Con la instalación de la arbitrariedad como política, el sistema de justicia, que incluye al Ministerio Público (MP), se ha constituido en verdugo de quienes procuran vencer la corrupción y la impunidad. Ese es el caso de José Rubén Zamora, como lo es del exfiscal, jefe de la fiscalía anticorrupción, Stuardo Campo. Lo es también del defensor de derechos humanos Misael Sen Soc, perseguido por el grupo Multi Inversiones.
Para emplear indebidamente el derecho penal, tanto el MP como el Organismo Judicial (OJ) se han pintado de cuerpo entero. Dan cátedra de cómo pisotear el Estado de derecho y esgrimir perversamente la ley para emplearla como arma de venganza y castigo. Basta con haber ejercido la función en la fiscalía o en los tribunales, con apego al derecho, para que el sicariato judicial se ensañe.
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José Rubén Zamora enfrentó severas condiciones de tortura. Circunstancia que el Mecanismo Nacional contra la Tortura, dirigido por el exjuez, Lesther Castellanos, toleró y posiblemente estimuló. De hecho, Castellanos utilizó sus influencias para perseguir a la exfiscal Virginia Laparra hasta el extremo de privarla de libertad, someterla a tortura y, finalmente, forzarla al exilio.
En menos de una década, más de medio centenar de personas operadoras de justicia han sido forzadas al exilio. Una decisión adoptada como única vía de proteger la integridad física ante la implacable ferocidad del sicariato judicial. A la fecha, son cerca de 200 personas defensoras de derechos humanos, del más variado ámbito de defensoría que han optado por salir del país. Otras tantas enfrentan proceso penales que, como los casos de José Rubén Zamora o Stuardo Campo, implican privación arbitraria de libertad y severas violaciones al debido proceso.
En el otro lado del campo se encuentran las prácticas de impunidad que han representado el cierre de procesos penales para favorecer a quienes engordan las bolsas de la justicia vendida. Exfuncionarios de gobierno como Alejandro Sinibaldi, por ejemplo, no solo han visto cómo los procesos en su contra se cancelan. También disfrutan de la devolución de los bienes mal habidos o, como la exmagistrada Blanca Staling, reciben el pago de indemnizaciones inmerecidas, pese a su evidente conducta delictiva.
El más reciente mascarón de proa en el barco de la impunidad es el del cirujano plástico Kevin Malouf, pariente cercano de Antonio Maluf, expresidente del Congreso. El médico en cuestión, no solo es responsable directo de la muerte de su paciente, Floridalma Roque. También es culpable de haber despedazado su cuerpo y montado un acto para ocultar los hechos, amén de haberse asegurado de cobrar el costo por los servicios para los que le contrataron.
Malouf actuó de manera tan perversa que se aseguró de contar con el apoyo para no presentarse al tribunal y, siendo el sindicado, asistir solo virtualmente a las audiencias. Su caso resulta escandaloso por la evidencia en su contra y la manera deleznable en la que el tribunal le ha favorecido a fin de no responder por sus delitos.
De manera que es correcto afirmar que en Guatemala no hay justicia, sino un sistema perverso que procura impunidad a los criminales y persecución a las personas inocentes. Tiempo es ya de que el sistema sea sacudido hasta sus cimientos para derrumbarlo y empezar, otra vez, a levantarlo desde cero.
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