Desde esta perspectiva, los funcionarios que se encuentran desempeñando algún puesto, independientemente de si han sido electos o designados, se contaminaron de esta ilógica sistémica de aprovechar sus puestos para convertirlos en un objeto que se beneficia de los recursos del patrimonio del Estado. Hacen un uso rentista del puesto para, desde ahí, asegurar coimas o comisiones y engrosar fortunas a cambio de un desempeño orientado a favorecer y beneficiarse del mismo.
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Las movilizaciones de hace unas semanas fueron una muestra palpable de grupos que se amparan en su informalidad, pero que fueron manipulados por sectores de oposición cuya consigna es no cambiar nada. También fueron aprovechadas por quienes, por principio, rechazan cualquier transformación social, con el fin de obligar al actual régimen a dar marcha atrás en decisiones que, si bien constituyen cambios mínimos, benefician a la colectividad. Esto configura, sin duda, una crisis civilizatoria.
Uno se pregunta entonces, ¿cuándo se podrán introducir cambios de mayor calado que representen activos tangibles para la mayoría de la sociedad? Pues, así como están las cosas, pareciera que cualquier atisbo de cambiar las reglas del juego, resulta incómodo, molesto y absurdo para algunos grupos. Más allá de ello, al final, pareciera que se encuentran satisfechos con no dejar hacer nada que venga de este nuevo Gobierno.
Ahora bien, ¿era el seguro de transporte el único mecanismo para atender la cuestión de la seguridad vial?, seguramente que no. Creo que la decisión política no analizó que existen grupos obsesionados en destruir cualquier intento de cambio, por lo que ahora, en una condición de debilidad seria, conviene analizar las perspectivas después de este vano intento y su lamentable decisión de dar marcha atrás.
Y acá es donde aludo a la crisis de la gestión de Estado. ¿Por qué no se propició un conjunto de mecanismos destinados a atender la seguridad vial desde una perspectiva integral?, en donde el seguro fuera un punto de llegada y no un punto de arranque como se pretendió. Este conjunto de medidas pasaría por:
a) Recuperar la capacidad regulatoria del gobierno y sus instituciones.
b) Establecer con firmeza que, además de la capacidad regulatoria, se requiere una actitud sancionatoria lógica y razonable.
c) Configurar mecanismos de control precisos para las autorizaciones y movilizaciones del transporte colectivo. Por ejemplo, es necesario hacer efectivo el uso de controles en las entradas a la capital para verificar la capacidad del autobús, la obligación de utilizar cámaras que permitan monitorear remotamente el comportamiento de los pilotos, ayudantes y usuarios, así como la implementación de GPS para rastrear los movimientos de los buses. Principalmente, se debe controlar la velocidad y, en caso de que se rebasen los límites, ordenar automáticamente la detención del vehículo para restablecer el orden o los límites permitidos;
d) Organizar una campaña de educación vial para todos los ciudadanos, con el fin de que conozcan las leyes, reglamentos, regulaciones y sanciones. Además, implementar un número de denuncia de tres cifras que permita atender reportes de manera inmediata (esto sería un derecho de los usuarios del transporte público).
e) Buscar el apoyo de las aseguradoras para diseñar un seguro que no solo sea asequible, sino también confiable y económico.
f) Regular, con apoyo interinstitucional (DGT, municipalidades, PNC y PROVIAL, por ejemplo), la movilización de motocicletas.
g) Iniciar un proyecto serio para un sistema de transporte colectivo, masivo, seguro, confiable y accesible.
Debemos construir poco a poco, pero con firmeza, una sociedad que tienda a identificarse como civilizada, de otra forma, terminaremos no solo en un Estado fallido, sino, además, y lo peor, en una sociedad decadente.
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