¿Y por qué no se van de ahí?

Afortunadamente, igual se detuvo al culpable. En la audiencia de primera declaración le otorgaron medida sustitutiva a este. La siguiente audiencia será en agosto de 2021 y, si su denuncia es parte del 5 % que llega a sentencia, esta se estará dictando, con suerte, por 2023. En ese momento habrá un 25 % de posibilidades de que sea absuelto. Claro, usted puede apelar si está dispuesta a esperar otros seis meses como mínimo. Mientras tanto, su agresor está libre y bien enterado de quién lo acusó y dónde duerme.

¿Qué le causa leer esto? ¿Miedo? ¿Frustración? Ahora imagine vivirlo. La violencia contra la mujer (VCM) es la pandemia que Guatemala ya sufría antes de la pandemia de covid. Anualmente ha estado entre el primero y el segundo delito más denunciado (38 % de todas las denuncias en 2019) ante el MP. Si se suman todas sus manifestaciones, sobrepasa por mucho a los demás delitos.

Con el covid-19 empeoró la situación. No puedes ir a la policía cuando estás confinada con tu agresor. Las denuncias a distancia ayudaron: actualmente hay entre 175 y 200 reportes diarios de VCM. Pero, en un país donde el 58 % de la población se encuentra en la pobreza y el 70 % no tiene acceso a Internet, las denuncias por smartphone son un lujo que muchas mujeres no se pueden costear.

«¿Y por qué no se van de ahí?».

Una pregunta que (en la mayoría de los casos) parece más hecha por ignorancia que por malicia. Parece algo tan lógico. ¿Por qué seguirías en un lugar donde tu seguridad está en riesgo? Sin la intención de simplificar las muchas razones por las que esto ocurre, a quienes hacen esta pregunta les respondo con otra: ¿adónde irían?

No todas las mujeres tienen el privilegio de contar con conocidas dispuestas a recibirlas en sus casas. No todas pueden escapar a un lugar donde su agresor no las vaya a encontrar. No a todas les creen.

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Es cierto. El Gobierno cuenta con albergues para resguardar a sobrevivientes de violencia, pero por años estos han estado subfinanciados. Hoy les faltan recursos, capacidades y cobertura nacional para atender a todas las mujeres que los necesitan. Además, a raíz de la pandemia han visto limitada su capacidad de atención para evitar el hacinamiento.

Y, como ha sido históricamente, todos estos problemas son peores para las mujeres y niñas indígenas. Muchas de las instituciones destinadas a apoyar a las víctimas de VCM están centralizadas, de manera que ellas tienen que recorrer grandes distancias si quieren ayuda. Al llegar, es posible que se encuentren con que no hay nadie que hable su idioma o que les brinde atención culturalmente apropiada.

Como consecuencia de dos sucesos muy mediáticos, en las últimas semanas la VCM volvió al centro de la discusión colectiva. Lo bueno es que nuevamente se está hablando de ello. Lo malo es que nunca debió dejar de discutirse en primer lugar.

Las víctimas del futbolista señalado por VCM y del sindicado de femicidio que murió antes de ser condenado merecen justicia, así como las otras 46,089 mujeres que han sufrido tragedias similares en lo que va del año.

Y una de las cosas más dañinas, aberrantes y despreciables que se pueden hacer en esta situación es culpar a las víctimas. Ante un sistema que no les garantiza ni seguridad ni trato digno, que las revictimiza y culpabiliza y que deja a sus agresores impunes, es obvio que no confiarán en él.

El sistema debe cambiar. Y es imposible que lo haga mientras se siga pensando que responsabilizar a las mujeres de la violencia que sufren es un argumento con algún semblante de lógica.

No es que ellas no llamen. Es que no les contestan.