En los 29 años transcurridos desde entonces, el MP ha vivido luces y sombras. Fue erigido como arma de persecución en favor de intereses elitistas que, a su vez, requerían impunidad. Sin embargo, paulatinamente hubo profesionales del derecho que hacían honor a su carrera. Así, cuando en un período corto (2008-2010) Amílcar Velásquez Zárate ejerció el cargo de jefe del MP, arrancó una etapa de luz con las primeras medidas de reforma institucional.
La gestión de Claudia Paz y Paz Bailey (2010-2014) levantó los cimientos de una entidad que brilló por su calidad profesional. La persecución de crímenes de alto impacto, como los homicidios, permitió reducir la tasa de impunidad en más de veinte puntos porcentuales de donde se encontraba. La fiscalía se nutrió de una cohorte de profesionales del derecho que amaban, respetaban y honraban su quehacer. Guatemala dejó de ser un ente paria que protegía a criminales internacionales, principalmente narcotraficantes, cuya extradición era requerida.
Gravísimas violaciones a derechos humanos fueron juzgadas durante este período que incluyó la primera sentencia por genocidio en una corte nacional. Investigaciones impecables y científicamente sustentadas fueron la base de un proceso acelerado de crecimiento institucional que alcanzó su mayor brillo en la gestión de Thelma Aldana (2014-2018), cuando los casos por corrupción encabezaron la lista de logros institucionales.
Sin embargo, a raíz de la llegada de María Consuelo Porras Argueta como jefa del MP, este ha caído estrepitosamente. Elevado a la cima del reconocimiento y respaldo ciudadano, hoy día el MP de Porras Argueta ha caído a las profundidades del averno.
El MP ha sido convertido en estercolero. Ya no es más una institución profesional, científica, autónoma y apegada a derecho. Por el contrario, es un ente mediocre, incapaz, corrupto, asociado al crimen y procurador de impunidad.
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No hace falta un estudio exhaustivo para corroborarlo. Basta una breve relación de los casos recientes en los que ha intervenido. Desde la primera ronda electoral, cuando el resultado de la misma sorprendió a los golpistas, el MP inició acciones encaminadas a impedir que se llevara a cabo la segunda vuelta electoral. Cuando la misma se realizó y arrojó un resultado que anulaba las pretensiones del pacto de golpistas, el MP se convirtió en el arma que sirvió, incluso, para violentar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional.
Conforme el tiempo avanzó y las diferentes acciones ejecutadas se cayeron por su carencia de sustento, el MP avanzó hacia otros terrenos y se afanó en un proceso penal que les permita atacar judicialmente al binomio electo que debe tomar posesión el 14 de enero próximo.
El caso relativo a la ocupación pacífica de la Universidad de San Carlos, ante la imposición fraudulenta de Walter Mazariegos como rector ilegítimo de la misma, ha sido el arma con la cual buscan retirar la impunidad a Bernardo Arévalo y Karin Herrera. A fin de alcanzar su cometido, ejecutaron varios allanamientos y órdenes de captura a un grupo de personas, incluida Marcela Blanco, no estudiante de la Usac, pero sí integrante del partido de Arévalo, Movimiento Semilla.
En la audiencia de primera declaración de las personas detenidas el jueves 16, la exposición de la fiscalía para imputar los delitos por los cuales se les detuvo es un claro ejemplo de mediocridad, mala entraña y pobreza intelectual y profesional. Las actuaciones del MP en el segundo semestre de este año evidencian que, hoy por hoy, el ente responsable de la persecución penal no es más que una letrina en cuyo interior, salvo honrosas excepciones, se acumulan los desechos de la justicia.
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