Sucede que iniciamos esta aventura entre 2013 y 2014 sin ningún conocimiento profesional de cómo hacerlo. Jamás imaginamos que al iniciar un club de lectura terminaríamos dirigiendo un centro comunitario. Sin embargo, las innumerables necesidades de los niños y las niñas de comunidades rurales que viven en pobreza extrema nos hicieron ir ampliando la cobertura hacia otros campos como la alimentación. Sabíamos de la necesidad de una línea basal para empezar, pero no teníamos ni el conocimiento ni los recursos necesarios para hacerlo.
Fue durante la entrega de útiles escolares de enero de 2017 cuando convocamos voluntarios para levantar una base de datos completa, con asesoría de una ingeniera en sistemas y de un economista. Elaborar las preguntas de una especie de censo con pertinencia cultural nos llenó de orgullo. Saber que tendríamos datos fieles para calcular el impacto de nuestro trabajo voluntario, más aún. Llevamos tres años cosechando datos fieles y cotejándolos con documentos del Renap.
Este año, ante la necesidad de implementar programas de emergencia, fuimos consultados por entidades oficiales sobre los listados de las personas más vulnerables. Dentro de todas las personas que viven en pobreza extrema, debíamos listar a aquellas con mayor vulnerabilidad y a quienes debe dárseles prioridad si pensamos en asistir al más necesitado: adultos de la tercera edad, personas con discapacidad, madres solteras o viudas, ancianos a cargo de sus nietos, etc.
Nuestro listado, actualizado hacía tres meses, nos arrojaba que, de más de 1,200 personas registradas, al menos la mitad de las familias podrían ser respaldadas con alimentos de parte de los programas gubernamentales. Al tomarme personalmente la tarea de confirmar los datos antes de entregarlos —para no listar a algún fallecido, por ejemplo—, me encontré con la sorpresa de que muchas de estas personas no tenían el mismo número telefónico. Al ir a visitarlas, vimos que no residen en la misma dirección. Pude entregar un listado confirmado de 37 personas.
[frasepzp1]
Una consultora, licenciada en trabajo social que está asesorándonos, apuntaba que este tipo de registros deben ser actualizados al menos cada seis meses. Esta experiencia me deja claro que la vulnerabilidad de los beneficiarios se refiere a que en unas semanas pueden cambiar sus condiciones de vida (casa, empleo, servicios básicos). Para trabajar certeramente se debe considerar una manera efectiva de generar una actualización constante de datos.
Esta semana, la organización Diálogos publicó su primer informe sobre su monitoreo de la ejecución de los programas de emergencia del Gobierno, el cual arrojó interesantes datos que todos, en un ejercicio de responsabilidad ciudadana, deberíamos conocer. Además de que ya sabemos que en Guatemala los programas sociales desalientan la participación de los más vulnerables, existen otros hallazgos.
Por ejemplo, el programa de Alimentación Escolar, a pesar de estar ejecutándose entre un 58.7 y un 76.5 % del presupuesto total (Q4 diarios para cada niño o niña), no ha tenido una distribución uniforme en todo el país, extremo que pone en riesgo a las poblaciones más vulnerables del Corredor Seco. Estos fondos son ejecutados por transferencias administradas por el consejo de padres de cada centro escolar. En Purulhá, por ejemplo, con ejecución del 75 %, se han entregado víveres en cuatro ocasiones para cubrir lo correspondiente a 10, 14, 15 y 21 días.
En otros programas, como el Bono Familia, se excluye de la cobertura a 53 de los 88 municipios con mayor índice de pobreza a nivel nacional. En el MAGA existen programas y fondos sin ejecutar. Por la emergencia sanitaria se autorizaron préstamos millonarios y ampliaciones presupuestarias para mitigar los efectos de la inseguridad alimentaria que la crisis mundial podría provocar y no se prioriza la dotación de alimentos, de modo que se deja desprotegida a la población más vulnerable.
Como ciudadana, es mi responsabilidad conocer los desatinos recurrentes en los programas sociales y exigir que sean solucionados. Urge que un grupo multidisciplinario regule la creación de un listado único de beneficiaros, cuyo marco normativo establezca claramente a qué sector de la población están dirigidos y tenga procedimientos internos rigurosos para delimitar los criterios de selección por ejecutar, de manera que así se elimine la discrecionalidad del funcionario público.
Más de este autor