Sin reponerse del todo de la sorpresa del resultado de las elecciones en junio y agosto, dieron rienda suelta a su imaginación para buscar opciones criminalizadoras. Haciendo uso del poder que ostentan por el control del Ministerio Público (MP), usurparon funciones exclusivas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en procura de argumentos para invalidar los comicios.
Mediante las redes de corrupción jurídica e impunidad que funcionan en el MP y las Cortes, Suprema de Justicia (CSJ) y de Constitucionalidad (CC), buscaron cancelar al partido ganador de la presidencia. Una movida encaminada a impedir la toma de posesión del binomio electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
Cuando ese artilugio no alcanzó el resultado que esperaban, se lanzaron contra docentes y estudiantes que hicieron parte de la resistencia en la Universidad de San Carlos (Usac). Seis personas, entre docentes, dos decanos incluidos, estudiantes –una de ellas de una universidad privada–, así como un trabajador fueron privados de libertad. Se les acusó de asociación ilícita por saludar de puño. El MP, cuyo fiscal hizo el ridículo durante la audiencia respectiva, fue incapaz de probar los cargos por los que perseguía a dichas personas. A tal grado que ni siquiera un juez apalabrado por el pacto pudo sostener la acusación de dos delitos inventados.
Las personas están ligadas por supuesto daño al patrimonio cultural reflejado en las condiciones en que se encuentran las instalaciones de la Usac, mismas que sufrieron deterioro por falta de mantenimiento que, con toda la intención de daño, ha mantenido la administración Walter Mazariegos, impuesto como rector de la Usac en un fraude ampliamente documentado por los medios en 2022.
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Sin embargo, la utilización del caso planteado persigue el mismo propósito que el secuestro ilegal, por parte del MP, de las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV): encontrar un hilo del cual desprender la hebra que les permita ensartar en un caso a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, a fin de impedir que asuman la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. Al fracasar en el intento con el caso de la USAC, nuevos casos seguirán apareciendo con tal de encontrar el hilo que requieren para tejer su trama golpista e impedir el cambio que proviene de las urnas.
La zozobra como estrategia no logra cuajar por un elemento fundamental: la resistencia ciudadana. Con su voto, la rebeldía silenciosa derrotó la intención del pacto de impunidad y trazó una ruta de esperanza. Por ello las élites golpistas se lanzaron a la aventura de asaltar el poder cancelando las elecciones.
No contaban con que el tejido social, pacientemente zurcido, a pesar de los dolores, serviría de lienzo para sostener la resistencia al golpismo. El 2 de octubre arrancó la resistencia que cerró sin doblegarse los dos meses ininterrumpidos de presencia en el MP.
A tres semanas de que concluya el año, si bien la zozobra persiste y las acciones criminalizadoras continúan, hay una clara decisión ciudadana de no desmayar en la defensa de la democracia.
Tocará a la población de la ciudad, abrazar y acuerpar el liderazgo de las autoridades indígenas y ancestrales para, en un solo abrazo popular, levantar el muro de contención contra las pretensiones golpistas. Guatemala merece un futuro de paz y desarrollo y este solo puede llegar de la mano de los pueblos enlazados contra las élites golpistas y depredadoras.
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