Sin embargo, en el tiempo más reciente, esta práctica se ha convertido en la herramienta principal del Ministerio Público (MP) y un buen número de judicaturas del Organismo Judicial (OJ). Ambos entes, MP y OJ, resultan coludidos en la práctica para asegurar que personas criminalizadas con expedientes espurios, permanezcan ligadas a proceso y, en el peor de los casos, privadas de libertad.
La maraña litigadora que en la práctica ha pervertido la justicia en Guatemala se expresa plenamente en los juicios en contra de varias personas. Principalmente, operadoras de justicia o defensoras de derechos humanos. Así, José Rubén Zamora, Virginia Laparra, Claudia Gonzáles, Stuardo Campo, Eduardo Pantaleón, Sergio Morataya, Marco Antonio Villeda, entre otras personas, son privadas de libertad, llevadas a tribunales y deben esperar que al MP se le dé la gana presentarse o a los jueces realizar las audiencias de primera declaración.
El colmo ha sido, como el caso del señalado por corrupto, Jimmy Bremmer quien debió trasladar el expediente de José Rubén Zamora a otro tribunal. Sin embargo, el titular de la judicatura a la cual debió llegar el expediente lo rechazó porque, casualmente, el despacho de Bremmer cometió un supuesto error al foliarlo. Con esto, sigue atrasado el proceso y, pese a que José Rubén cuenta con medida sustitutiva por uno de los casos que tiene en contra, debe permanecer en prisión porque este proceso no avanza.
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En otros casos, el mismo Bremmer actúa retrasando audiencias o cancelándolas por cualquier motivó baladí. Si se analiza el comportamiento de este juzgador, se puede encontrar un rosario de excusas sin sustancia, utilizadas para no llevar a cabo diligencias que podrían representar avances para la defensa de los procesados. En otras, este y otros jueces de la misma calaña, toleran que el MP se ausente y, en lugar de declarar la anulación, simplemente mantienen la privación de libertad o los procesos abiertos contra las personas sindicadas. Por ello, Claudia González, con un acto de valentía ciudadana, solicitó a la sala de apelaciones que ordenara a Bremmer llevar a cabo una audiencia.
Cuando un tribunal de primera instancia al examinar la acusación que presenta el MP comprueba que no hay base para procesar y declara falta de mérito, la fiscalía ni lerda ni perezosa apela dicha sentencia. Pero cuando se trata de liberar a corruptos que han saqueado al país a costa de la vida de miles de personas, el MP simplemente calla y garantiza impunidad a los sinvergüenzas. En tanto, los jueces que, con obvio conflicto de interés, conocen de procesos que llegan a sus despachos, hacen de la vista gorda y utilizan su posición para vengarse de señalamientos, críticas o denuncias por mal proceder.
De allí que retomar la senda de la reforma del sistema de justicia es una necesidad enorme en estos momentos. Ahora, la tarea es gigantesca. No solo se trata de sustituir a la sinvergüenza jefa del MP Consuelo Porras y su banda de delincuentes. Se trata de limpiar la casa en el OJ y mandar al carajo a jueces y titulares de magistratura que utilizan la toga para delinquir o vengarse de quienes les han investigado o criticado.
Guatemala vive momentos difíciles y es necesario superarlos. Para ello, una oportunidad lo representa la designación de integrantes de las comisiones de postulación para autoridades del OJ en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Aunque la corrupción tiene sus bandas bien aceitadas, incluso con fondos de la Corte de Constitucionalidad, es menester que la dignidad del gremio del derecho brille y no llene la justicia de estiércol, tal y como lo ha hecho hasta ahora.
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