El Plan de Gobierno de Semilla promete reducir la desnutrición crónica en 10%. A partir del 14 de enero 2024 encontrará una grave disfuncionalidad en la administración y prestación de servicios públicos en Guatemala. También en las entidades responsables de prevenir y tratar las múltiples causalidades de la desnutrición e inseguridad alimentaria.
Los olvidados, marginados y excluidos de siempre, desde la pandemia se encuentran expuestos a otros shocks de características, biológicas, económicas, políticas y sociales que aumentan la posibilidad de estar a las puertas de una crisis humanitaria. Y son la mayoría de los habitantes de este saqueado y empobrecido territorio.
De forma contradictoria, existe un superávit en la recaudación fiscal de los dos últimos años dedicado a carreteras no construidas y corrupción que dejaron por un lado las necesidades urgentes como tratar la desnutrición. En este ejercicio se describe la situación y acciones viables, no para reducir la desnutrición sino para aportar a mitigar una crisis en los primeros 100 días del nuevo gobierno.
Contexto de la desnutrición e inseguridad alimentaria en Guatemala
La desnutrición crónica se define como la falta de talla adecuada para la edad, provoca deficiencias físicas, cognitivas y un mayor riesgo de enfermedades. Esta condición es una condena al subdesarrollo y la pobreza para casi la mitad de la niñez menor de 5 años que la padece (según la desactualizada Encuesta Nacional de Salud Materna Infantil del 2015).
En 31 años se ha logrado disminuir 16.7% la cifra; equivale a un promedio de 0.50 puntos porcentuales por año. Sin embargo, Oxfam determinó que en dos departamentos de Guatemala existe una alarmante prevalencia del 68.9 % de desnutrición crónica en la niñez. Indica un aumento por lo menos en estos dos departamentos. Reducir la desnutrición crónica 10 % en los próximos cuatro años como se propone en el plan de gobierno de Semilla es una meta que no se alcanzará. No por falta de voluntad política, sino por el trágico desprecio de los anteriores gobiernos al problema y que las nuevas autoridades recibirán aumentado por las causas descritas más adelante.
En cuanto a la desnutrición aguda, se caracteriza por una deficiencia de peso para la talla y puede causar graves problemas de salud e incluso la muerte. Los casos de desnutrición aguda experimentan un aumento sin precedentes en Guatemala. Hasta el 16 de diciembre 2023 se reportaron 25 mil 237 casos, equivalente a un incremento del 26 % en comparación con el año anterior. Además, se han registrado 54 lamentables muertes relacionadas con la desnutrición aguda en niñez menor de 5 años, principalmente en Alta Verapaz.
Actualmente los programas implementados se han centrado en los primeros mil días de vida de los niños, pero no han alcanzado las metas programadas ni han abordado con contundencia la falta de protección social y salud preventiva para la niñez y sus familias.
Perdidas agrícolas 2023
La Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural (DICORER) del Ministerio de Agricultura (MAGA), reportó daños por sequía agrícola en 53 mil 129.82 hectáreas de cultivos de maíz y frijol (aproximadamente, 4 mil 830 estadios Doroteo Guamuch Flores), lo cual afectó a 101 mil 184 familias en 75 municipios en los departamentos de: Alta Verapaz, El Progreso, Retalhuleu, Zacapa, Quiché, Escuintla, Suchitepéquez, Baja Verapaz, Santa Rosa, Jutiapa, Chiquimula, San Marcos y Sacatepéquez. La DICORER también reportó daños por inundaciones en 6 mil 964.16 hectáreas de cultivos de maíz y frijol, lo cual afectó a 37 mil 052 familias. La estimación de la pérdida económica provocada por ambos eventos asciende –aproximadamente– a 206 millones de quetzales.
Inseguridad alimentaria
Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) se estima que 4.3 millones (26 % del total de la población) de personas guatemaltecas están en situación de inseguridad alimentaria. De estas, 3.8 millones están en una situación moderada y 0.5 millones en una situación severa, es la cantidad más alta de personas en inseguridad alimentaria de todos los tiempos.
