Ante la pérdida del ingreso principal ¿se puede resistir?

 En la Base de datos Global Findex del Banco Mundial orientada al estudio de la inclusión financiera, se encuentra un conjunto de preguntas que exploran la capacidad de los hogares guatemaltecos para enfrentar la pérdida de su principal fuente de ingresos.

 En él se analizaron los indicadores de inclusión financiera desagregados por: nivel socioeconómico (se comparó al 60 % más rico con el 40 % más pobre), condición laboral (población dentro y fuera de la fuerza laboral), nivel educativo (personas con educación secundaria o superior frente a quienes cuentan con primaria o menos) y características demográficas (género, edad y ubicación geográfica, ya sea rural o urbana).

Los datos de la Base de datos Global Findex para el año 2024 revelan un panorama marcado por las brechas de desigualdad económica en la capacidad de los hogares guatemaltecos para enfrentar la pérdida de su principal fuente de ingresos. El 60 % más rico presenta una mayor resiliencia: 33 % de sus integrantes podría cubrir sus necesidades por un mes y 15.7 % por dos meses, cifras que duplican las del 40 % más pobre (22.2 % y 14.8 %, respectivamente). La educación también juega un papel decisivo, pues quienes cuentan con formación secundaria muestran una resistencia mayor (31.2 % a un mes) que quienes solo poseen educación primaria (27.4 %). Tal como se expuso en un ensayo previo, las estadísticas confirman la estrecha relación existente entre el nivel educativo y los ingresos laborales en Guatemala.

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En esta misma línea, Fernández, Pagés, Székely y Acevedo (2025)  subrayan que la educación constituye un pilar fundamental para el desarrollo económico y social, no solo por su contribución al crecimiento a través de la acumulación de capital humano, sino también por su papel en la formación de una ciudadanía informada y plenamente capaz de ejercer sus derechos. Además, resaltan que la educación potencia la capacidad de adaptación frente a cambios tecnológicos y climáticos. En su estudio, los autores examinan la desigualdad educativa en América Latina y el Caribe, tanto en términos de acceso y niveles de logro (cantidad) como de calidad, indagando en sus causas y en su vínculo con otras formas de desigualdad, especialmente las relacionadas con el ingreso y los resultados del mercado laboral.

En este análisis, se entiende por brechas laborales y demográficas las diferencias en la capacidad de resistencia económica asociadas a la condición laboral (personas activas en la fuerza laboral frente a inactivas) y a características de la población como género, edad o ubicación geográfica. Bajo este enfoque, las personas activas en la fuerza laboral muestran un mejor margen de resistencia (31.3 % a un mes) que las inactivas (24.2 %). En cuanto al género, las mujeres superan levemente a los hombres tanto en la cobertura de un mes (28.8 % vs. 28.6 %) como, de manera más notoria, en dos meses (16.4 % vs. 14.1 %). A nivel de hipótesis, esta diferencia puede explicarse a partir de que las mujeres tienen acceso a ingresos alternativos como remesas y préstamos. Además, este sector destaca por una mayor capacidad de diversificación en las iniciativas de emprendimiento, evidenciando una dinámica más amplia y adaptable en sus estrategias económicas.

La población rural y los jóvenes se ubican cerca del promedio nacional (27–28 % a un mes), aunque su capacidad cae de forma considerable a dos meses (15 %).

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Por su parte, las vulnerabilidades críticas hacen referencia a aquellos grupos que presentan los niveles más bajos de resiliencia económica y que, por tanto, se encuentran en mayor riesgo ante una pérdida prolongada de ingresos. En este caso, los inactivos laboralmente (12 % de resistencia a dos meses) y quienes poseen baja educación (13 %) encabezan esta categoría, lo que evidencia que el acceso a un empleo y a una educación de calidad son factores esenciales para fortalecer la resiliencia económica en el país.

Los datos muestran que esta capacidad es heterogénea y está condicionada por factores como el nivel de ingresos, la educación y el acceso al mercado laboral. Menos del 30 % de la población puede sostener sus gastos durante un mes sin percibir ingresos, y esta proporción se reduce a la mitad al proyectarla a dos meses, lo que evidencia una alta vulnerabilidad frente a situaciones de crisis.

Esto se agudiza por la alta volatilidad laboral, es decir, la inestabilidad e imprevisibilidad en las condiciones de empleo, ingresos y oportunidades de trabajo, lo cual afecta la seguridad económica de los hogares. En Guatemala, se manifiesta de varias formas:

Alta informalidad laboral: Más del 70 % de los trabajadores en Guatemala están en el sector informal, sin contratos estables, seguridad social o protección ante despidos. Esto los hace más vulnerables a cambios bruscos en sus ingresos. 

Empleo precario: Muchos trabajadores dependen de empleos temporales, por jornada o por proyectos (como en agricultura, comercio ambulante o construcción), donde los ingresos son irregulares y sujetos a factores externos (clima, demanda económica, crisis). 

Fluctuaciones económicas: Guatemala, al ser una economía dependiente de sectores como agricultura (café, azúcar, banano) y remesas, sufre impactos por precios internacionales, desastres naturales (huracanes, sequías) o cambios migratorios, lo que genera inestabilidad en el empleo. 

Falta de políticas de protección laboral: La debilidad en la regulación laboral y los bajos niveles de sindicalización dejan a muchos trabajadores sin mecanismos para enfrentar despidos, reducciones salariales o cierres de empresas. Según el estudio de Mendoza Estrada (2014), el bajo nivel de sindicalización en Guatemala responde a una historia marcada por la represión y el terror, así como a un intervencionismo estatal que busca controlar y restringir la acción sindical a través de regulaciones excesivas y discriminatorias. A esto se suma la debilidad estructural de los propios sindicatos, caracterizada por la corrupción y el caciquismo, y un mercado laboral dominado por la informalidad y las microempresas. Todo esto se desarrolla en un contexto de violencia e impunidad generalizadas, donde la aplicación efectiva de la ley laboral es deficiente.

La volatilidad laboral explica por qué muchos hogares en Guatemala no pueden sostener su economía sin ingresos, incluso por cortos períodos. Si el empleo ya es inestable, los ahorros y redes de apoyo son limitados, lo que reduce la resiliencia ante crisis.

Esta volatilidad no es casual, sino resultado de un modelo económico que prioriza la flexibilidad laboral sobre los derechos de los trabajadores. El sistema establecido muchas veces beneficia a empleadores y grandes empresas mientras precariza a las mayorías. Sin políticas públicas que fomenten empleo digno, seguro y con protección social. La resiliencia económica seguirá siendo, también, un privilegio de las minorías con poder adquisitivo.