Norma Sancir y el precedente del derecho a informar
Norma Sancir y el precedente del derecho a informar
El caso de la periodista Norma Sancir es una muestra de los atropellos que viven los periodistas en Guatemala. Nueve años fueron necesarios para que su caso llegara a una sentencia donde un juez reconoció su derecho a informar y el de su comunidad a ser informada.
La libertad de prensa en Guatemala se encuentra en una «situación difícil» según la clasificación hecha por Reporteros sin Fronteras. El país está situado en el puesto 127 de 180 países calificados a partir del contexto político, económico y sociocultural, sumados al marco legal y las condiciones de seguridad. Los casos en contra de periodistas, como el de Norma Sancir, evidencian esta situación.
Una cobertura que terminó en detención
Norma Sancir es una mujer maya kaqchikel que nació en Tecpán, Chimaltenango. Es periodista comunitaria y hace más de diez años migró al oriente de Guatemala para trabajar.
Al notar la invisibilización de la población maya ch´ortí´, el abandono del Estado y la lucha de las comunidades por sus derechos, decidió quedarse para contar esas historias. En especial las de otras mujeres.
El 18 de septiembre de 2014, Norma recibió una llamada que le alertó del desalojo de manifestantes en el puente de Jupilingo en Camotán. Las manifestaciones sucedían en varios territorios del país y tenían demandas como la derogación de la ley de telecomunicaciones y la de desarrollo rural. Era su segundo día cubriendo esos eventos y, como ahora, en ese entonces era periodista para Prensa Comunitaria.
«Recuerdo que en el momento recibí llamadas y me dijeron “necesitamos que te vayas”. Ni siquiera me bañé ese día, lo primero que agarré fue mi mochila, mis teléfonos, el equipo».
Norma era la persona más cercana al hecho. En ese momento, además tenía acuerdos para compartir la información con otros medios comunitarios. Un tuc-tuc la llevó al lugar y, al llegar, comenzó a tomar fotos del desalojo. Pocos minutos después fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC).
Aunque Norma estaba identificada con su carné de prensa y un chaleco, también trató de identificarse mencionando varias veces «¡soy periodista!». Aún así, terminó esposada y tuvo que esperar cuatro días para ser liberada.
Esa fue su primera espera, la segunda duró nueve años.
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Guatemala y la libertad de informar
No solo en el caso de Norma se evidencia la falta de garantías para periodistas y periodistas comunitarios en Guatemala.
Carlos Choc cubría una manifestación en 2021. Por esto fue acusado por supuestamente incentivar a la violencia. El 31 de enero del 2024 fue declarado libre y sin cargos.
No era la primera vez que Choc era criminalizado. Por su cobertura en otro caso, tiene un proceso abierto desde 2017, aún sin avances, por la supuesta detención ilegal de cinco ciudadanos rusos.
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En Quetzaltenango Anastasia Mejía Tiquiriz, periodista y directora de Xolabaj TV, pasó 36 días en prisión en 2020 antes de ser ligada a proceso por los delitos de sedición y atentado. Ella fue capturada cuando transmitía en vivo una manifestación. Antes de ser llevada al centro preventivo para mujeres en Quetzaltenango, tuvo que pasar una noche en el centro preventivo para hombres de Santa Cruz del Quiché.
Y estos casos no son los únicos. La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) documentó en 2022, 117 casos de violaciones a la libertad de prensa. Estos van desde la limitación para realizar coberturas, hasta el exilio.
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La justicia también es lenta para la prensa
Llevar su caso a tribunales fue para Norma un desgaste económico, personal y físico. Su vida cambió, pero no solamente por los cuatro días que estuvo detenida, sino hasta llegar al juicio, nueve años después.
«Esperaba que fuera rápido, sin embargo esto deja en evidencia lo lento del sistema de justicia en Guatemala. No ha sido fácil, ha existido un desgaste económico y espiritual», dice Norma.
Pero seguir con el proceso también se volvió parte de su vida. En 2018 se había declarado falta de mérito pero el juez que lo otorgó fue apartado del caso y en 2020, con el cambio de fiscal regional, se activó de nuevo la investigación. El debate reinició en 2023.
En el caso se vinculó a cuatro personas: el ex comisario Ceferino Salquil Soval, y las policías: Olga Leticia Segura y Mirna Marleny Agustín. Marcelina López Pérez, la cuarta acusada, fue declarada rebelde pues dejó de presentarse a las audiencias y cambió de domicilio.
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El 31 de enero del 2024 el juez Jorge Douglas Ochoa del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Chiquimula escuchó a los implicados por última vez. Las tres personas pidieron justicia y rechazaron haber cometido abuso de poder. Durante sus conclusiones, el juez hizo un recorrido por varios de los derechos de Norma que fueron violentados con su detención ilegal, considerada de esa forma pues no fue capturada en flagrancia o con alguna orden de aprehensión. Enfatizó en el derecho de libertad de pensamiento y expresión. Aclaró que este derecho no puede estar sujeto a censura y que los periodistas son responsables de atender a las consecuencias de sus publicaciones.
Además concluyó que el derecho de libre emisión de pensamiento fue restringido, no solo para Norma, al limitar su trabajo periodístico, sino también para la comunidad, al no poder informarse a través de los productos de la periodista.
Los agentes que detuvieron a Norma no han sido juzgados, solo quienes completaron el proceso de detención. «El Ministerio Público oportunamente tendrá la obligación de establecer quiénes eran también esos elementos policiales», dijo el juez. Esto para que también sean juzgados.
Para las y el acusado hay una condena: tres años y nueves meses de prisión conmutables a razón de cinco quetzales cada día.
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Reparación para garantizar derechos
«Acá no es justicia lo quieren, lo que se ve es un beneficio personal, a través de un beneficio económico» dijo Olga Segura en su última declaración ante el juez.
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Sin embargo, para Norma Sancir, quien no pidió una compensación económica, llevar el proceso hasta ese momento era garantizar la libertad de prensa. «El objetivo es evidenciar que todas y todos tenemos derechos. Que podemos ejercer la libertad de prensa y expresión», explicó.
Jovita Tzul, la abogada que representó a Norma, dice que esta sentencia sienta un precedente de no repetición para que ningún otro periodista viva algo parecido.
«Norma apostó casi diez años de su vida para generar un precedente positivo para todos los periodistas que han sido agredidos», explicó. Añade que al ser Norma una mujer maya kaqchikel que ejerce periodismo comunitario, el caso toma una relevancia de género y étnica. Además de mostrar la importancia del periodismo comunitario.
«La resolución ha dado un parámetro en la libertad de expresión. No he visto otro proceso, donde se haga una alusión tan amplia al periodismo comunitario, a las mujeres periodistas, a ser una mujer maya».
Norma no buscó una reparación económica por lo que vivió injustamente, sino que se pidieron medidas transformadoras para el Estado de Guatemala, la PNC y el Ministerio de Gobernación. «Esto para que mejoren los protocolos, o en caso no los tengan, para que creen protocolos y mecanismos para proteger a los periodistas», explicó Jovita Tzul.
La resolución en el caso de Norma Sancir es un precedente para la garantía de la libertad de expresión. La resolución de falta de mérito para Carlos Choc se une a este logro. Pero incluso con el mismo Choc, aún hay procesos inconclusos o detenidos.
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