La gavilla Porras Argueta

La transición constitucional en Guatemala, a mediados de los años 80, puso en vigor la actual Carta Magna que garantiza libertades y derechos. Esa Constitución reconoce los derechos de organización y libre asociación, de reunión y manifestación, así como el acceso a la información y petición a las autoridades. En su desarrollo garantista, el texto que formuló la Asamblea Constituyente incorpora el derecho de resistencia como expresión de rechazo a la imposición dictatorial.

Ese derecho inspiró las movilizaciones de octubre 2023 a enero 2024, en defensa del orden democrático y ante el enorme riesgo de vulneración de la voluntad electoral de la ciudadanía. A lo largo y ancho del país, emergió el liderazgo de los pueblos originarios quienes, en una alianza naturalmente gestada con las bases organizadas de los barrios populares de la ciudad, desarrollaron la resistencia al golpismo que encabezó Porras Argueta.

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La jefa del MP  pretendía impedir que las autoridades electas asumieran y utilizó su poder para lograrlo. Llegó al extremo de secuestrar registros electorales, algo que ni las peores dictaduras militares ejecutaron en el pasado. Buscó por todos los medios cometer un fraude que, como en 1974 cuando se impuso a Kjell Laugerud, subiera a la presidencia a quien no había ganado en las urnas. Usó y abusó del poder, como cualquier cabeza de dictadura.

Al no alcanzar su propósito, Porras Argueta y la gavilla que le acompaña apuntan sus tridentes contra la sociedad. Al igual que ejecutaron la venganza de los corruptos contra operadores de justicia que persiguieron a esos criminales, ahora Porras y su banda, persiguen a la digna resistencia ciudadana.

Usan indebidamente el derecho penal, como se ha dicho hasta el hartazgo, para castigar la protesta social. A tal extremo que Luis Pacheco y Héctor Chaclán, expresidente y extesorero de la Junta Directiva de 48 Cantones de Totonicapán, respectivamente, han sido privados de libertad ilegalmente. Tal es la planificación perversa que el MP se ausentó de la audiencia de primera declaración programada, a fin de esperar a que estuviera de turno una jueza afín a sus propósitos. No es casualidad que Carol Patricia Flores, en tanto jueza de turno, decidiera ligar a proceso y enviar a prisión preventiva a los líderes comunitarios.

Probablemente el afán criminal no termine allí y continúen las capturas espurias y, para variar, con casos en reserva. Esta medida no busca garantizar la labor investigativa del ente fiscal sino servir de muralla al ejercicio del derecho de defensa que la Constitución garantiza. La cauda de crímenes de la gavilla Porras Argueta es enorme. Con cada caso espurio que han montado reiteran la violación a la Constitución, el perjuicio al debido proceso (incluida la presunción de inocencia), el abuso de las garantías procesales para perseguir y, sobre todo, la tortura para asegurar falsas confesiones.

Pero, no hay  mal que dure cien años ni pueblo que lo resista. Consuelo Porras Argueta y su cohorte de criminales en el MP tienen los días contados. Más temprano que tarde tendrán que dar cuenta de sus delitos y del gigantesco daño que han provocado a Guatemala y a sus pueblos. No se escaparán de rendir cuentas por todos sus crímenes. Mientras eso llega, corresponde seguir exigiendo la libertad para todas las personas prisioneras políticas en Guatemala. #LibertadParaLuisYParaHéctor.