En 2013, la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, inauguró la obra que llevaría su nombre y se culminaría en 2015. Antes de la fecha prevista para la apertura del primer hospital en Ixcán, tal y como refiere el reportaje de Jody García, la construcción quedó abandonada y la empresa Servicios de Construcción Comunitarios y Comerciales (SERCCO), literalmente, se hizo la loca.
Según investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Juan Francisco Sandoval Alfaro, SERCCO se embolsó el monto de poco más de diez millones de dólares, de los que descontó los sobornos pagados. De acuerdo con el trabajo de la FECI original, no la que hoy detenta el corrupto Rafael Curruchiche, SERCCO logró el contrato tras el pago de 20 % de coimas. La mitad entre el entonces gobernador de Quiché y el diputado por el mismo distrito, Heber Cabrera y Estuardo Galdámez, respectivamente.
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Ambos funcionarios ligados al extinto Partido Patriota (PP) que llevó a la presidencia a Otto Pérez y a su segunda, Roxana Baldetti. Mientras Pérez y Baldetti están privados de libertad por sus delitos de corrupción, Cabrera y Galdámez han quedado librados de culpa. Galdámez, militar retirado y kaibil, excandidato presidencial en binomio con Betty Marroquín, estuvo prófugo hasta que, finalmente en 2020, fue capturado. No obstante, en 2024 y por resolución de la jueza Abelina Cruz, quedó libre del caso «Asalto al Ministerio de Salud». Cabe señalar que a Galdámez le encontraron cuentas bancarias en entidades de Suiza y otros países.
Hace una semana, una delegación comunitaria del Ixcán llegó a la ciudad para insistir en las gestiones para reanudar la obra. Sin embargo, a su retorno, Pedro Ricardo Gómez Baca, autoridad indígena de Primavera del Ixcán; Pedro Cedillo, Alcalde Comunitario de San Juan Ixcán y Silvestre Ramírez, enfermero del Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI), murieron en un accidente de tránsito.
En busca de procurar el derecho a la salud, tres personas de Ixcán murieron y otras once sufrieron heridas. Cómo no afirmar que en este país, como dijo el poeta Humberto Ak’abal, para las comunidades rurales todo queda tan lejos. Quienes conocen de la organización comunitaria en Ixcán, saben que el viaje no fue cualquier cosa. Significó no solo la salida desde sus aldeas, sino el compromiso de quienes se quedaron, de cubrir las labores de las personas cuya misión era voluntaria.
Ya habrá tiempo de cobrar cuentas a la corrupción que en estos días cobró la valiosa vida de tres personas. Mientras, en los anales de la miseria habrán de quedar grabados los nombres malditos de quienes lucraron con la vida durante los gobiernos de Perez y Baldetti, así como de sus sucesores, los no menos corruptos Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
Por ahora, para honrar la vida y la memoria de quienes cumplían una tarea comunitaria al venir, las autoridades centrales están obligadas a encontrar la solución inmediata al entuerto. La salud de las personas en Ixcán no puede ser atendida exclusivamente por un CAIMI, ubicado además, en las instalaciones del destacamento militar. Desde el Gobierno y el Congreso, se debe garantizar que se concluya la obra mediante los procesos que les competan y que han de ser agilizados. La corrupción no puede seguir matando.
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