La obra citada, La oda del viejo marinero, remarca lo paradójico que resulta estar rodeado de agua y, a pesar de ello, no poder beberla. Relata las experiencias de un grupo de marineros perdidos en el mar tras haber matado al albatros que hasta ese momento había estado acompañándolos en el viaje y que, sin el conocimiento de ellos, estaba trayéndoles buena fortuna. Este acto fue una muestra de arrogancia por parte del marinero, que se sentía superior a la naturaleza y a los elementos, en la creencia errónea de que él era capaz de forjar solo su propio destino. Esta falta de respeto por la madre naturaleza los llevó a la perdición, ya que el albatros no estaba para guiarlos en su viaje. El error lo pagó toda la tripulación, cuyos integrantes uno por uno murieron de sed.
En Guatemala no existe una ley que regule específicamente el recurso hídrico, pese a lo que dispone el artículo 127 de la Constitución: «Todas la aguas son bienes de dominio público […] su […] uso y goce se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia». Más de dos décadas después de entrar en vigor la Constitución, en lugar de una ley que regule el manejo del agua existe una gran conflictividad social a causa de la falta de acceso a este recurso por parte de una gran cantidad de guatemaltecos y guatemaltecas. Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, al menos el 40 % de los recursos hídricos están contaminados. Según el Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna) de la Universidad Rafael Landívar, más del 40 % de los hogares en áreas rurales no tienen acceso directo a agua potable (Perfil ambiental de Guatemala 2010-2012, Iarna, página 131).
Pero estas cifras no llegan a ser ni la punta del iceberg del problema del uso y abuso del agua en Guatemala. Tampoco reflejan adecuadamente las pésimas condiciones en que se encuentran muchas comunidades rurales en cuanto al acceso a este recurso. Representantes de estas comunidades, junto con organizaciones de la sociedad civil, están realizando en estos momentos una marcha masiva y pacífica para visibilizar y denunciar la complicidad del Estado y de las empresas en actividades violatorias de derechos humanos específicamente relacionados con el uso del agua. Denuncian, por ejemplo, la contaminación descontrolada de aguas por parte de empresas agroindustriales, especialmente las de caña de azúcar y palma, y la práctica común por parte de algunas de ellas de desviar ríos para alimentar sus plantaciones o generar energía, en detrimento de las comunidades que viven de esa agua. Y encima, la criminalización de las defensoras y los defensores que se oponen a estas prácticas.
Según un estudio de 2014 de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), «el neoliberalismo ha reducido los aspectos de acción del Estado y ha […] estimulado la privatización de los servicios de agua [… lo cual] actúa en contra de los niveles de vida de la población» (El acceso al agua potable como un derecho humano en Guatemala, PDH). El neoliberalismo se fundamenta en un mercado libre de regulación estatal, lo que resulta en una carrera hasta el fin por reducir costos de producción, a cualquier costo, para maximizar ganancias: la ganancia económica se convierte en el altar en el cual se sacrifican derechos laborales, la sostenibilidad y medidas para mitigar el efecto de actividades económicas en el medio ambiente.
La propuesta de ley 3702, Ley para el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos hídricos, duerme el sueño de los justos, ya que no existe la voluntad política para aprobarla en el Congreso. La ley crearía 12 «autoridades de cuencas» semiautónomas, que tendrían equipos técnicos para evaluar solicitudes de licencias para el aprovechamiento del agua dentro de su jurisdicción y hacer cumplir la legislación ambiental. ¿Será que hay resistencia por parte de ciertos sectores a una ley que pondría fin a un uso totalmente discrecional de las fuentes hídricas?
Dicho esto, el uso del agua no es una cuestión de leyes: es una cuestión de sostenibilidad de la vida humana, de supervivencia. A diferencia del cuento del marinero malvado, sí hay quienes pueden impedir la matanza del albatros: están marchando y manifestando ahora en todo el país. Mejor les hacemos caso antes de que todos y todas nos encontremos de pronto sin una sola gota de agua para beber.
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