Para optar al segundo período en el cargo, acreditó un doctorado obtenido fraudulentamente. Según se puso en evidencia, Consuelo Porras plagió la tesis con la cual obtuvo el grado académico. Estando como jefa del MP, utilizó ese cargo para amenazar a la Comisión Postuladora y lograr ser incluida en la nómina enviada al entonces presidente Alejandro Giammattei.
Los pasos dados en el primer período en el cargo se profundizaron durante la confirmación para un segundo período. De esa cuenta, las personas operadoras de justicia que habían sido criminalizadas enfrentaron nuevos casos penales. A tal grado que, el extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) o la exjueza Érika Aifán acumulan más de 60 procesos penales. Estos casos, en su mayoría, tienen un origen y una sustentación espuria y se han impulsado para castigarles por cumplir honradamente su papel en el sistema de justicia.
De igual forma, la ley penal como arma de venganza y represión ha sido esgrimida desde la oficina de Porras para perseguir el libre ejercicio de la actividad periodística, la defensa de derechos humanos o el derecho de defensa a personas criminalizadas. La historia reciente deja evidencia inobjetable de cómo Consuelo Porras se valió de su cargo para perseguir a quienes buscaban cumplir con la ley o ejercer derechos universalmente reconocidos y constitucionalmente garantizados.
El repudio social para exigir su renuncia se ha expresado en manifestaciones en todo el país con la recolección de más de 140 mil firmas, así como la instalación de un campamento de resistencia, por más de cien días, en las afueras del MP. De tal suerte que cuando Bernardo Arévalo, como presidente electo, le pidió públicamente la renuncia, se hacía eco de ese mandato ciudadano.
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Al invitarla al despacho presidencial y, ante la ausencia, invitarle a reunión de gabinete, Arévalo, como presidente en el cargo, evidenciaba la necesidad de que Porras rinda cuentas de sus acciones. Sin embargo, lejos de ello, la jefa del MP, y el equipo que la sostiene a capa y espada, se valió de un argucia, como con los casos fabricados, para justificar su incomparecencia real, pues solo llegó al pase de lista y se retiró.
El video en el que explica las razones de su retirada así como el de su secretario Ángel Pineda justificando el berrinche y la supuesta «invitación» al presidente son muestra clara de que la jefa del MP se aferra al cargo cual garrapata a una vaca. Dicha obcecación, pese al obvio deterioro de sus capacidades, son la evidencia de la necesaria remoción de su puesto.
De manera que, en vista de la intransigente y berrinchuda posición de Porras, toca llevar adelante acciones legales para esclarecer, entre otros, si está o no en condiciones de ejercer su función. Se impone de urgencia un recurso de habeas corpus, planteado en simultáneo en sus oficinas, su domicilio o lugares de residencia a fin de establecer su paradero. Recurso que ha de ser acompañado de personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses a fin de determinar su condición y posibilidad de continuar con el cargo. Si el dictamen es que está capacitada, procesarla por abandono del cargo, puesto que no ha estado presente y es factible documentarlo. Si, por el contrario, se concluye que carece de capacidades para ejercer el cargo, proceder a declarar la vacante e iniciar el proceso de sustitución. En todo caso, lo que es obvio es que, tanto por su desempeño en abuso del poder como por ausencia notoria, Consuelo Porras debe salir de la jefatura del MP.
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