En estos pasados días, el tema recurrente de la mayor parte de análisis político es el cumplimiento del plan que el ahora presidente Bernardo Arévalo presentó el 3 de agosto de 2023, cuando todavía estaba en la campaña por la segunda vuelta electoral. Se comprometió a trabajar en cuatro ejes, los más relevantes: el combate a la corrupción y la orientación de la acción del Gobierno para que fuera atento a las necesidades ciudadanas.
La evaluación de los primeros cien días del Gobierno de Arévalo empieza por enfatizar que este período de tiempo es arbitrario, fue establecido como estándar por el presidente Franklin D. Roosevelt el 4 de marzo de 1933, cuando prometió: «Este país exige acción, y una acción inmediata». Por supuesto, Roosevelt contaba con factores favorables que lo impulsaron a prometer tal orientación a resultados en un período tan corto, contexto que, ciertamente, no se parece en nada al del gobierno del Partido Semilla, por lo que he afirmado en un análisis previo que lo que se puede esperar del nuevo gobierno es una actitud diferente a la que caracterizó a los gobiernos anteriores.
En ese aspecto, Bernardo Arévalo puede ser evaluado exitosamente. En primer lugar, él mismo se puso un estándar demasiado alto que elevó la esperanza ciudadana a un cambio que ha motivado a la sociedad a estar atentos a procesos que antes apenas acaparaban la atención. El proceso de elección de gobernadores fue el ejemplo perfecto: diseñó un proceso que generó una alta participación ciudadana, llegando al número récord de más de mil quinientos expedientes para cubrir las veintidós plazas disponibles, pero el problema de fondo es que la estructura sobre la que descansa la elección, los consejos de desarrollo, está actualmente plagada de intereses corporativos que difícilmente permitió postular candidatos probos y capaces.
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Un segundo aspecto es que, pese a algunos errores de nombramiento, Arévalo ha iniciado un proceso de evaluación y remoción de malos funcionarios públicos, prometiendo que será muy contundente con quien no esté a la altura de las expectativas. El despido de la ministra de Ambiente María José Iturbide, al ser sorprendida usando recursos del Estado para beneficio personal, es un ejemplo de esta actitud anticorrupción de la cual todos esperan mucho. Según información oficial, se han presentado 34 denuncias por corrupción, y se espera que este proceso continúe, aunque la mala noticia es que tiene un entorno judicial que difícilmente hará eco de tales denuncias.
Un tercer aspecto es la crítica respecto a la relativa inacción del presidente Arévalo en contra de sus opositores, especialmente lo referido a la jefa del Ministerio Público Consuelo Porras, así como también el nombramiento de algunos personajes de dudoso proceder. Al respecto, hay que entender que un gobierno tan débil como el de Arévalo, debe hacer concesiones si pretende sobrevivir, especialmente por el cerco político e institucional que le han impuesto sus opositores desde el momento en que se supo que tenía posibilidad de ganar. La prolongada crisis del segundo semestre del 2023 tuvo como objetivo debilitar la capacidad de acción del nuevo gobierno, objetivo que fue alcanzado a plenitud. La inacción, por lo tanto, es producto de las condiciones adversas que limitan seriamente la capacidad de acción del nuevo gobierno.
Bajo ese asedio político, en el contexto de una institucionalidad plagada de intereses corporativos, y con una ciudadanía crecientemente exigente respecto a resultados, no se puede pedir demasiado al presidente Arévalo, excepto sentar las bases para un cambio futuro. Las voces que ya hablan abiertamente de una decepción deberían pensar dos veces su conclusión, imperceptiblemente están construyendo las condiciones para que el pacto de corruptos retome el control de las instituciones del Estado, quizá ahora, de manera definitiva. La premisa es clara, si un presidente tan preparado y bien intencionado como Arévalo no logra afianzarse, ninguno de este lado de la historia lo logrará. El consecuente mensaje de desesperanza sería devastador.
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