Chortís en Zacapa: Cansados de pagar por las tierras que siempre fueron suyas
Chortís en Zacapa: Cansados de pagar por las tierras que siempre fueron suyas
Elodia Castillo Vásquez tenía 16 años cuando tomó la decisión de involucrarse en una lucha comunitaria por la propiedad de las tierras en el municipio La Unión, en Zacapa. Hoy tiene 34 años es la primera alcaldesa indígena chortí y representante legal de un conglomerado de 48 comunidades. Llevan 17 años pidiendo la propiedad de las tierras en las que vivieron sus ancestros y ahora ellos.
Hace 15 años, el gobierno municipal tocó las puertas de don Feliciano Escalante. Con una orden en mano, la alcaldía lo quiso desalojar del terreno de cuatro manzanas en las que vivía junto a su familia, en la aldea Campanario Oratorio. ¿La razón? No había pagado el «alquiler» de la tierra que siempre había habitado.
Decenas de familias chortís también ubicadas en el municipio de La Unión, Zacapa, recibieron la misma notificación. El alcalde de ese entonces, Daniel Sosa Casasola, electo por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), giró la orden de cobrar a las familias cuotas acumuladas por siete años en concepto de arrendamiento de las tierras, a cambio de renovar los contratos municipales que les permitieran continuar habitando esas propiedades.
A otras familias, en cambio, decidieron no renovarles el contrato y desalojarlos. Antes de eso, durante generaciones, las comunidades chortís habían vivido en tierras de propiedad municipal.
Elfa Marina Escalante es hija de don Feliciano y recuerda lo sucedido en nombre de su papá. Junto a él, otras siete personas que intentaron desalojar comenzaron a organizarse para aferrarse a esas tierras. Más tarde, el grupo se convirtió en una agrupación de comunidades dispuestas a agotar las opciones para obtener certeza jurídica sobre los territorios y no ser obligados a dejarlos.
«Mi papá luchó casi diez años pero se cansó. Me dijo: Seguí vos. Yo luché por él, yo defendí su parcela, sus cuatro manzanas de tierra. Está anciano, ya le cuesta caminar», relata Elfa Marina.
Después de muchos años, Feliciano Escalante ya tiene su título comunal. Ahora, su hija tomó la batuta de su padre y, como alcaldesa indígena de la comunidad Campanario Oratorio, lidera un esfuerzo por lograr que todas las familias chortís sean reconocidas ante el Registro de la Propiedad como legítimos propietarios de las tierras en las que han vivido por años.
«Nos quisieron convertir en arrendatarios de nuestras tierras»
Fue a principios del siglo XIX cuando sobre el territorio chortí se implantó un régimen municipal. Es decir, que las tierras que siempre habían pertenecido a las comunidades indígenas fueron consideradas al mismo tiempo como terrenos municipales. Así lo relata un estudio realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) que profundiza en el sistema de tierras comunales en la zona chortí.
En ese contexto, se impuso el cobro del derecho sobre el uso de la tierra por manzana. El trato era este: una persona pagaba de tres a cinco quetzales anuales por manzana utilizada, mientras el título de propiedad quedaba en poder de la municipalidad. Hasta la fecha, a este cobro se le conoce como «manzanaje».
«Aunque este sistema continúa vigente en algunos lugares», se lee en el estudio, «prácticamente se ha dejado de cobrar, porque ahora los municipios cuentan con fondos más atractivos asignados constitucionalmente… Por lo tanto, el cobro del manzanaje ya no es una prioridad para las municipalidades, y paulatinamente ha entrado en desuso, pero las tierras han quedado por tradición en manos de quienes las arrendaban»
Sin embargo, para las comunidades de La Unión, es un régimen que persiste y se ha vuelto un problema latente.
Según los datos de la municipalidad de La Unión, el 90% de la tierra que conforma el municipio está concentrada en terrenos municipales, que son arrendados a la población del área rural. El porcentaje restante es territorio privado.
«Yo la veo como una forma de estafa porque cobran y no informan qué hacen con ese fondo y ya imaginamos cuánto paga cada familia por las tierras, pero nunca informan qué es lo que pasa con este dinero», dice Elodia Castillo, quien desde los 22 años fue nombrada alcaldesa indígena chortí.
