En el informe sobre libertad de prensa, de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), Guatemala ocupa el puesto 127 de 180 países evaluados. Esta posición en los últimos niveles, es un indicador claro de las circunstancias en las cuales se ejerce la actividad periodística en nuestro país.
Aunque el 30 de noviembre se conmemora el día de las y los periodistas, en realidad este año hay muy poco que celebrar. El derecho a informar y a que la sociedad esté informada es constantemente vulnerado por las autoridades estatales. Desde el organismo ejecutivo se ha criminalizado y estigmatizado a periodistas que desarrollan investigaciones que cuestionan el manejo arbitrario de los recursos nacionales. En el organismo legislativo se han generado también acciones contrarias a la libertad de prensa y siguen sin ser conocidas propuestas de ley encaminadas a democratizar el espectro radiofónico.
El sistema de justicia merece mención aparte, puesto que en este año ha sido el verdugo de la prensa. Finalmente y después de las intensas presiones y hostigamientos recibidos, elPeriódico cerró definitivamente. Su fundador, José Rubén Zamora Marroquín, cumple más de un año de estar privado de libertad por las sindicaciones que le ha hecho el Ministerio Público (MP). Un caso cuyas irregularidades han sido ampliamente difundidas, sigue tramitándose en las cortes sin que se vislumbre un cambio en esa línea.
A integrantes del equipo de elPeriódico se les ha forzado al exilio y amenazado con persecución penal, tan solo por haber cumplido con su labor profesional. Periodistas de otros medios de comunicación también se encuentran fuera del país ante el riesgo que para su integridad representa permanecer en el país.
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Si un parámetro del estado de salud de la democracia es la libertad de prensa, podemos decir que, en las actuales circunstancias, Guatemala se encuentra profundamente enferma. A tal grado que en las más recientes actuaciones del MP –en el caso espurio contra docentes y estudiantes universitarios– se enarboló como prueba de acusación el uso de la libertad de expresión ciudadana. Una práctica que previamente había sido impulsada cuando la jefa del MP acudió en amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) alegando sentirse amenazada por publicaciones en redes sociales en las que se cuestionaba su labor y se exigía su renuncia.
Pretender imponer censura o silenciar la palabra ha sido la tónica de las dictaduras en todo momento. Así se vivió durante los gobiernos de Manuel Estrada Cabrera, Jorge Ubico, las dictaduras militares de los años 70 y 80, así como el corto período dictatorial de Jorge Serrano Elías, el siglo pasado. En fechas recientes, desde el gobierno de Otto Pérez Molina y el de Jimmy Morales se ejerció presiones contra quienes realizan la tarea de informar a la sociedad. Sin embargo, en la era presente los actos más graves se han realizado durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Los índices de violación a la libertad de prensa son directamente proporcionales a los niveles de corrupción del régimen y sus pares en los otros organismos del Estado, y con ello de agresión al derecho de la sociedad a estar informada.
Guatemala puede sentirse orgullosa de la presencia de un núcleo de periodistas valientes, jóvenes en su mayoría, que desafían al autoritarismo para garantizar que nos informemos. Sin embargo, son profesionales de la prensa que también arriesgan su integridad por llevar a cabo su labor. De tal suerte que cada persona en Guatemala está llamada a proteger la labor de la prensa, exigir que se le informe con veracidad y sin mentiras, denunciar las prácticas de la desinformación que provienen de núcleos de apoyo al golpe a la democracia y saludar y proteger a quienes informan pese al riesgo al que se enfrentan.
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