Se reitera que todo este jaleo no hubiese ocurrido si el presidente Arévalo no se hubiese tardado tanto en devolver al Congreso el nefasto Decreto 7-2025 ejerciendo su poder constitucional de veto. La semana pasada la CC denegó las solicitudes de amparo para suspender el procedimiento seguido por el Congreso para rechazar el veto presidencial, e impedir la vigencia del decreto dañino.
Al margen de las opiniones técnicas de juristas que consideran escandalosamente errónea la argumentación de la CC, las consecuencias políticas de su actuación son graves. Básicamente, la CC se suma a la conspiración de los grupos de alcaldes y diputados que quieren hacerse del control del presupuesto de la inversión pública. Con esto, terminan de clavar un puñal en la espalda de la Segeplan, y golpean severamente sus facultades para cumplir sus obligaciones constitucionales, en resumen, ser el ente rector de la inversión pública.
Esto se debe a que, como se ha advertido hasta la saciedad, con este decreto las decisiones sobre la aprobación de proyectos ejecutados por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) —que administran la mayor parte del presupuesto de inversión pública en Guatemala— están cada vez menos en manos de técnicos. En cambio, políticos corruptos, o vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, han ganado una cuota importante de poder y control sobre esos proyectos y contratos. La situación es gravísima, porque, con su tardanza, el presidente Arévalo cedió ese control crítico a esos sectores oscuros.
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La crítica al presidente Arévalo admite ampliación, que no por severa deja de ser constructiva. Ante semejante crisis de pérdida de poder y facultades fundamentales del Ejecutivo, cuesta mucho creer que el presidente haya decidido mantener su viaje a Europa y no quedarse a, por ejemplo, cabildear y operar en la CC. Cuesta creer que el presidente y su equipo no entienda el funcionamiento real de las relaciones políticas, en el sentido que, por supuesto, ninguna magistrada o magistrado de la CC aceptaría hablar de este tema con funcionarios de segundo rango, y que un diálogo de tan alto nivel solo podría ocurrir con el residente de la república, en persona.
No se trata de cuestionar la importancia de sus puntos de agenda, incluso la reunión con el Papa León XIV, pero sorprende que se le haya dado más importancia y prioridad a ese viaje que a librar la batalla por el control presupuestario de la inversión pública a cargo de los Codede. Entender que, por importante que sea, el santo padre no les va a resolver la disputa del poder con alcaldes y diputados.
Y si el control presupuestario de la inversión pública en manos de los Codede no se considera tan importante, pues esta decisión de la CC sí que lo es como mensaje político que anticipa qué esperar en los complejísimos procesos de las elecciones de segundo nivel programadas para 2026. Esta derrota en la CC no solo es grave y dañina por el tema del veto presidencial al Decreto 7-2025 y de regalarle al narco y a la corrupción el control de la inversión pública en los Codedes. Es, en definitiva, un muy mal presagio de qué esperar en los cambios en el Tribunal Supremo Electoral, en el Ministerio Público, en la propia CC, en la Contraloría General de Cuentas, en el Banco de Guatemala, en la Universidad de San Carlos de Guatemala y, entre otros, también en las elecciones generales de 2027.
A ver, entonces, si se toma conciencia de lo mucho que está en juego, y hasta ahora, perdiéndose.
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