Con el pretexto de ese arrendamiento (o manzanaje) fue que la familia de Elfa Marina estuvo a punto de ser desplazada. «Pero mi papá nunca fue desalojado porque él y otras personas a quienes también quisieron sacar se organizaron para luchar y ahora ya tenemos todo en manos de nosotros», aclara.
«Y ese fue el comienzo de nuestras luchas», dice Saúl Pérez, alcalde indígena de la comunidad Tres Marías, ubicada al sur del mismo municipio. Llegó el día, relata, en que todos se cansaron de pagar por unas tierras que siempre han sentido suyas.
Pérez cuestiona este cobro, cuando es conocida la situación de pobreza extrema en la que viven muchas de las familias. En Tres Marías, cuenta el líder comunitario, durante la pandemia muchas personas no pudieron cosechar lo esperado, muchos sobrevivieron apenas a base de maíz y algunos otros granos básicos.
El manzanaje debía quedar anulado
El gobierno municipal que sucedió a Sosa Casasola optó por realizar una negociación con representantes de las comunidades chortís, para reconocer los derechos históricos de las Comunidades Indígenas de ascendencia Maya Ch’orti’ en La Unión, Zacapa.
En 2009, mediante un acuerdo municipal, reconocieron legalmente a un primer grupo de comunidades, todas del municipio de la Unión, Zacapa, como comunidades indígenas de ascendencia Maya Ch’orti’.
Un año después, la municipalidad decidió entregarles los títulos comunales sobre las tierras. En ese período, además de los títulos, lograron ser reconocidas como comunidades indígenas (algo que las autoridades municipales anteriores cuestionaban), inscribir a los alcaldes y alcaldesas indígenas como autoridades legítimas; y conformar consejos de administración de tierras con potestad para decidir sobre el territorio.
Elodia explica que a partir de ese reconocimiento, el contrato de manzanaje quedó sin validez. O al menos, así debería ser. Sin embargo, la Municipalidad continúa realizando los cobros en comunidades como la de Elfa Marina.
También fue significativo ser reconocidos como comunidades chortís, pues incluso su identidad indígena había sido puesta en duda por las autoridades municipales.
«Siempre han dicho que en las comunidades no hay indígenas, que los mayas existieron pero que ya no hay. O que si uno no usa el traje o no hablamos el idioma materno, no somos indígenas. Nosotros siempre hemos dicho que nos despojaron de nuestras vestimentas, nuestro idioma y nuestros territorios», dice Elodia.
Además de la inconformidad por el cobro de arrendamiento, otro detonante que motivó la organización comunitaria fue la intención de varias empresas mineras para asentarse en el territorio chortí.
En el municipio de Chiquimula hubo un intento por aprobar dos licencias de exploración minera. Los proyectos llevarían por nombre: La Unión, La Unión I y La Unión II, y estarían ubicados en La Unión, Zacapa y en Camotán. En el proceso de concesión, explica Rodimiro Lantán, coordinador de COMUNDICH, se incluía a la montaña del Merendón, que es donde convergen los principales recursos hídricos y que abastecen de agua a gran parte de Camotán, Gualán y otras partes de Zacapa. Esos dos momentos influyeron en un primer levantamiento.
Como resultado, los proyectos mineros no se concretaron.
Criminalización y muertes en el proceso
En su último informe, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) manifestó su preocupación por la constante criminalización a personas individuales y organizaciones de comunidades. Los ataques se manifiestan en desalojos forzados, cortes de electricidad y una elevada cifra de casos de criminalización dentro de una misma comunidad.
Algunos ataques, por ejemplo, han sido dirigidos a miembros del Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA) en Alta Verapaz; el Comité de Unidad Campesina (CUC) en la Costa Sur, Alta Verapaz e Izabal; el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y COMUNDICH en Zacapa y Chiquimula.
