Pese a contar con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los criminales encontraron la vía para ejecutar un ataque mortal contra la defensora de derechos humanos.
Berta Cáceres era y, pese a su asesinato, sigue siendo una reconocida defensora del derecho al ambiente sano y al territorio. Era una fiel representante de la cultura lenca, asentada en el entorno de Intibucá, Honduras. Dos meses después, las autoridades hondureñas informaron de varias capturas, incluida la de dos personas vinculadas a la entidad Desarrollos Energéticos, S. A. (DESA), la compañía hondureña que construía la represa Agua Zarca, a la que el Copinh y Berta Cáceres se oponían. Uno es un ingeniero, en tanto que el otro, Douglas Geovanny Bustillo, es un militar retirado responsable de la seguridad de DESA. Los otros dos capturados son Mariano Díaz Chávez y Edison Atilio Duarte Mesa, un exmilitar y un integrante de las fuerzas armadas aún en funciones, respectivamente.
La oposición de la dirigente y de su organización nació precisamente de la violación de la obligación de consulta a las comunidades, así como del otorgamiento irregular de las licencias de operación. Situaciones similares se producen en Guatemala, por las cuales los liderazgos de pueblos originarios han enfrentado persecución y cárcel, en unos casos, y represión de las unidades de seguridad de las empresas, en otros.
Desde que se supo del asesinato de Berta, la familia de la dirigente ha promovido la búsqueda de justicia por el crimen. Sin embargo, las autoridades hondureñas han actuado al margen de la familia, que ha sido aislada de las investigaciones. En una publicación de la organización Front Line Defenders, la familia de Berta señala: «Fuimos excluidos del proceso de investigación desde el inicio, de modo que no podemos afirmar que los arrestos recientes sean resultado de una investigación adecuada y detallada ni si entre los arrestados se hallan también los autores intelectuales del crimen […] Nos sentimos desilusionados porque no se nos dio ninguna participación en la investigación conducida por el procurador público. No escuchó nuestras voces».
Se trata de un nuevo acto de sordera institucional, similar a la que se mantuvo a pesar de las denuncias por las más de 33 amenazas de muerte que recibió Berta por realizar su trabajo de defensora. Sordera que se extendió a la inacción a pesar de las medidas requeridas por la CIDH. Una situación que enfrentan no pocos defensores de derechos humanos en Honduras.
La tierra de Lempira, defendida por las organizaciones de protección del ambiente y del territorio, ha sido regada con la sangre de decenas de defensoras y defensores víctimas de asesinato. Las calles de las ciudades y los poblados de Honduras han visto el dolor reflejado en los rostros de las familias de las defensoras y los defensores que han perecido a manos de grupos que operan con total impunidad y con la obvia aquiescencia de las autoridades.
Nuestro reclamo ante la justicia para que se esclarezca plenamente el asesinato de Berta Cáceres es también poner el dedo en la llaga y no quitarlo para reclamar justicia para todos los defensores de derechos humanos en Honduras. Para exigir que el Estado hondureño cumpla con las recomendaciones de las instancias internacionales y respete los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La estructura de impunidad y crimen liderada por las fuerzas armadas hondureñas y empoderada desde el golpe de Estado de 2010 debe ser desmantelada. Las voces de quienes defendemos la vida habrán de ser un coro que reclame justicia por Berta, por las defensoras y los defensores en Honduras. Porque la defensa de la vida no debe costarle a nadie la vida.
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