La cartera en cuestión maneja todo el sistema de comunicaciones, incluido el Aeropuerto Internacional La Aurora (Aila), Superintendencia de Comunicaciones (SIT), a cargo de las telecomunicaciones, la Dirección General de Transportes (DGT), que regula el transporte urbano, extraurbano y pesado. Además, el Fondo Para la Vivienda (Fopavi), la Unidad Ejecutora para la Conservación Vial (Covial), así como el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrocarburos (Insivumeh), entre otras dependencias.
El Micivi es una especie de bolsón institucional de todo tipo de comunicaciones, además de la infraestructura (carreteras) y vivienda. De tal suerte que, por la diversidad de ámbitos ha resultado una especie de piñata institucional. Particularmente para quienes han medrado de recursos públicos a costa de carreteras en mal estado, pero sobre valoradas.
Para 2023, la organización Hábitat para la Humanidad estimaba que en el país había un 40 % en déficit de vivienda. Mientras que las malas condiciones de las carreteras nos ubicaban en el puesto 132 de 141, a nivel mundial. En tanto que el estado del AILA es desastroso gracias a la administración de Francis Ramírez quien estuvo a cargo durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
Los titulares del Micivi en dichos gobiernos, José Luis Benito y Javier Maldonado, no lucen precisamente por sus logros. Benito resultó procesado y luego favorecido por el sistema corrupto de justicia, luego de haberse descubierto un inmueble en que se resguardaban maletas con más de Q122 millones.
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Las componendas de los titulares del MICIVI implicaron que el gobierno actual presentara varias denuncias por anomalías. La semana anterior fue destituida Jazmín de la Vega y en su lugar asumió Félix Alvarado. De la Vega llegó con antecedentes que la vinculaban al sector empresarial. Razón que habría sido la causa de la relativa lentitud o complacencia con que se relacionó con empresas que han cobrado la ejecución de obra pública sin que esta avance.
Resultó curioso, por decir lo menos, que apenas nombrado el nuevo titular del Micivi, la sala legislativa de Comunicaciones Transporte y Obras Públicas manifestara su «profundo descontento» con la designación. Este fue expresado en una nota sin firmas que, al parecer fue un libretazo del presidente de esta, Jeovanni Domínguez, de la bancada Visión con Valores (VIVA), puesto que integrantes de dicha entidad desmienten que se produjera reunión alguna para decidir el cuestionamiento.
Como guinda en el pastel de los desmanes del Micivi y el uso abusivo de sus recursos, a la salida de De la Vega se ha hecho pública la denuncia del funcionamiento de una oficina que derivaría en una red de trata dentro del Micivi. Según una nota de Henry Binn, en el medio Con Criterio, la exministra habría señalado la contratación de mujeres en el despacho superior, quienes serían promovidas en un catálogo de servicios. A tal grado que se les llamó con el mote de «Las Visitadoras», quizá en alusión a la novela de Mario Vargas Llosa, Pantaleón y Las Visitadoras, que refiere el uso de una red de trata en las fuerzas armadas peruanas. Cabe recordar que en 2018, el excanciller Edgar Gutiérrez denunció un mecanismo similar operando desde la presidencia de Jimmy Morales. En tanto que, en 2021, el extitular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Raúl Romero, en el gobierno de Giammattei, apareció en una foto con mujeres desnudas.
Con las denuncias ya conocidas empieza a destaparse una nueva caja de Pandora. Hay evidencia del manejo dispendioso y corrupto de los recursos del Micivi en gobiernos anteriores, ligados a sectores del empresariado. Ahora, además, la existencia de redes de trata en diversos espacios gubernamentales ha dejado de ser una sospecha. De manera que si el Ministerio Público (MP) no actúa como corresponde, apegado a derecho, su titular estaría incurriendo en graves irregularidades que incluirían omisión ante estructuras de crimen organizado.
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