paso— que los puntos fronterizos mexicanos más importantes (entre los cuales se incluyen el paso San Ysidro y Tijuana, la frontera más transitada del mundo) cuentan con tecnología de punta en lo que respecta a los mecanismos de revisión y verificación de bienes y personas. No son, como apuntaba el expresidente Colom respecto a las fronteras centroamericanas, «espacios donde un elefante rosado con artritis pasa sin ser notado».
Sin criterios de transparencia y de verificación, sin inversión en tecnología y sin una previa depuración de las estructuras públicas, cualquier reforma que proponga la desregulación de los mecanismos estatales será copada por el crimen organizado. Esto es válido también para la desregulación de los flujos de capital, la libre movilidad de personas o el tránsito de productos comerciales. El mejor ejemplo fue el desmantelamiento de la estructura político-económico de la Rusia soviética: de los camaradas a la mafia. En buena parte, estos procesos de desregulación terminan produciendo solo una circulación de actores que funciona a nivel paralelo: exmilitares de contrabando, contrabandistas tradicionales, narcos, etc.
Claro, se argumentará que la existencia misma de los mecanismos aduanales (las regulaciones) es la razón misma de la corrupción. Pero el mundo de hoy —con sus complicaciones contemporáneas— nos aleja de la utopía de Bastiat y de su sátira La petición de los fabricantes de velas. En el contexto de los Estados débiles, con un poder político fragmentado y donde el financiamiento de campaña proviene de actores paralelos que pueden poner en jaque la gobernabilidad de un país, todo eje de reforma económica que debilita el marco regulador es cooptado inmediatamente por los agentes paralelos. Al final de cuentas, los narcotraficantes también operan bajo criterios de rational choice theory y responden a incentivos perversos. Dentro de este modelo no es aventurado pensar que los grupos movedores de droga que funcionan en la porosa frontera Guatemala-Honduras saliven ante la decisión. Esta reforma aduanal Guatemala-Honduras simplemente cuadrará la estructura de paso de dos países que de por sí son puente del narco. Hay más de 24 pasos ciegos entre la frontera Honduras-Guatemala. Cualquiera que ha visitado los puntos de La Playona y El Zompopero en El Paraíso habrá notado que los camiones con placas guatemaltecas y hondureñas circulan sin ningún tipo de control en una zona que, por cierto, es controlada por el cartel de los Mendoza Mata.
Quizá entonces la unión aduanera solo sea institucionalizar lo que ya sucede de facto en esta zona: un cerco de control gubernamental. Lo grave es recordar que los vacíos de poder no existen.
Más de este autor