Guatemala es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Desde la década de 1970, se han registrado incrementos en las temperaturas y cambios en los patrones de precipitación, lo que ha afectado gravemente la agricultura, especialmente en los períodos críticos de siembra y cosecha. El Dr. Pons destacó que la frecuencia de eventos climáticos extremos, como sequías y olas de calor, ha aumentado, reduciendo la productividad alimentaria tanto a nivel global como local. Esta situación no solo amenaza la seguridad alimentaria, sino que también repercute en la economía y la salud de la población.
Uno de los aspectos más preocupantes que mencionó el Dr. Pons es la falta de datos a largo plazo, lo que dificulta la comprensión de la relación entre clima y seguridad alimentaria. La escasez de estaciones meteorológicas en ciertas regiones provoca que muchos modelos de pronóstico sean inexactos, lo que puede llevar a decisiones políticas erróneas. La recopilación de datos precisos es fundamental para el desarrollo de políticas efectivas y para la implementación de sistemas de alerta temprana que permitan a los agricultores anticiparse a los cambios climáticos.
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La agricultura en Guatemala, que depende en gran medida de cultivos como el maíz y el café, se enfrenta a un futuro incierto. Las proyecciones indican que, ante un aumento de la temperatura global, la producción de estos cultivos podría disminuir drásticamente. Además, la inseguridad alimentaria se ve exacerbada por la pobreza extrema, donde muchas familias poseen tierras insuficientes para sostenerse. El análisis del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) revela que las familias con inseguridad alimentaria suelen tener entre 0.02 y 0.05 hectáreas de tierra sin título, lo que limita su capacidad de autosuficiencia.
La población rural, que en su mayoría depende de la agricultura, se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad. Los eventos climáticos extremos no solo afectan la producción de alimentos, sino que también impactan la disponibilidad de empleo en sectores como el café. La interconexión entre el clima y la seguridad alimentaria se vuelve evidente cuando se considera que muchas familias no solo dependen de sus cultivos, sino que también necesitan ingresos adecuados para poder comprar alimentos.
En su conferencia, el Dr. Pons enfatizó la importancia de las acciones anticipatorias como medidas proactivas que se activan a partir de pronósticos climáticos. Estas acciones buscan mitigar los impactos negativos en la producción agrícola y son esenciales para garantizar la seguridad alimentaria. Para que sean efectivas, es necesario que existan sistemas de pronósticos bien estructurados y planes de acción predefinidos, que incluyan financiamiento ya acordado.
La implementación de sistemas de alerta temprana es crucial para que los agricultores puedan tomar decisiones informadas. Por ejemplo, el establecimiento de calendarios de cultivo que consideren las necesidades hídricas de los cultivos puede hacer una gran diferencia en los rendimientos productivos. Asimismo, es fundamental que estas acciones sean institucionalizadas y que incluyan a comunidades marginadas en los procesos de toma de decisiones. Actualmente, contamos con un comité de pronóstico que genera informes trimestrales, gracias al esfuerzo de técnicos de SESAN comprometidos con la seguridad alimentaria en Guatemala. Sin embargo, este sigue sin ser reconocido ni tomado en cuenta en las decisiones de gestión pública. En la misma línea, el grupo encargado de clasificar la inseguridad alimentaria en fases (CIF) opera sin el reconocimiento y sin la evaluación de calidad que se realiza en otros países.
La falta de información precisa sobre las variaciones en las precipitaciones y su impacto en la agricultura limita la capacidad de respuesta ante los cambios climáticos. La creación de más estaciones meteorológicas y un sistema de monitoreo robusto son esenciales para facilitar la adaptación y la resiliencia ante el cambio climático. Además, es fundamental que las políticas públicas en Guatemala aborden estas cuestiones estructurales, como la pobreza y la salud, para garantizar un enfoque integral en la lucha contra la inseguridad alimentaria.
Los eventos climáticos han intensificado la vulnerabilidad en las zonas del norte del país, especialmente en Alta Verapaz, donde, lamentablemente, se ha concentrado la mortalidad por desnutrición aguda en niños menores de cinco años. La situación actual exige un enfoque urgente, proactivo y contundente que incluya la implementación de acciones anticipatorias, la recopilación de datos precisos y la promoción de soluciones basadas en evidencia, así como la participación y la rendición de cuentas hacia las comunidades
Es imperativo que tanto las autoridades gubernamentales como la población en general se sensibilicen sobre la urgencia de abordar estos desafíos. La seguridad alimentaria no solo es un derecho humano fundamental, sino que también es esencial para el desarrollo sostenible del país. Si no se toman medidas inmediatas, las consecuencias del cambio climático podrían ser devastadoras para las generaciones futuras. Es crucial que se demuestre que la seguridad alimentaria es una prioridad para el gobierno, el cual debe asumir la responsabilidad de proteger a la población del hambre y de los efectos devastadores de las omisiones de administraciones anteriores, así como de los retos que plantea el cambio climático.
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