El martes pasado el Congreso agendó conocer el veto presidencial al nefasto Decreto 7-2025. Luego de varios intentos, este decreto fue aprobado el 2 de septiembre de 2025 con justo el número de votos para la mayoría calificada. La aprobación de urgencia nacional, sin dictamen ni análisis técnico, generó una ola de llamados al presidente Arévalo para que ejerciera el derecho de veto que le confiere el artículo 178 de la Constitución, y evitar así sus efectos fiscalmente dañinos, que numerosas y diversas voces técnicas alertaron.
Ante esta ola de pronunciamientos, era previsible que la oposición no podría sostener la mayoría calificada con la que había logrado aprobarlo y, con ello, no podrían ejercer la primacía legislativa establecida en el artículo 179 constitucional, rechazando el veto presidencial. Así, el martes pasado todo apuntaba a favor del Ejecutivo, Arévalo tenía al alcance de su mano una victoria política legítima, que su Gobierno tanto necesita.
[frasepzp1]
Sin embargo, la oposición maniobró astuta y hábilmente. Basados en una argucia legalista, convencieron a un grupo de diputados de que la devolución del decreto por parte del presidente Arévalo fue tardía y, por ello, procedieron conforme lo dispone la última oración del artículo 179 constitucional, la primacía legislativa. El Congreso formalizó este acto con el Acuerdo número 6-2025, el cual fue aprobado con 86 votos. Nótese, por importante y revelador, sí, cinco más que la mayoría simple, pero 21 menos que la mayoría calificada que se necesitaba para rechazar el veto ejerciendo la primacía legislativa.
En esta escaramuza de procedimientos parlamentarios y formalismos, no se conocieron, menos analizaron y discutieron, los argumentos del Ejecutivo sobre la constitucionalidad, el contenido ni los efectos fiscales del Decreto 7-2025. Fue una maniobra hábil, formal y legalista, para aprovechar que, en efecto, la presidencia de la república se tardó en devolver al Congreso el decreto que estaba vetando, entregándolo al final del plazo constitucional.
Con esta acción, el presidente Arévalo no concretó lo que debía ser un éxito contundente, sino que cae en una espiral de litigio legal en la Corte de Constitucionalidad (CC), que, por supuesto, no controla. Por su tardanza, el Ejecutivo está en riesgo grave de perder otra batalla política, teniendo de su lado los argumentos válidos y la razón sobre el fondo y el contenido. Esto porque la oposición volvió a demostrar que, aún con sofismas y falacias, sus operadores son políticamente más astutos y hábiles, actúan rápido y toman ventaja de la tardanza y la inexperiencia, si no ingenuidad, o más peligroso, de la arrogancia, de miembros del equipo del presidente.
Esto porque, hasta los artífices de los argumentos que fueron aprovechados por la oposición, reconocen que nada de lo que ocurrió hubiese sucedido si el presidente Arévalo hubiese devuelto con antelación el decreto vetado. Dos o tres días hubiesen bastado para desmantelar el argumento de la validez del acuerdo gubernativo 182-2025, el instrumento con que el Ejecutivo formalizó el traslado al Congreso.
Ojalá la CC haga lo correcto, y conceda el amparo solicitado por el Ejecutivo y otros sectores, y suspenda la vigencia del acuerdo aprobado por el Congreso. Sin embargo, esa será entonces una victoria política de la CC, no del presidente Arévalo.
Y ojalá al presidente Arévalo, a su equipo, y muy especialmente a su secretario general, les haya quedado muy clara la sabiduría del refrán que reza «No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy». Y que las batallas que están librando son tanto políticas como técnicas.
Más de este autor