Para el momento de la redesignación como Fiscal General, Consuelo Porras ya acumulaba suficientes acciones para no ser nombrada. Aun así, su protector Giammattei, luego del respaldo de la CC, la dejó por un nuevo período. A casi dos años de que la Comisión Postuladora se viera obligada a incluirla en la lista, Porras Argueta lleva en su cartera más de cien mil firmas de personas que solicitan su salida del MP. En el bolso también acarrea cientos de acciones legales que han protegido a la entente criminal del pacto de corruptos, así como miles de diligencias para criminalizar a quienes defienden el Estado de derecho y los derechos humanos.
Junto a su equipo de trabajo en el cual destacan, Ángel Pineda, Secretario General, así como Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y fiscal de esta, respectivamente. Estos actores han sido la clica mediante la cual, Porras ha destruido el andamiaje legal y la arquitectura de un MP que en el pasado reciente brilló por su eficiencia.
Ahora, en cambio, la sociedad guatemalteca es prisionera de un grupo criminal que se coludió con el gobierno anterior para financiar acciones de persecución política a operadores de justicia en el exilio. Grupo que también se asocia con estructuras ilegales de persecución penal espuria, agresión a personas defensoras y operadoras de justicia, así como al liderazgo político que le es incómodo al pacto de corruptos.
En manos de Porras, Pineda, Curruchiche y Monterroso, así como de jueces y magistrados venales, la justicia en Guatemala ha sido secuestrada para beneficio de la corrupción y la garantía de impunidad. De manera que ese grupo al frente de la oficina responsable de la persecución penal, que ha sido sancionado internacionalmente por su compromiso con el crimen y la destrucción de la democracia, debe ser separado de sus funciones cuanto antes.
Ahora bien, cuáles son las alternativas para depurar la persecución penal. Aunque la preeminencia constitucional con respecto a la Ley Orgánica del MP daría base legal a la Presidencia para remover a Porras y con ella a su banda, es difícil que la CC al servicio de la corrupción defienda en verdad la Carta Magna. Lo más probable es que se valgan de esa acción para dar el golpe contra el presidente de la república y concretar el objetivo que han perseguido desde junio de 2023.
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En la vía legal están como alternativa la reforma a la Ley Orgánica del MP, que corresponde al Congreso de la República o, la invocación al artículo 173 constitucional. Este último, indica que «Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos». La convocatoria la realizará el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por iniciativa de los organismos Ejecutivo o Legislativo. La necesidad de depurar el MP de la banda criminal que lo controla es indiscutiblemente una decisión política de especial trascendencia.
En vista del enorme daño causado a la democracia, de la persistencia de una banda criminal que ha secuestrado la justicia, la alternativa para limpiar el camino a la restitución democrática requiere de la participación ciudadana. Tocará entonces a quienes hoy ejercen el poder en el ejecutivo o el legislativo, dar los pasos necesarios para obtener la opinión social y luego, requerir del TSE la convocatoria a la consulta.
La sociedad guatemalteca tiene derecho a revocar el mandato de quienes utilizan el poder delegado para favorecer al crimen y la corrupción. Tiene derecho a depurar de funcionarios venales el ejercicio de la persecución penal y la administración de justicia. Y ese derecho habrá de ser ejercido, como en las elecciones de 2023, en tanto la herramienta esencial de la democracia y para su defensa.
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