Entre las agresiones denunciadas por las comunidades chortís figuran desde campañas de desprestigio y amenazas, hasta asesinatos a líderes comunitarios. Benigno Hernández, de 64 años, es parte de la comunidad Esquipulitas. Se desempeña como rezador y relata que tuvo que salir de su casa y pedir refugio con autoridades de la PDH ante la constante persecución a líderes comunitarios.
En septiembre de 2007, las comunidades denunciaron el asesinato de Fidelino López y Emilio García, dos integrantes involucrados en la lucha por los territorios. Con el paso del tiempo, las muertes han ido en aumento.
«Llevamos diez muertos en nuestra lista, diez compañeros asesinados, casi uno por año porque persiguen a los que luchamos por nuestros derechos, el derecho a la vida, a la tierra, a la alimentación, nos persiguen y nos matan», dice Rodimiro Lantán.
En 2007, mientras Elodia Castillo, como defensora de derechos de pueblos indígenas, estaba en Costa Rica y participaba en un encuentro sobre minería, su hermana Mariana Castillo fue asesinada por un grupo de personas armadas en La Unión, cuando volvía a la comunidad.
«Yo sé que me buscaban a mí porque querían hacerme daño para que el movimiento no siguiera y cuando regresé me encontré con esa noticia. Esa es una de las grandes amenazas a las que me he tenido que enfrentar», recuerda.
Desde entonces, Elodia evita salir sola. Y si lo hace, tiene que avisarle a alguien más.
A pesar de eso, son ellos como organización comunitaria los que han sido señalados como violentos, guerrilleros, bochincheros e incluso comunistas. «Es una forma de señalarnos como grupos clandestinos, comparando lo ocurrido durante el conflicto armado», opina Benigno.
«Nosotros lo que hemos hecho es ir a la municipalidad, exigir que nos atiendan, nunca intentamos hacer algo con violencia», insiste Elfa Marina.
Elodia, por su parte, hace un esfuerzo por justificar esos calificativos. Recuerda que en el año 2007, las comunidades se presentaron a manifestar al palacio municipal. Sin embargo, el alcalde Daniel Sosa les cerró las puertas al verlos llegar. «Nos preguntamos qué hacemos, pues vamos a pintar la municipalidad. Nunca en la historia se había hecho eso y ese fue el gran error y delito criminal que nosotros cometimos como comunidades. Y ese es un edificio público entonces por qué se enoja el alcalde si eso pasó por su misma responsabilidad», cuestiona.
Pintar las paredes de la municipalidad habría sido motivo suficiente para que sean señalados como grupos violentos y sean blanco constante de amenazas y ataques.
Historia de pobreza y despojo
Según los registros municipales, más de la mitad de la población en La Unión vive en condiciones de pobreza y el ingreso familiar anual promedio asciende a 6,500 quetzales. La municipalidad atribuye esos niveles de pobreza a que no existe inversión suficiente del estado e iniciativa privada en el municipio. El resultado es que existen pocas fuentes de ingreso para las familias.
A nivel departamental, Zacapa ocupa el tercer lugar a nivel nacional por su tasa de desnutrición aguda en niños menores de 5 años. Para Elodia Castillo, tanto la pobreza como la inseguridad alimentaria son producto de un despojo histórico que ha dejado a las poblaciones indígenas sin tierras.
O, en palabras de Rodimiro Lantán, «no nos estamos muriendo de hambre, nos están matando de hambre, que es distinto».
«Hemos demostrado que teniendo el derecho de la tierra y los medios, nosotros producimos nuestros propios alimentos. Así fue en tiempos de pandemia, que en vez de quedarnos en nuestra casa, como dice el gobierno, fue cuando más trabajamos. Nos ganamos nuestros alimentos», agrega.
Y es que de la totalidad de tierras existentes en el municipio, el 24% lo conforma un bosque tipo nuboso, conocido por ser una de las principales fuentes de agua.
Según Lantán, mucha de la precariedad que persigue a las comunidades está relacionada a la privación del acceso a tierras y al agua que en ellas se produce. Si tenemos tierra y tenemos agua, no nos podemos morir de hambre, asegura.
