En el OJ, son contadas las judicaturas que aún resuelven apegadas a derecho, pese a los desmanes del Ministerio Público (MP). La PDH, como bien señalara su anterior titular, Jordán Rodas Andrade, pareciera que vive en modo avión, puesto que no se ve que cumpla con sus deberes. En cuanto al Congreso de la República, es de hacer notar cómo de un tiempo acá, se ha vuelto moda que congresistas de partidos de oposición hablen de fiscalizar.
La función fiscalizadora es esencial. El Congreso tiene en ley, desde la misma Constitución Política de la República, diversas facultades para ello. No solo mecanismos como citación o interpelaciones, sino también la posibilidad de requerir información presupuestaria y de desempeño. En su momento, la exdiputada Nineth Montenegro logró, con base en la Ley de Acceso a Información que el extinto Estado Mayor Presidencial (EMP), entregara presupuesto de ejecución que ocultaba al amparo de una falsa valoración de asunto de seguridad. De igual forma, en una cita ante la Comisión de Defensa, el Ministro de la cartera en ese entonces reconoció que las plazas fantasma en las brigadas militares eran para cubrir sobresueldo de comandantes. Para llegar a ese momento, la entonces diputada Montenegro hizo uso de la ley y las facultades que le otorgaba. Nada más.
Sin embargo, aunque desde hace un tiempo y con el gran desarrollo de las redes sociales, la fiscalización se ha puesto de moda, es hasta en días recientes que adquiere niveles casi de fiebre parlamentaria. Destacan en la obsesión por el escándalo, las acciones de la diputada Evelyn Morataya, ante el sistema de salud. Fue meritoria su presencia en el hospital de Nebaj y la identificación de contrataciones anómalas. Quizá por el éxito de su publicación en la red TikTok, sintió que ese era el camino y siguió en su afán de figurar fiscalizando.
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No obstante, ha tenido un resbalón puesto que se escandalizó por una profesional de la medicina, quien obtuvo una plaza mediante concurso para hacer la residencia en pediatría. Morataya argumentó en un estilo no precisamente comedido, que el salario de Q14,000 para residentes de medicina era oneroso. No considera en su crítica que se trata de profesionales que turnan cada cuatro días y laboran jornadas de por lo menos 12 horas diarias.
A diferencia de un congresista que recibe Q24,150 entre salarios, gastos de representación y dietas por asistir a plenarias. Sin contar con que las ausencias son cotidianas y cobran también por asistir a reuniones de mesas de trabajo. En sus desplazamientos a fiscalizar en provincia, la diputada y su equipo cobran viáticos los cuales, al igual que su salario y demás beneficios, provienen de nuestros impuestos.
La acción de control no es problema. El problema está en cómo, al mejor estilo de Consuelo Porras en el MP, se utiliza la facultad otorgada por la ley para empujar agendas personales. En el caso de Porras, obviamente en beneficio del pacto de corruptos golpistas. En el caso de la diputada Morataya no queda claro si es para hacerse imagen a fin de buscar una posición en las próximas elecciones.
Al fin de cuentas desde que incursionó en política en 2015 ha estado de partido en partido. En esa oportunidad intentó ir con Todos, el partido de Felipe Alejos, aunque luego declinó. En 2019 llegó al congreso por el partido Bienestar Nacional y en 2023, tanto ella como su exesposo, expresidente y exconvicto, Alfonso Portillo, fueron promovidos por el partido Visión con Valores (VIVA), con el cual obtuvo de nuevo una curul.
En vista de que la diputada casi a diario da muestras de su afán fiscalizador, bien haría en ampliar sus conocimientos sobre la materia. Identificar los alcances y límites de dicha facultad. Analizar el ámbito hacia el cual dirigirá sus baterías. De paso tal vez tiene tiempo de respondernos, en una muestra de que también está dispuesta a rendir cuentas al mismo nivel que las exige, por qué diantres votó por Néster Vásquez para ocupar una magistratura en la Corte de Constitucionalidad.
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