La evaluación del PMA es la fuente principal de información para clasificar en fases la seguridad alimentaria en Guatemala (CIF), un informe previamente a su publicación debe validarlo el gobierno. Este año indica que estamos un «poco mejor» que el año anterior, algo incoherente y contrario al informe de la evaluación de seguridad alimentaria realizada en terreno.
¿Por qué de la situación?
El actual escenario es el resultado de la inacción del Estado para atender las causas y determinantes de la malnutrición e inseguridad alimentaria. En especial en las comunidades más postergadas de Guatemala, sumada una serie de eventos y situaciones suscitados en el territorio que acumularon vulnerabilidad descritas a continuación.
La reducción de coberturas de salud y presupuesto en los últimos años afectan la primera línea de prevención y atención a la malnutrición
Los reciente eventos como la pandemia por Covid19, que además de afectar el acceso a los alimentos por las medidas de confinamiento, interrumpió la entrega de los servicios de salud, y que a la fecha en la mayoría de las redes de servicios del país no han logrado recuperar la cobertura anterior a la pandemia.
Por ejemplo, Alta Verapaz, con el más alto porcentaje de población en inseguridad alimentaria y muerte por desnutrición aguda en los últimos tres años, se redujo la producción de todas las consultas de salud hasta aproximadamente el 25% (referencia 2019-2021). Así también, se redujo la ejecución de presupuesto para entregar insumos y recursos para prevenir la mortalidad y desnutrición crónica infantil o programa 14, sin alcanzar a la fecha la ejecución de 2019 para ese programa.
A nivel Nacional, el programa 14 no ha logrado alcanzar las ejecuciones de 2015, lo cual es una clara regresión de derechos, especialmente a la salud y alimentación de los últimos tres gobiernos.
En este punto es importante mencionar que en departamentos como Alta Verapaz, hasta el 60% del total de su población contaba con los servicios del Programa de Extensión de Cobertura (PEC) en 2014, asumidos a partir de 2015 por el personal de las áreas de salud del Ministerio de Salud (MSPAS) (ahora redes de servicio), sin considerar a los miles de voluntarios comunitarios que realizaban vigilancia en salud. Se perdieron procesos como las salas comunitarias de salud, asambleas comunitarias, auditoria social y sobre todo coberturas, la abrupta interrupción del —PEC— es sin duda un factor que acumula vulnerabilidad a las familias rurales de Guatemala.
El Programa 14 aporta los mínimos para asistir a la niñez para prevenir y tratar la desnutrición en primera instancia, sin embargo, las coberturas son bajas, las metas no se alcanzan, se reducen los presupuestos. Al ampliar el análisis al gasto de los más 10 mil millones de quetzales asignados al Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2023, se evidencia: bajas coberturas (poca población a que llega los servicios) y deficiente administración del gasto (procesos administrativos lentos que no responden a lo planeado o necesidades inmediatas), además de incluir acciones que precisamente no aportan a resolver el problema.
Pérdidas por déficit y exceso de lluvias
Por los efectos de las tormentas Eta e Iota en 2020, según reporte de MAGA dejó a 204 mil 500 familias afectadas, 39 % de ellas consideradas en infra subsistencia y 51 % en subsistencia. El 90 % de las familias afectadas no tuvieron medios para recuperar las pérdidas. Por la emergencia se decretó Estado de Calamidad en diez departamentos.
En 2023, el territorio se encontró bajo los efectos del fenómeno de El Niño y en consecuencia el MAGA reportó hasta octubre, 138 mil 236 familias damnificdas de las cuales 73 % por déficit de lluvia y 27 % por exceso (sin contabilizar las afectadas por la tormen tropila Pilar y frentes fríos). Las familias dañadas en 2023 corresponden al 68 % de la afectación por Eta e Iota.
Históricas alzas de granos básicos e insumos agrícolas.
