La CEH concluyó en su investigación que la violencia contra la población civil no combatiente dejó más de 240 mil personas ejecutadas arbitrariamente y más de 50 mil detenidas desaparecidas, entre las que hay más de cinco mil niñas y niños. También se registra el desplazamiento forzado de más de un millón de personas y el exilio de varias decenas de miles.
El 94 % de esas acciones es atribuida a las fuerzas del Estado, un 4 % a fuerzas paramilitares controladas por el Ejército y un 2 % a la insurgencia. El Estado guatemalteco desarrolló una maquinaria terrorista con tal grado de maldad que fue capaz de arrasar con más de 400 aldeas, violar a mujeres adultas, ancianas y niñas, así como asesinar a mujeres embarazadas. La base ideológica de estos crímenes se sustenta en el racismo que se adhiere como lapa al ADN de las élites dominantes en lo económico, quienes crearon su fuerza militar ad hoc.
Desde el punto de vista analítico, la mayor conclusión de la CEH refiere que las fuerzas armadas de Guatemala cometieron genocidio, crimen que se llevó a cabo contra la población maya, principalmente los pueblos ixil, quiche’, q’eqchi’ y mam, entre otros.
La perseverancia y tenacidad de las familias de víctimas y sobrevivientes del pueblo ixil, hizo posible que los tribunales nacionales dictaminaran que hubo genocidio y que el jefe de estado, Efraín Ríos Montt era culpable. De la misma forma, familias –principalmente del pueblo q’eqchi’– evidenciaron que la zona mliitar de Cobán, Alta Verapaz, era una gigantesca sepultura de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno. El trabajo de exhumación mediante proceso de antropología forense permitió recuperar más de 500 cuerpos de personas con residuos de ataduras en pies y manos o mordazas, así como obvias señales de violencia armada. Poco a poco, el proceso de identificación permitió reconocer a cerca de 200 persona que estaban desaparecidas.
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El caso conocido como Creompaz, por las siglas de la función ahora asignada a la base de Cobán, también mostró las patrañas con las que el Ejército pretendió engañar a la justicia. Argumentaron que era un cementerio de pueblos ancestrales, luego que eran sepulturas facilitadas a la comunidad por pérdidas de vidas en el terremoto de 1976. Sin embargo, la contundencia de la prueba mostró no solo la mentira castrense, sino la perversidad de usar instalaciones militares, pagadas con nuestros impuestos, para sepultar sus crímenes.
En virtud del significado de hacer oir la verdad mediante el informe de la CEH, el Congreso resolvió que el 21 de junio se instituía el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Además, se creó el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), el cual fue debilitado desde el gobierno de Otto Pérez Molina y desmantelado durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
No obstante, las asociaciones de víctimas, las organizaciones de pueblos originarios y las organizaciones de justicia transicional y memoria, continúan procurando justicia, además de hacer ejercicio de memoria y reivindicar la vida de quienes sufrieron en sus cuerpos la crueldad del Estado terrorista.
Hacer memoria de la barbarie es un acto de justicia y también es un acto de dignidad. Procurar que los hechos revelados por el informe de la CEH sean juzgados por las cortes es un derecho inalienable de las víctimas, sus familias y una necesidad imperiosa para la sociedad. Guatemala y sus pueblos no pueden soslayar estos hechos sino, por el contrario, se debe garantizar justicia.
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