Solo el pueblo salva al pueblo

Con esta acción el Congreso de la República abonó a la creciente antipatía social pues, salvo la actual jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras Argueta, no hay cargo más repudiado que el de congresista. Vale recordar que si algo ha conservado la memoria de la sociedad es, precisamente, el caudal de corruptelas, maniobras y componendas de las que se valen desde su curul quienes tienen la responsabilidad de legislar.

Desde el pago de comida y presupuestos onerosos en reuniones no justificadas, hasta costearles el estacionamiento de vehículos convertidos en moteles, son algunos de los gastos abusivos de diputados y diputadas. A cuenta del presupuesto, las y los mal llamados representantes del pueblo, pagan con nuestros impuestos el combustible, los teléfonos celulares, así como las asesorías infuncionales, entre otros rubros superfluos.

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En teoría reciben estos ingresos para cumplir con su obligación de legislar y fiscalizar. Sin embargo, desde hace varias legislaturas, el Congreso de Guatemala está muy lejos de cumplir con su función. Al extremo de que ha habido años en que ni siquiera son capaces de aprobar la ley del presupuesto. Menos aún, conocer iniciativas encaminadas a resolver los más graves problemas que enfrenta la población, en particular aquella que se ubica en los distritos mayoritariamente rurales.

El listado geográfico de obras, más que un catálogo para promover el desarrollo y la mejora de servicios, es un cajero al cual meterle mano para sacar provecho. Es un secreto a voces que Allan Rodríguez engordó su patrimonio a costa de su curul y de las tranzas que ejecutó desde esta.

Y en lo que concierne a la fiscalización, lejos de ser una herramienta para garantizar el buen desempeño del gobierno y las entidades estatales, solo se utiliza para montar espectáculos ridículos. Escenas de gritos, malas caras y berrinches, son la máscara que esgrimen desde la investidura legislativa sin que su accionar deje frutos concretos. No saben fiscalizar porque, quienes hoy visten de congresistas y en algún momento ocuparon ministerios, secretarías o dependencias de gobierno, no tienen intención de servir, sino de servirse.

Eso lo tiene claro la ciudadanía y pese al alto grado de rechazo social, las y los diputados siguieron abonando al descontento ciudadano. Primero con el acuerdo de subirse el sueldo arbitrariamente y ningunear la posibilidad de mejora de los ingresos de la población. Segundo, al negarse a recibir a las autoridades ancestrales que llegaron a demandarles anular el aumento abusivo de sus ingresos. Con ello acrecentaron el descontento social a sus acciones.

Esa presión digna desde el liderazgo de las autoridades ancestrales condujo al Legislativo a retroceder en su ambición. La presencia y fuerza social desde los pueblos indígenas, así como la recaudación de firmas contra el aumento, han sido el factor decisivo para la rectificación legislativa. El Congreso no ha hecho concesión alguna pues solo el pueblo salva al pueblo. Toca ahora que devuelvan el dinero malamente devengado y trabajen en acciones legislativas de fondo como las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, entre otras.