En este escenario, los actores tradicionales del sistema político conocen con precisión las reglas formales e informales del juego: dominan tanto los procedimientos legales como los atajos ilegales para capturar y reproducir cuotas de poder en las instituciones públicas. En contraste, amplios sectores de la ciudadanía no organizada desconocen lo que realmente ocurre tras estas dinámicas. Incluso del lado de la ciudadanía organizada (sociedad civil, organizaciones sociales, colectivos, plataformas ciudadanas, sindicatos, autoridades ancestrales e indígenas) persiste un conocimiento fragmentado y gris sobre el verdadero curso de estas aguas turbulentas.
Dado que lo que está en disputa es el control del poder público y de la institucionalidad estatal a nivel nacional, resulta de suma trascendencia fortalecer, mejorar y robustecer las articulaciones multiactor, ya sea bajo la forma de alianzas, coordinaciones tácticas o estrategias de largo aliento. Las experiencias recientes evidencian que la disputa de los espacios de poder político no se reduce a un asunto gremial o a una reivindicación de un territorio aislado; por el contrario, los avances más significativos se logran cuando se identifican propósitos comunes orientados a rescatar y reconstruir una democracia participativa, mediante la creación de puentes entre sectores que históricamente no se reconocían como compañeros de camino.
Como advierte Isabel Rauber «el desafío es potenciar la actividad transformadora de los actores-sujetos hacia objetivos superiores, articulando su participación plena en las propuestas de lucha y transformación de la sociedad y, sobre esa base, avanzar en la construcción de la conducción sociopolítica colectiva»[1]. Esta reflexión cobra plena vigencia en el contexto guatemalteco actual.
[frasepzp1]
Un ejemplo reciente de estas articulaciones plurales, incipiente por supuesto, se observó en el proceso de elección del representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ante la comisión postuladora para la conformación del listado de veinte candidatos al Tribunal Supremo Electoral que entregará al Congreso de la República. En dicho proceso, la denominada planilla 4, señalada por sus vínculos con Dionisio Gutiérrez y sectores del oficialismo, logró resultados favorables en la medida en que estableció alianzas con organizaciones sociales, autoridades territoriales y actores departamentales, particularmente en el occidente del país. De lo contrario, habría sido derrotada por la planilla 5, quien fue señalada de estar ligada a un grupo dirigido por Nester Vásquez, Walter Mazariegos, y hasta Consuelo Porras.
Aunque este ejercicio esté atravesado por tensiones y contradicciones, por un lado con sectores liberales que no dimensionan plenamente la trascendencia política de estas alianzas y, por otro, con organizaciones sociales cuestionadas por supuestamente legitimar una «democracia burguesa», se trata de una experiencia concreta de diálogo y coordinación. Esta contribuye a debilitar el pacto antidemocrático que ha capturado al Estado en las últimas décadas.
El reto inmediato es evaluar el impacto real de esta asociatividad y definir las estrategias más idóneas para los próximos procesos en los que se juega la institucionalidad del ejercicio del poder político. Desde los territorios y las expresiones plurales ya se vislumbran caminos metodológicos claros: la construcción de una agenda común de reivindicación, acompañada de un marco compartido para el ejercicio del poder político y, de manera inseparable, de un proyecto de desarrollo territorial y nacional. Solo desde estas articulaciones amplias y conscientes será posible avanzar en la construcción de una democracia desde abajo, con plataformas políticas, sociales, gremiales, territoriales y populares.
_______________________________________________
[1] Rauber, I. (2003). Movimientos sociales y representación política. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
Más de este autor