Las perdidas agrícolas de los últimos años, el aumento de precios de la canasta básica por la pandemia y el conflicto entre Rusia-Ucrania, hizo que los granos básicos tuvieran los precios más altos de los últimos seis años. De igual manera, los insumos agrícolas provenientes de Rusia aumentaron de precio, principalmente los fertilizantes. Lo anterior contribuyó al aumento de precios de los alimentos, bajo rendimientos de los cultivos y/o desmotivó a realizarlos.
Sumado a lo anterior, el salario mínimo vigente cubre el 86.4 % del costo de la Canasta Básica Alimentaria con una tendencia al aumento de la brecha para finales de año. Sumando los anteriores determinantes de inseguridad alimentaria descritos, se prevé aumente y se generalice la precariedad alimentaria en el país. Son necesarias acciones anticipatorias a una crisis humanitaria.
Los expertos en gestión integral del riesgo pronostican un evento de grandes dimensiones y/o otros eventos menores que pueden afectar los medios de vida e infraestructura en los próximos años, lo cual agravará la situación de no atender con la contundencia requerida la problemática.
Recomendaciones viables para mitigar la crisis (primeros 100 días)
Tomando en cuenta la coyuntura política, la incertidumbre del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para 2024, y la demanda social de los pueblos indígenas respecto al acceso a los servicios de salud y programas sociales, se proponen las siguientes acciones viables para atender la crisis de forma urgente:
1) Nombrar personas con conocimiento, experiencia y que prioricen/trabajen a favor de la seguridad alimentaria en todos los ministerios y secretarias que conforman el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (CONASAN). Una forma de responder a las demandas contra la corrupción será elegir cuadros sin ninguna vinculación a las últimas administraciones públicas, caracterizadas por la corrupción y desinterés de abordar la problemática. En este punto es importante resaltar que el servicio y la defensa de las acciones de los gobiernos anteriores en materia SAN es igual a complicidad de algunos técnicos en la crisis.
2) Replantear las metas propuestas en el plan de gobierno, porque reducir la desnutrición crónica en 10 % es una meta no viable debido a la crisis generada por la acumulación de vulnerabilidad y ausencia de Estado de los últimos 12 años. Una meta viable será alcanzar y mejorar las coberturas de antes de la pandemia en materia de atención primaria en salud y programas sociales.
3) Evaluar la declaración de Estado de Calamidad por las pérdidas agrícolas, inseguridad alimentaria y aumento de casos de desnutrición aguda sin precedentes a causa de el Fenómeno del Niño, eventos naturales/biológicos no atendidos. Hasta octubre, se registran 138 mil 236 familias con pérdidas agrícolas equivalentes al 68 % de familias afectadas por las tormentas Eta e Iota en 2020.
4) Las brigadas nutricionales son una acción de emergencia para la búsqueda activa de niñez con desnutrición aguda impulsada por cooperación a partir de la pandemia, se pretendió dar sostenibilidad con la asignación de 50 millones de quetzales al MSPAS para funcionamiento de 90 brigadas. En la actualidad tratan de funcionar 38 y según SIGES, la ejecución presupuestaria a noviembre 2023 es de 39 %. Es decir, casi al final de año se han ejecutado menos de la mitad de los fondos. Por ello, es necesario reorientar los recursos de las brigadas y aumentarlos para contratar la entrega móvil de paquetes básicos de salud que cubran al total de población infantil y mujeres en territorios con más inseguridad alimentaria y desnutrición aguda, como en municipios de Alta Verapaz.
Además, las funciones esenciales de los equipos móviles de salud deberán entregar el paquete de servicios de acuerdo con las normas de salud; registrar las producciones para mejorar las coberturas y reorganizar a los voluntarios y comunidades a favor de la salud. Incluye asambleas comunitarias, censos locales y auditoria de la calidad de entrega de los servicios comunitarios. Está más que demostrado que el aumento de personal en las redes de servicios de salud no ha mejorado las coberturas, precisamente por la disfuncionalidad administrativa-técnica. La acción antes planteada es de emergencia, preventiva e imprescindible para desactivar una crisis humanitaria.
