Quienes desde 2021 vienen separando la basura en orgánica e inorgánica seguirán con esa buena práctica, aunque la vigencia de la normativa que la impuso volverá a quedar en pausa como consecuencia de las protestas montadas la semana pasada en la capital.
Caos vehicular, acumulación de desperdicios en viviendas y comercios, así como bloqueo en los accesos al relleno sanitario de la zona 3 durante día y medio, bastaron para que otra vez se frenara la aplicación del Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes.
Hace cuatro años, la puesta en marcha del acuerdo gubernativo 164-2021, impulsado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se detuvo porque no había condiciones para desarrollarlo, de manera que se estableció propiciarlas a fin de que la maquinaria quedara aceitada en febrero de 2025.
Sin embargo, como es costumbre en nuestro país, el tiempo voló, pero lo anunciado no caminó. En ese sentido, la parálisis operativa sufrió cuando «de la noche a la mañana» llegó el momento para que se atendiera la clasificación de desechos en orgánica, reciclable y no reciclable.
Uno de los focos de conflicto es que ni recolectores y, especialmente, recicladores, fueron tomados en cuenta y los segundos corren el riesgo de quedarse sin ingresos porque el reglamento los excluye. Este aparente lapsus despertó las protestas y obligó a que las autoridades de la cartera y de la Municipalidad de Guatemala tuvieran que sentarse a dialogar.
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No cabe duda de que la separación en, por lo menos, dos categorías ha sido un gran avance en materia de protección ambiental y buenas costumbres, y que el ideal de hacerlo en tres lo fortalece. Ahora será de observar si la mesa de diálogo derivará en la certeza reglamentaria o las conversaciones entrarán en un ritmo de idas y vueltas para permanecer en el mismo lugar.
De momento, los últimos de la cadena celebran que se detuviera lo acordado y confían en que habrá cambios, entre ellos en la infraestructura de los vertederos, mientras que quienes conducen el ministerio han adelantado que el reglamento se mantiene y que las modificaciones serán «mínimas», al tiempo de descargar la responsabilidad en las comunas.
Así las cosas, es importante destacar que la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) ha indicado que su postura en la mesa de diálogo será derogar el reglamento e iniciar un proceso nuevo que derive en una herramienta «funcional para los ayuntamientos, recolectores y población». Esto anticipa que las conversaciones comenzarán con obstáculos, pues el MARN insiste en la vigencia.
Independientemente de lo que venga, la realidad es que durante cuatro años debió y pudo hacerse mucho, pero la mayoría de protagonistas vio para otro lado y como es usual, a la hora de actuar, las reacciones se orientaron a la queja, el reclamo y la protesta. De la crisis se ha pasado al diálogo y será de seguirlo para determinar hasta dónde llegará.
Por cierto, la ministra Patricia Orantes aseguró que la recolección, manejo y disposición de los desechos es tarea edil, por lo que deben cumplir el reglamento. Al respecto, es bueno saber que solo 34 de las 340 corporaciones municipales cuentan con el plan correspondiente. La afirmación de la funcionaria y la realidad mencionada muestran un panorama muy contaminado, tanto como el ambiente que rodeará el diálogo.
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