Aunque nació con pecado original pues buena parte del cuerpo de su antecesora, la Policía Nacional (PN), se «recicló» en la PNC. Cuando inició aún gozaba de respeto social. Lamentablemente, con el paso del tiempo, las fallas en la construcción pasaron factura y se requirió de procesos de reforma en profundidad. De la PNC que requería formación, despliegue y controles democráticos, se había llegado a una entidad permeada por la corrupción, el irrespeto al estado de derecho y, sobre todo, plegada de nuevo a la entidad castrense. No cabe duda de que la PNC fue sometida a un proceso deliberado de regresión, que la convirtió en una entidad abandonada, con personal desmotivado o comprometido con estructuras criminales y de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). El exministro Carlos Vielman y su equipo, incluido el jefe de la PNC, Erwin Sperisen y el entonces director de presidios Alejandro Giammattei, se embarraron en la operación que derivó en ejecuciones extrajudiciales en el centro de privación de libertad de Pavón. Vielman y su equipo también resultaron involucrados en la ejecución de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), en una acción supuestamente vinculada a narcoactividad y, la posterior ejecución, en una cárcel, de los agentes de PNC sospechosos de realizar el crimen.
Debilitada al extremo, la PNC paulatinamente dio paso a un proceso de reforma encaminado a superar las fallas. No obstante, no avanzaba gracias a las disposiciones díscolas, por decir poco, de Jimmy Morales en la presidencia, el Ministerio de Gobernación (Mingob) y con ello la cabeza central de la PNC fue ocupada por Enrique Degenhart, de dudosos antecedentes como interventor de la Dirección de Migración.
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Bajo la tutela de Degenhart, cuando la reforma no se consolidaba, la PNC sufrió cambios de tal magnitud que la dejaron, literalmente, en trapos de cucaracha. Bajo la dirección de Degenhart, las cúpulas de conducción de la PNC fueron cambiadas como quien se muda de playera en tiempos calurosos. A tal grado, que finalmente se asentó cuando la cúpula a cargo respondía a los intereses del titular de Gobernación. Fue ese gobierno y la corrupción rampante durante el gobierno de Alejandro Giammattei los que llenaron de nuevo a la PNC de CIACS, grupos delincuenciales y manejo irregular, dejando a las y los buenos agentes, al igual que a los operadores de justicia decentes, en total aislamiento.
La prueba está en los sucesos del 18 de abril. Dos personas que podrían haber sido amonestadas o, en caso extremo privadas de libertad por escándalo, fueron víctimas de una gravísima agresión policial. Vaya, se trataba de dos bolos haciendo relajo en la calle, pero uno de ellos, Milton Santamaría, ciudadano canadiense, murió por los golpes recibidos en la subestación. En tanto que, Edin Choc Xi, guatemalteco, está, al menos al cierre de esta edición, desaparecido. Ambos fueron capturados por un equipo de cuatro agentes de la PNC que ya están ligados a proceso por ejecución extrajudicial. Sin embargo, el jefe de la subestación de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, el suboficial Edy Leonel Vásquez Rabanales, está prófugo.
Más allá de las responsabilidades institucionales del actual ministro de Gobernación Francisco Jiménez e incluso, el propio presidente Bernardo Arévalo, con profunda experiencia en procesos de reforma a seguridad, saben del desafío que este caso representa.
El descuido y la perversa gestión de administraciones anteriores, vinculadas a la corrupción y el golpismo, deja una institución policial que en estos momentos es una enorme brasa encendida en las manos. La reforma que requiere la PNC es profunda y demanda acción no solo gubernamental sino social. Se trata de resolver este caso, pero también de tomar la sartén por el mango y limpiar la PNC, reformar la entidad y depurarla para que sirva a la sociedad con profesionalismo, eficiencia y apego irrestricto al estado de derecho en una sociedad democrática.
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