Por ahora, las comunidades Barrio La Colonia, Campanario Avanzada, Campanario Oratorio, Campanario Progreso, Capucal Chaguitón, Corozal Arriba, Esquipulitas, Tasharté y Tres Marías han emprendido una serie de recursos legales para que la Municipalidad de La Unión culmine el proceso para otorgarles certeza legal sobre las tierras y los inscriba en el Registro de la Propiedad.
En un vaivén de recursos y apelaciones que se ha prolongado por años, las autoridades municipales se rehúsan a realizar el registro, argumentando que no es potestad de la municipalidad ejecutar ese procedimiento.
Desde hace un año, las comunidades han promovido acciones contra el Registro de la Propiedad por 294 inscripciones de fincas sobre un territorio que pertenece a la población chortí pero que fue adjudicada a otros propietarios. Específicamente, finqueros de la región. Entre sus argumentos, mencionan el título tramitado por sus ancestros chortís en abril de 1887, en el cual a las comunidades indígenas se les reconoció como legítimos posesionarios.
«Se ha creado una realidad jurídica en papel creando derechos de propiedad inexistentes, afectando con ello a cientos de familias que histórica y ancestralmente han poseído la tierra», expusieron en una acción presentada ante la CC para apelar la resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, que decidió suspender en definitiva el trámite del amparo interpuesto contra el registrador de la propiedad.
La decisión de la CC fue a favor de las organizaciones.
Alcalde: No puedo hacer registros sobre otros registros
Ante la situación, la postura de Gustavo Galván, actual alcalde municipal, es que no hay posibilidad de registrar las fincas a nombre de las comunidades.
«Lo que se les reconoció en la gestión de 2008 fue como comunidades indígenas pero en ningún momento se les está dando el derecho de la posesión de la tierra. Para que eso pase, lo veo en chino porque ya hay propiedades registradas en esas tierras y no se puede registrar una sobre otra», indica.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la posesión tradicional de los territorios ancestrales «tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio emitido por el Estado, y otorga a los pueblos indígenas y tribales el derecho al reconocimiento oficial de su propiedad y su registro». También sostienen que «como producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial y el consiguiente registro».
Hasta ahora, las comunidades citan con orgullo una de las sentencias históricas logradas a inicios de este año, mediante la cual lograron restituir las tierras de la población chortí en uno de los municipios vecinos, en Chiquimula.
El 11 de junio de 2020 la Corte de Constitucionalidad ordenó al Registro de la Propiedad cancelar los registros de 21 fincas desmembradas en el territorio donde está asentada la comunidad indígena de Morola, en el municipio de Camotán. Con esa sentencia reafirmó el derecho que tienen las comunidades indígenas para decidir sobre esas tierras. Para la comunidad chortí en Zacapa, este caso es emblemático e histórico.
Con suerte, anhela Lantán, servirá como precedente para que algún día las comunidades de La Unión puedan ver sus nombres en el registro de las tierras sobre las que han vivido ellos y sus antecesores.
En una asamblea de autoridades ancestrales, celebrada en la alcaldía indígena de la comunidad Esquipulitas la última mañana de octubre, Rodimiro Lantán tomó la palabra para recordar los años durante los cuales, las comunidades chortís han caminado para conseguir la propiedad de sus tierras y trabajarlas sin temor a ser despojados. Todo eso, en medio de amenazas, negativas y ataques constantes.
«Nos dicen que queremos quitarles sus tierras a los finqueros» -y acá Rodimiro hace una pausa- «... Si esas tierras siempre han sido nuestras, estamos quitando las tierras con la ley en la mano. Ninguna letra que se haya escrito durante esos 17 años está fuera de la ley, ni un solo punto, hemos sido cabales con la ley terrenal y con la celestial».
A su alrededor, las comadronas, rezadores, guías espirituales, curanderos y líderes indígenas convocados, asentían con el rostro. Varios de ellos, recuerdan el trayecto desde el día en que empezó todo hasta la fecha.
Hoy Miriam Esperanza, la niña de 8 años que acompañaba a Elfa Marina, su mamá, a las primeras reuniones comunales para evitar los desalojos de la municipalidad, pronto cumplirá los 25 años.
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