Como parte de las reformas constitucionales de 1993, la figura de las Comisiones de Postulación, y su aplicación extensiva complicó el panorama, no solo de la justicia, sino de otros ambientes que requieren de una adecuada gobernanza. Parte de las instituciones más permeadas y asediadas han sido las universidades y los colegios profesionales.
La semana pasada representó un hito histórico, siendo la primera vez desde 1993 que el rector de la Universidad de San Carlos no forma parte de la conducción de una de las dos comisiones postuladoras para la elección de magistrados. Esta vez, en su sustitución, le ha tocado la alta responsabilidad a Miquel Cortés, Rector de la Universidad Rafael Landívar, conducir un proceso en donde se vienen observando desde hace un tiempo complejas luchas y pujas de las organizaciones gremiales interesadas en el control de las magistraturas.
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Los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985 habían decretado un artículo constitucional 215 más simple, que disponía que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serían electos por el Congreso de la República para un período de seis años, de la siguiente manera: cuatro de ellos electos directamente por el Congreso; cinco por el Congreso, pero de una nómina de treinta candidatos propuestos por una Comisión de Postulación integrada por los decanos de las facultades de derecho o de ciencias jurídicas y sociales de cada universidad del país; un número de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y un representante del Organismo Judicial nombrado por la Corte Suprema de Justicia.
Durante los tiempos de la autodepuración del Congreso, luego del serranazo, una reforma complicó el escenario y prescribió que los Magistrados de la Corte serían electos de una nómina de veintiséis candidatos propuestos por una comisión de postulación. Esta comisión estaría integrada por un representante de los rectores —quien la preside—, los decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere otro artículo conexo, el 217 de la Constitución.
Tal Artículo 217 es en verdad kafkiano y propone un proceso sumamente engorroso de postuladoras para elegir magistrados de las cortes de apelaciones. En suma, la reforma constitucional de 1993 es un clásico ejemplo de aquel refrán «No me defiendas, compadre».
En nuestras columnas sobre poder y ciudadanía, como palabras clave, llama la atención la relación de todo ello con la de la semana pasada en torno a las implicaciones políticas y económicas del aniversario de nuestra constitución, ya casi cuarentona.
Recordemos que cuando se promulgó la Constitución Política el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Nación estaba cercano a los Q1,000 millones, mientras que ahora es de Q120,000; es decir, un incremento jamás imaginado. Ello induce a pensar que los intereses en juego son de abundancia de gallinas de los huevos de oro, no solo para optar a un chance, sino para servirse de este y acrecentar la riqueza de las disputas diversas, desde negocios ilegales, hasta el mantenimiento de monopolios y disputas por privilegios.
Tal modificación constitucional viene teniendo un costo inmenso. Existe una fábrica de facultades de Derecho, cuyo decano puja y persigue participar a toda costa en el proceso. Todo ello ha llevado a un sistema de justicia que facilita la corrupción en todas las cabezas. En un estudio elaborado para la Dirección General de Investigación -DIGI- de la Universidad de San Carlos, el experto Jahir Dabroy bien afirma: «se hizo mención de la existencia de diez grandes bufetes que se han convertido en corporaciones de servicios de justicia que también tienen injerencia en estos nombramientos. Una de las sugerencias es que se nombre únicamente a un representante por todas las universidades del país, esto obviamente requiere de reformas constitucionales que requieren inmediatez».
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