El delito por el cual Bonilla Archila busca ser juzgada está relacionado con el homicidio cometido bajo un estado de emoción intensa, como el miedo, el enojo, la sorpresa o la pasión. Al parecer, estos estados emocionales «justifican» que la persona no pueda reflexionar adecuadamente sobre sus acciones, lo que, en consecuencia, lleva a que este tipo de homicidio reciba una pena menor, aunque implique arrebatarle la vida a otro ser humano.
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Guatemala tipifica en su Código Penal el homicidio cometido en estado de emoción violenta en su artículo 124, y especifica que «Quien matare en estado de emoción violenta se le impondrá prisión de dos a ocho años». Al ser juzgada por ese delito, María Fernanda Bonilla Archila busca ser beneficiada, pues si se le juzgara como «asesinato» el artículo 132 establece que «se le impondrá prisión de 25 a 50 años» con posibilidad de pena de muerte según se considere las circunstancias del hecho; sin embargo, «a quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa».
Más de tres años han pasado desde el delito cometido, y la victimaria expresa ante los medios claramente «mi delito no es asesinato, es homicidio en estado de emoción violenta».
¿Quién es María Fernanda Bonilla Archila? ¿Quién o quiénes están detrás de ella apoyando la dilatación del caso?
Ante las constantes luchas de poder en los espacios políticos y las instituciones de gobierno, este caso no es ajeno a esos procesos que lamentablemente empañan al sector justicia del país.
Para que este caso no sea un dato más en las estadísticas de la impunidad, y que en las próximas elecciones no se sume una nueva privada de libertad con alta cuota de poder en el escenario político, debemos mantenernos alertas a las múltiples situaciones que nos aquejan como ciudadanos. Esto, claramente implica monitorear el quehacer de la justicia, de los partidos políticos y de quienes ostentan y buscan ejercer el poder a través de las instituciones de gobierno en Guatemala.
Debemos estar vigilantes para garantizar una justicia independiente y con certeza jurídica. Lo merecemos.
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