Una situación a la que no llegamos de improviso, sino mediante un proceso de cocimiento lento. Durante varias administraciones, desde 1985, los partidos políticos abrieron sus filas a la corrupción y paulatinamente se convirtieron en empresas criminales con filiación política.
En el informe Financiamiento de la política en Guatemala, publicado en 2015 por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se destaca como elementos clave para la destrucción del sistema político cuatro factores: «a) las campañas electorales se basan cada vez más en los medios de comunicación, b) la adhesión política y partidaria se fundamenta en un intercambio de bienes materiales, c) la concentración de recursos ha aumentado [y] d) el debate político tendió a vaciarse de contenido».
Esas condiciones favorecen directamente la captura del sistema político por parte de actores capaces de comprar voluntades y de introducir la financiación electoral ilícita no solo por el origen de los fondos, sino también por el manejo opaco del patrocinio. El informe citado sostiene que «esta distorsión trae consecuencias para la sociedad en su conjunto, pues puede darse que los gobernantes tomen decisiones e implementen políticas u otras acciones favorables no a la mayoría de los ciudadanos, sino a personas y grupos particulares, en retribución a sus contribuciones. […] Los mecanismos de financiamiento de la política han moldeado el sistema de partidos, incentivan la corrupción y han socavado a la democracia guatemalteca».
Los grupos de financistas, según se evidencia en los procesos penales abiertos, lo mismo se integran con empresarios del más alto nivel de la élite empresarial que con cabezas del narcotráfico y del crimen organizado. De hecho, como lo evidencia la denuncia en contra del exministro de Economía Acisclo Valladares Urruela, en una misma persona se pueden conjugar ambos vínculos sociales.
[frasepzp1]
De esa manera, las decisiones adoptadas por el Congreso de la República la noche del 26 de enero para juramentar a toda prisa a Mynor Motto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad solo son una muestra del fenómeno. Para que el Legislativo le diera paso a semejante despropósito legal, el Organismo Judicial le abrió las puertas antes mediante la resolución de un tribunal que amparó a Motto a fin de que asumiera. El Ejecutivo, pese a que lo negó cínicamente, utilizó sus vínculos para garantizar una alianza partidaria que votaría conducida torpemente, con acciones ilegales del presidente del Congreso, Allan Rodríguez.
A estas alturas de la vida, el Estado guatemalteco, más que integrado por tres poderes independientes, está conformado por carteles del crimen organizado que responden a intereses de impunidad y de corrupción. Lejos de actuar para hacer valer el sistema de pesos y contrapesos que definen una democracia, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial actúan corporativamente en defensa de sus intereses y de los del cuarto poder ahora plenamente visible: el económico que parasitariamente desde hace dos siglos controla los destinos del país.
Esa alianza criminal de sectores políticos y económicos que ha asaltado el poder busca consolidar su control total e instaurar una dictadura de carteles. Buscan impedir las luchas sociales, destruir el endeble entramado democrático e imponer su control absoluto de los destinos de los pueblos que habitamos esta tierra.
Sin embargo, a pesar de que el panorama se ve sombrío, es posible derrotar las intenciones de estos carteles. El veneno con el cual han intoxicado a la democracia guatemalteca solo podemos eliminarlo mediante la acción colectiva, unitaria, concertada y decidida para rescatar la democracia y recuperar el camino a la construcción de un sistema político en el que no haya cabida para la corrupción ni la impunidad.
Más de este autor