El artículo tres constitucional garantiza el derecho a la vida, e imagino yo, el derecho a una vida digna, porque habla de la integridad y la seguridad de la persona. Otro artículo manda que el interés social debe privar sobre el particular. Otro prescribe que la maternidad debe contar con la protección del Estado, y otro más tipifica la protección a los menores; es decir, los de 0 a 4 años en donde se configura la fisonomía corpórea y cognoscitiva básica para la educación y el trabajo; y el resto de la vida. Por el fracaso de su aplicación hasta hoy, pienso yo, Guatemala es uno de los países de América Latina con menor Cociente Intelectual -CI- y productividad del trabajo.
La interesada aplicación de tales dictados, y la presencia de una institucionalidad de poco mérito y desapegada de estándares internacionales han llevado a la presencia de Estado y administración pública fragmentada, pusilánime y de intereses obtusos. En los que el gran negocio es reducir a obra gris acciones que deben tener otra naturaleza, configuración y diseño, como las que tienen que ver con un tema como la desnutrición que es responsabilidad de científicos de primera, y gente con vocación por la política social y el interés colectivo. Los ministerios de Salud y Agricultura tienen aquí un papel crucial que jugar, conjuntamente con las instituciones de la previsión y la asistencia social.
Vale subrayar que la legislación y diversas normas y diseños, potestad de la tecnocracia financiera, no han operacionalizado los dictados constitucionales; sino más bien han viajado a contrapelo de su espíritu. A ello ha contribuido un neoliberalismo rampante, que incluso tomó fuerza en los últimos años del gobierno de Vinicio Cerezo, y no ha sido capaz de reconfigurarse en efectividad del desarrollo y presupuesto por resultados. ¡Tremenda tarea la que tienen las nuevas autoridades políticas y el sector social del país!
Para muestra un botón: resulta dramático que, al no haberse reflexionado a conciencia sobre los pobres resultados de los programas de la pandemia, y en la actual postpandemia, continuemos con unas estructuras estatales y de administración pública reforzadas durante décadas de neoliberalismo, los cacicazgos y el clientelismo. Por ello urge reconfigurar todo lo relativo al Sistema de Consejos de Desarrollo -SISCODE-.
El reportaje de Fátima Najarro de Prensa Libre bajo el título Gobierno distribuye los Q600 millones de la Gran Cruzada por la Nutrición en los 340 municipios del pasado 27 de abril, muestra con pelos y señales cómo se ha tergiversado y aprovechado una asignación especial para proyectos dirigidos a la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición.
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Resulta ser que uno de los constituyentes, Víctor Hugo Godoy, y quien es hoy titular de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia -SCEP-, responsable de tales asignaciones, se vio compelido frente a los diputados distritales, a la usual piñatización de fondos, para los 340 municipios del país. Y en vez de priorizar acciones y recursos en las poblaciones y regiones más vulnerables, los fondos se despedazaron en destinos sobre los que no hay nada claro, ni mucho menos alguna prefactibilidad establecida.
En tal distribución una parte de las culpas se le debe endilgar a quienes diseñaron y han reformado la ley y reglamento del presupuesto, conocida como la sacrosanta Ley Orgánica del Presupuesto, que en alguna parte de sus prescripciones puntualiza que las asignaciones distritales deben ser canalizadas a Formación bruta de capital fijo, que en el español coloquial se asocia con obra gris.
Así, se tiende a creer que la inversión social y los programas para una vida digna deben ser solucionados sencillamente con block, hierro y ladrillo tayuyo; enriqueciendo con sobrecostos a empresitas ingenieriles chafas, a la cementera monopólica, a los zares del asfalto y del hierro de construcción, y a los personajes que hoy agobian a doña Jazmin de la Vega, Ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte.
Es muy difícil para estas mentes aceptar aquel principio de que «El todo es más que la suma de las partes». Este principio es la base de las disciplinas que ayudan al diseño de las grandes estructuras administrativas, como las que tienen que ver con la planificación territorial, los diseños macroorganizativos y de la teoría de sistemas que alumbra en mucho a la teoría administrativa.
Resulta ser este un concepto clave de la filosofía y que se refiere a que un SISTEMA COMPLETO no puede ser entendido simplemente al analizar sus partes individuales, sino que se debe entender en la relación con sus elementos componentes. En ciertas escuelas psicológicas, esto se potencia con el hecho de que la percepción humana no se basa en la suma de las partes individuales, sino en la totalidad de la experiencia.
El interesante reportaje de Fátima Najarro narra dramáticamente la forma y procesos cómo despedazaron un programa en el que resulta ridículo que a municipios como la Capital guatemalteca le quede únicamente medio millón de quetzales, al igual que a Almolonga en donde hay graves problemas de desnutrición y malnutrición, a pesar de ser un reconocido exportador de verduras.
El colmo de los colmos es lo comentado por el prolífico analista de ASIES, Luis Linares, quien demuestra la perversidad del programa: en la administración anterior se financiaron con esos recursos carreteras, con la justificación de que se hacían para que los alimentos llegaran a las comunidades.
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