En las instalaciones de Creompaz, entre el 2012 y el 2015, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) exhumó 565 osamentas. La intervención de la FAFG era parte de las diligencias derivadas de las pesquisas iniciales realizadas por la fiscalía de Cobán. Justo poco tiempo después del inicio de estas, el auxiliar fiscal Allan Stowlinsky fue secuestrado y asesinado en mayo de 2011. Su ejecución se produjo en el marco de varias acciones que se atribuyó el grupo Z200, de narcotraficantes vinculados a exkaibiles reclutados en México y Guatemala.
En enero de 2016, fueron capturados 14 exoficiales militares por este caso, incluyendo a Benedicto Lucas García, quien fue Jefe de Estado Mayor General del Ejército —antes de 1982 conocido como Estado Mayor del Ejército—. Entre los sindicados se encontraba el coronel Ricardo Méndez-Ruiz Rohrmoser, quien evadió la cárcel al fallecer el 31 de diciembre de 2015.
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Durante las audiencias del caso, que lleva ocho años en los tribunales desde la captura de los sindicados, han sido planteadas las condiciones en que fueron encontradas las osamentas. La evaluación forense identificó que los cráneos tenían contusiones y que había marcas consistentes con señales de tortura. Además, se reveló que entre los cuerpos hallados en las cuatro fosas había 90 de niñas y niños, estaban atados de pies y manos —incluso había osamentas que mostraban cadenas—, amordazados y la mayoría presentaba el tiro de ejecución o tiro de gracia.
La investigación mediante muestras de ADN ha permitido identificar a 128 personas que fueron reportadas como detenidas, desaparecidas entre 1981 y 1988. Los oficiales en retiro capturados y sindicados por los crímenes están vinculados a los mandos militares en Creompaz durante el período en que operó como un enorme cementerio clandestino.
A pesar de la evidencia representada por más de medio millar de osamentas, los criminales al frente de la instalación militar podrían quedar impunes. La resolución emitida el martes 5 de noviembre por la Sala Segunda de Mayor Riesgo, anula todo lo actuado en el caso y ordena la libertad inmediata de los implicados. La orden fue emitida por Miguel Enrique Catalán Orellana, presidente; Eva Marina Recinos Vásquez, Vocal I y José Amílcar González Dávila, Vocal II de dicha sala.
Al resolver en favor de los imputados, quienes integran la magistratura en cuestión se hacen cómplices de los perpetradores. Cada palabra en el texto que contiene la disposición es como una palada de tierra en las cuatro enormes fosas excavadas en Creompaz; es como si hubieran retenido una a una a las víctimas, incluso a niñas y niños, para que fueran ejecutadas. Enrique Catalán, Eva Recinos y Amílcar González emulan las acciones de Benedicto Lucas, Justino Ovalle (prófugo), Ricardo Méndez-Ruiz Rohrmoser (fallecido), así como la de los otros imputados, en la detención ilegal, tortura, ejecución y sepultura clandestina de las víctimas exhumadas en Creompaz. En definitiva, han hecho de este caso un estandarte de la impunidad.
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