5) Fortalecer el extensionismo del MAGA con recursos e insumos necesarios para mejorar la cobertura de asistencia técnica a los productores para el próximo ciclo agrícola. Es necesario reprogramar el presupuesto y aumentar el doble de recursos humanos e insumos en los territorios con los mayores reportes de perdidas agrícolas en los últimos años, Alta Verapaz y Franja Transversal del Norte, principalmente.
6) Evaluar y monitorear la entrega de programas sociales utilizando el Registro Único de Usuarios Nacional (RUUN). Una opción puede ser el Registro Social de Hogares (RSH) sensible al género, ya probado en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y crear un Sistema de Información Social que permita tomar decisiones adecuadas: focalizar geográficamente e identificar a las familias en extrema vulnerabilidad de inseguridad alimentaria y/o con niñez desnutrida aguda para generar planes de respuesta inmediata para atender sus necesidades.
7) Con el ciclo escolar 2024, debe regresar la entrega de alimentación escolar preparada en los establecimientos y asegurar que la ley se cumpla en cuanto a la compra de por lo menos el 50 % de insumos a los productores locales. En la actualidad, la esencia del programa de alimentación escolar se ha perdido por la entrega de alimentos en bolsa, por ello, las redes de proveedores departamentales-municipales dejaron sin posibilidad de participar en el proceso a los pequeños productores.
El programa «Acompáñame a Crecer» se ejecuta desde el MINEDUC y atiende con educación inicial y alimentación a la niñez de 0 a 4 años, tiene una enorme potencialidad para ser el centro de seguimiento de la entrega de programas sociales desde la primera infancia. Se recomienda su fortalecimiento presupuestario, monitoreo y evaluación para graduar a la niñez del programa libre de desnutrición.
8) Las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSANE) deberán realizar diagnósticos rápidos de situación de seguridad alimentaria. En la actualidad se cuentan con herramientas que pueden determinar la situación de los hogares de forma inmediata y que pueden mostrar el avance y la situación en tiempo real. Esto será esencial para identificar y priorizar a las familias en inseguridad alimentaria moderada o severa para la entrega inmediata de asistencia alimentaria. Además, ampliar al mandato que deben tener las municipalidades fortaleciendo los COMUSANES para atender la problemática. Asignar fondos municipales.
9) En las plataformas de transparencia del gasto del Ministerio de Finanzas y SESAN, publicar los clasificadores del gasto del Plan de Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de la ventana de los mil días a nivel departamental y municipal como una forma de rendición de cuentas. Servirá de insumo para la toma de decisiones en las comisiones de seguridad alimentaria locales y de auditoria para las organizaciones de sociedad civil.
10) La SESAN deberá revaluar la proyección de la Clasificación de Inseguridad Alimentaria en Fases (CIF) para el primer semestre 2024 dada la acumulación de vulnerabilidad principalmente en los territorios que corresponden Alta Verapaz y Franja Transversal del Norte de Guatemala, o replicar el ejercicio en esas zonas.
La situación de desnutrición e inseguridad alimentaria en Guatemala es alarmante y requiere acciones urgentes. Por ello, se motiva a priorizar lo relacionado contra el hambre, establecer diálogos y ejecución en conjunto a sector privado, sociedad civil y cooperación internacional. Generar cohesión integral para mitigar la crisis, recuperar y transformar los entornos que provocan la vulnerabilidad social al hambre de millones de personas.
A mis estudiantes siempre les menciono que la importancia de abordar la problemática del hambre y desnutrición en Guatemala debe ser reconocida por todas las personas, ya que, de no hacerlo, tarde o temprano, sus efectos se manifestarán de otras maneras, como la violencia, la ingobernabilidad o crisis social, y afectarán directamente a cada uno de nosotros. Es crucial que todos asumamos la responsabilidad de contribuir a la solución de este problema para evitar mayores consecuencias negativas en el futuro, estamos a tiempo, tengo fe y confianza que el próximo gobierno iniciará este cambio tan anhelado y esperado por todos.
Fe de errata:
El titular de este artículo de opinión fue modificado el 3 de enero de 2024 a las 14:51 horas. En su versión original se leía «Reducir la desnutrición crónica al 10 % es un sueño inalcanzable para el próximo gobierno».
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