Esta es la segunda sentencia condenatoria contra Virginia Laparra, quien tan solo cumplía con su función en el marco del Estado de derecho. En el primer caso, la denuncia fue interpuesta por Lesther Castellanos, entonces titular de un tribunal. Laparra ejerció su función al presentar denuncia administrativa contra Castellanos, ahora incluido en la lista Engel, del Departamento de Estado de Estados Unidos, por ser agente corrupto y atentar contra la democracia. En ese proceso, Castellanos la señaló de abuso de autoridad por haber denunciado un delito en el que incurrió el togado, luego premiado con la titularidad del Mecanismo Nacional Contra la Tortura.
En el segundo caso, tan espurio como el primero, figuran como querellantes adhesivos, el exjuez Lesther Castellanos y el abogado Omar Barrios, también compañero de lista Engel, no precisamente por su honradez. En este caso, la denuncia contra la exjefa de la FECI de Quezaltenango es por supuestamente haber revelado información reservada. El caso en cuestión está tan montado que la prueba es una nota de prensa y el audio en donde Laparra solicita cancelar una audiencia, precisamente por la publicación de marras.
En este caso, al igual que en los procesos de venganza por defender el estado de derecho, el Ministerio Público (MP) lejos de cumplir con su función se limitó a seguir el libreto de los secuestradores de la justicia. Ni siquiera se dignaron a investigar, pues sabían de antemano que sus acciones estarían respaldadas. Total, el proceso se inició para seguir dañando la integridad de una profesional que ha dado muestras de honradez y dignidad, dos cualidades de las que sus acusadores carecen.
[frasepzp1]
Además de montar procesos sin base legal, tanto el MP como las judicaturas incurren en varios delitos contra el debido proceso. En tal sentido, Amnistía Internacional (AI), que declaró a Laparra presa de conciencia, señaló que en este proceso hay marcadas violaciones al derecho de defensa. Una característica de los procesos que el MP, dirigido por la también incluida en lista Engel Consuelo Porras Argueta, impulsa contra personas operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos, funcionarias del actual gobierno o integrantes del partido político Movimiento Semilla.
Ante la condena ilegal y obviamente injusta, Virginia Laparra reaccionó como lo ha hecho a lo largo del proceso de criminalización que enfrenta. Laparra mostró una altura moral, una dignidad a toda prueba y se alzó contra sus detractores con la honradez que la caracteriza.
El camino por recorrer aún es largo y tortuoso. Las apelaciones en ambos casos deberán seguir el camino minado que hoy día representa litigar en Guatemala. Un camino lleno de zapadores de la justicia y el Estado de derecho que buscan impedir que nuestra sociedad disfrute de un sistema que le garantice justicia pronta y cumplida.
Estando a las puertas de la designación de nuevas candidaturas para ocupar las altas cortes, habrá que ver si las Comisiones de Postulación siguen rechazando las tachas contra candidaturas inaceptables, documentadas con publicaciones de prensa. Si un juez se atrevió a condenar a una inocente con base en una publicación, quienes integran las postuladoras no tienen base para negarse a considerar objeciones a partir de las notas de prensa. A menos que compartan el criterio de que la sentencia del juez de León carece de base legal y es inaceptable que se condene la honradez para satisfacer los intereses del pacto de golpistas.
Más de este autor