Es una buena noticia no precisamente porque Zelaya sea un líder estadista, con una visión de futuro envidiable y un récord limpio a su paso por el gobierno (2006-2009), pero sí es una victoria, aunque en extremo tardía, para las fuerzas democráticas en América Latina y adentro de Honduras. Fuerzas democráticas que perdieron el pulso inicial de un semestre de 2009 con el golpismo personificado en Roberto Micheletti, pero que mantuvieron la presión financiera y política durante casi dos años hasta forzar a los conservadores moderados hondureños a aceptar el Acuerdo de Cartagena y firmar el compromiso de una profunda reforma al sistema político.
El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 hizo añicos el precario sistema democrático hondureño, con todas las herencias decimonónicas de un bipartidismo obsoleto entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, dos matices de un mismo régimen político a todas luces insuficiente para las demandas del país centroamericano, uno de los dos países más pobres, violentos y más débiles del continente.
El Golpe tuvo muchos efectos nocivos, como la quiebra del país en lo fiscal, lo económico y la gobernabilidad política, extremo que reconocen incluso los conservadores que simpatizaron con el Golpe. Pero el rompimiento constitucional también envalentonó a las fuerzas radicales de derecha del Istmo, que vieron como “sobrevivía” una dictadura de un semestre al aislamiento internacional.
Sobrevivencia marcada por la caída profunda de las inversiones privadas y públicas, nacionales y extranjeras, por la corrupción, la violación sistemática de los derechos humanos, los asesinatos políticos, las puertas abiertas para el crimen organizado y la captura de rentas para beneficiar a los empresarios que “invirtieron y sostuvieron” al régimen durante el Golpe.
La presión internacional desde Suramérica se dirigió a bloquear los fondos de cooperación y financiamiento internacional desde instancias continentales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos o el Banco Mundial, lo cual estaba asfixiando fiscalmente al gobierno de Lobo, incapaz de aprobar una reforma fiscal integral.
Gracias a la mediación colombo-venezolana, con el apoyo de Brasil y Estados Unidos desde fuera, y gracias al trabajo arduo del presidente Porfirio Lobo y a la resistencia firme del Frente Nacional de Resistencia Popular desde dentro, se ha abierto una puerta al futuro con el Acuerdo de Cartagena, el regreso de Zelaya, la reincorporación de Honduras a la OEA y al SICA y la reapertura del financiamiento internacional, para que el país hermano salga de la crisis política de una vez por todas y reforme su sistema político.
En la resolución del conflicto es penosa la ausencia de países otrora líderes en el área: México y Guatemala, país con el que Honduras tiene estrechísimos lazos económicos y culturales. El futuro de Guatemala está íntimamente ligado al de Honduras. Su salud democrática, su salud económica, su salud de seguridad ciudadana, su salud para poder hacer frente al narcotráfico y al crimen organizado son determinantes. Y Honduras está varios pasos más encaminado al abismo en este sentido.
Es tan crucial para Guatemala defender que Alta Verapaz, Petén o los departamentos del Altiplano fronterizos con México caigan en manos de narcotraficantes como es apoyar a Honduras para que no sea un territorio liberado del crimen organizado, si no es que ya está muy cerca de serlo. Compartir la experiencia de la CICIG para crear una CICIHON cuanto antes es uno de los ejemplos.
La puerta que se abre con el Acuerdo de Cartagena dista aun de una solución definitiva a la crisis, pues todavía está por ver su aplicación, que recaerá en muchas ocasiones por los mismos que defendieron y legalizaron el Golpe de Estado.
No obstante estos nubarrones y la incertidumbre sobre el futuro inmediato, el Acuerdo de Cartagena es definitivamente un remezón en el tablero político hondureño, que abre la posibilidad para la reforma profunda del sistema democrático y la consolidación de Honduras.
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